Micros, cámaras y GPS, la tecnología de la Guardia Civil para rastrear a los CDR

Agentes de la Guardia Civil acompañan a uno de los nueve detenidos durante el registro de un domicilio en Sabadell (Barcelona), dentro de la operación contra un grupo de independentistas vinculados con los Comités de Defensa de la República (CDR). EFE/Susanna Sáez/Archivo

Barcelona, 8 nov (EFE).- Micros y cámaras ocultos en domicilios y coches, inspecciones en las basuras, localizadores en vehículos, teléfonos intervenidos y seguimientos intensivos durante meses: así desarticuló la Guardia Civil la red de CDR acusada de preparar sabotajes con explosivos.

Hace más de un año que la Audiencia Nacional inició la investigación, bajo secreto de sumario, que el pasado mes de septiembre culminó con la detención de nueve presuntos miembros de los autodenominados Equipos Respuesta Táctica (ERT), grupo de CDR radicalizados que el juez sospecha empezaron a organizarse y a tramar sabotajes con explosivos como acciones de protesta.

Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe, la causa se abrió por los delitos de sedición y rebelión y en sus inicios se centró en la actividad de los cerca de 200 Comités de Defensa de la República (CDR), herederos de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) que se crearon antes del 1-O para garantizar la votación.

Ya en 2018, las conversaciones telefónicas intervenidas dieron pie a que se abriera una pieza separada por delitos de terrorismo, ante los indicios de que algunos miembros de los CDR habían empezado a experimentar con explosivos, para utilizarlos en ataques a infraestructuras clave que contribuyeran a la desestabilización política y económica, especialmente tras la sentencia del "procés".

Desde entonces, la Guardia Civil ha seguido los pasos de los CDR detenidos por terrorismo, en uno de los mayores despliegues de medios tecnológicos de investigación de los últimos años, con sistemas de grabación de vídeo y audio en viviendas y coches de los detenidos, instalados furtivamente con autorización judicial.

De hecho, desde las primeras pesquisas, la Guardia Civil advirtió de que era de "suma importancia" mantener una investigación "exhaustiva e ininterrumpida" sobre los sospechosos, por lo que el juez les autorizó a emplear dispositivos de localización y a instalar micros y cámaras en dos supuestos "laboratorios clandestinos" en Sant Fost de Campcentelles (Barcelona) y Sabadell (Barcelona) y en los vehículos particulares de los nueve CDR.

Con el fin de instalar esos dispositivos en los coches, el juez ordenó a las marcas de automóviles que entregaran a la Guardia Civil una copia de las llaves, para facilitar el acceso a los agentes sin levantar sospechas.

También autorizó el juez, a instancias de la Guardia Civil, un requerimiento a la empresa Amazon para que detallara el contenido de los paquetes entregados en una casa aislada de uno de los detenidos en Sant Fost de Campsentelles, que supuestamente albergaba un laboratorio para elaborar explosivos.

En esa finca, los agentes que controlaban desde el exterior las entradas y salidas detectaron el 25 de agosto pasado una gran humareda acompañada de destellos en la vivienda, incidente que fotografiaron y que creen fue provocado por los detenidos cuando probaban los explosivos.

Los agentes también recabaron indicios de los explosivos inspeccionando las bolsas de basura de las que se deshacían los investigados: en ellas encontraron plástico, guantes de cuero y trozos de tela con restos de óxido y de ceniza, restos de pilas, piezas de aluminio, fragmentos de manuscritos con fórmulas químicas, cerillas y papeles con mezclas de metal y óxido.

Pero lo que hizo saltar las alarmas de los investigadores fue el hallazgo, en una bolsa de basura que el detenido Jordi R. tiró a un contenedor el 30 de agosto pasado, de una nota manuscrita en catalán que la Guardia Civil consideró "inquietante" porque les pareció un texto reivindicativo de futuras acciones violentas.

Gracias a los seguimientos a que sometieron a los sospechosos, la Guardia Civil comprobó que desde julio habían adquirido 25 litros de ácido sulfúrico, 25 de ácido nítrico, 25 de ácido clorhídrico y 25 de amoniaco, un litro de formol, nitrato, 200 kilos de parafina, virutas de hierro y 20 bolas de acero del tamaño de una canica, entre otros.

Fueron fotografiados comprando ese material, alternando en bares -donde los agentes lograron transcribir desde la distancia algunas de sus conversaciones en las que aludían a "clorhídrico que compré para la termita"-, reuniéndose en aparcamientos al aire libre y descargando y transportando el material químico.

Los propios CDR investigados no siempre eran ajenos a los seguimientos policiales: un episodio relatado por uno de ellos en una conversación intervenida, en agosto de 2018, revela su temor a que la Guardia Civil le hubiera manipulado el móvil cuando, en un control antiterrorista en Navarra, le sorprendieron con diez gramos de cocaína, lo que, pese al volumen incautado, se saldó con un mero expediente administrativo.

Por ello, adoptaban todo tipo de medidas de seguridad, que pasaban por el uso de walkie-talkies, teléfonos clandestinos -con tarjetas SIM bajo nombres falsos como "cacahuetes" o "batidos de fresa- y nombres clave: "Gandalf" para Quim Torra y "Lisa" para Carles Puigdemont.

También habían establecido un sistema para distinguir los niveles de confianza de sus reuniones. El "código negro" indicaba una reunión clandestina en persona, el "código rojo" la necesidad de adoptar medidas de máxima seguridad sin documentos impresos, "código amarillo" aludía a contactos entre grupos CDR pero sin redes sociales y "código verde", comunicaciones en abierto.