Myanmar: el Tribunal de la Junta militar condena a Suu Kyi a cinco años de prisión por corrupción

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La exlíder de Myanmar recibió una nueva sentencia luego de que los magistrados, impuestos por los militares que arrebataron el poder en febrero de 2021, dieran el veredicto del primero de los 11 cargos por corrupción que caen sobre la depuesta Premio Nobel. Anteriormente, había sido castigada por quebrantar leyes anticovid y de espionaje. Esta vez le achacan haber recibido 600.000 dólares y once kilos de oro. “Destruir la democracia significa deshacerse de Suu Kyi”, denunció Human Rights Watch.

Este miércoles un nuevo revés judicial impactó la figura de Aung San Suu Kyi después de que un tribunal, conformado desde la llegada de los militares al poder, la condenara a cinco años de prisión en un juicio cerrado al que la acusada concurrió como todas las audiencias anteriores.

En esta ocasión, a la depuesta líder de Myanmar se le achaca haber aceptado un soborno en 2017 de 600.000 dólares y once kilos de oro (siete lingotes) por parte de Phyo Min Thein, exministro en jefe de Yangon, quien declaró en su contra.

Es la primera sentencia de los once cargos de corrupción y, en total, acumula 18 juicios que podrían sumar 180 años de prisión efectiva. "Ella permanece bajo arresto domiciliario. No sé si pidió apelar", dijo el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, a AFP.

Expulsada del Gobierno en 2021 luego de haber ganado las elecciones meses atrás y recluida en un lugar desconocido, Suu Kyi negó las declaraciones de su exfuncionario y las calificó como “absurdas”.

En Naipyidó, la corte se expidió en una sesión sin acceso a los medios de comunicación, diplomáticos, espectadores y donde la información provino de un funcionario legal no identificado. Además, los abogados defensores tienen prohibido su diálogo con la prensa por una orden del Gobierno militar.

A sus 76 años, la ganadora del Premio Nobel de la Paz ya acarrea seis años de cárcel por juicios paralelos que la dictaminaron culpable de poseer walkie-talkies y otros elementos de telecomunicaciones de manera irregular, quebrantar las medidas anticovid en marchas de protesta y sedición.

Los demás casos de corrupción están siendo juzgados bajo la Ley anticorrupción y algunos comprenden la compra y alquiler de un helicóptero por parte de uno de los ministros de su gabinete, el desvío de dinero para donaciones caritativas para construir una residencia y abusar de su posición para conseguir propiedades a precios inferiores, entre otros.

Además, Suu Kyi también tiene un juicio iniciado en su contra por violar la Ley de Secretos Oficiales –una pena máxima de 14 años- y por fraude electoral –tres años-.

Phil Robertson, subdirector de la división de Asia de la ONG que aboga por los derechos humanos, afirmó que la motivación de los militares es intentar sacar del mapa político a la líder Aung San Suu Kyi, ganadora de las elecciones de 2015 y 2020.

Dijo que para “destruir la democracia birmana hay que deshacerse de ella” y que “por su avanzada edad es posible que termine sus días en prisión”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, mostró su preocupación a través de Twitter y pidió que se garanticen “los principios básicos de los derechos humanos y la justicia”.

Los militares se adjudicaron el poder luego de alegar que las elecciones conquistadas con una victoria aplastante por la Liga Nacional para la Democracia, partido de Suu Kyi, habían tenido graves irregularidades.

Posteriormente, se generó una revuelta civil que continúa y ya acumula 1.800 muertes, indicó la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. Además, alrededor de 13.000 han sido arrestadas, según indican distintas ONG locales.

Con EFE, AP y Reuters

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