Primer muerto en la represión militar tras el golpe en Birmania

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La represión de los militares birmanos contra los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado se cobró el viernes una primera víctima mortal, con el fallecimiento de una mujer por un disparo.

Mya Thwate Thwate Khaing recibió un balazo en la cabeza el 9 de febrero, en una manifestación contra el golpe de Estado en Naipyidó, la capital administrativa de Birmania.

Los enfrentamientos estallaron aquel día cuando las fuerzas de seguridad empezaron a lanzar balas de goma contra los manifestantes. Los médicos del hospital de la ciudad dijeron entonces a la AFP que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad por balas reales, una de ellas era la joven fallecida este viernes.

Buena parte del país se rebeló cuando la junta militar derrocó a la jefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero. Desde entonces la mantiene en arresto domiciliario.

La organización Amnistía Internacional llegó a la conclusión, tras analizar las imágenes a su disposición, que "la policía había apuntado de forma imprudente contra los manifestantes".

La hermana de la joven, Poh Poh, lanzó un emocionado llamamiento ante periodistas: "por favor, únanse al movimiento de protesta para que triunfe".

"Podrán abatir a una joven, pero no podrán robar la esperanza y la resolución de un pueblo determinado", escribió en Twitter el enviado especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews.

Los funerales por la joven muerta tendrán lugar el domingo.

Por su parte Estados Unidos llamó el viernes a la junta a renunciar a la violencia tras la muerte de la manifestante.

"Condenamos toda violencia contra el pueblo de Birmania y reiteramos nuestros llamamientos al ejército birmano para que no recurra a la violencia contra manifestantes pacíficos", dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

- Sanciones internacionales -

Las presiones se han multiplicado sobre los militares, que hasta ahora hacen oídos sordos frente a las múltiples condenas y sanciones internacionales.

Reino Unido, antigua potencia colonial, anunció el jueves que sancionaba a tres generales birmanos por "graves violaciones de derechos humanos".

Canadá, por su parte, sancionará a nueve responsables militares birmanos, y acusó a la junta de haber llevado a cabo "una acción sistemática de represión a través de medidas legislativas coercitivas y el uso de la fuerza".

El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, se ha convertido en un paria internacional tras los atropellos cometidos contra los musulmanes rohinyás en 2017.

La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que Washington bloquearía el acceso de los generales a un fondo de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos.

- Cortes de internet -

Pese a la dura represión, prosiguen los llamados a la desobediencia civil con numerosas manifestaciones y huelgas.

A primera hora del sábado, NetBlocks anunció "una sexta noche consecutiva de toque de queda en Internet", con el corte del servicio a la 01h00 am (1830 GMT del viernes). También informó que Wikipedia había sido bloqueada en todos los idiomas del país.

El viernes se congregaron centenares de personas en las grandes avenidas de Rangún, la mayor ciudad del país, con retratos de Aung San Suu Kyi, y pidiendo "libertad para nuestra líder".

En la remota región de Sagaing, los manifestantes desfilaron en la ciudad de Monywa, con tres dedos de la mano levantados, signo de rebelión.

La junta sigue deteniendo a aliados de la exjefa de gobierno, así como a funcionarios que participan en el movimiento de protesta.

La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Rangún, denunció más de 520 arrestos desde el golpe militar del 1 de febrero.

Los militares justifican su golpe alegando fraude en las elecciones legislativas de noviembre ganadas masivamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.

La Premio Nobel de la Paz, de 75 años, que no ha sido vista desde su arresto domiciliario, está acusada por motivos no políticos, como importar ilegalmente walkies-talkies y haber violado "la ley sobre la gestión de catástrofes naturales". Debe comparecer ante la justicia el 1 de marzo.

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