Vía libre a la Memoria Democrática: el Congreso aprueba la ley pese al rechazo de las derechas

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La Ley de Memoria Democrática tiene vía libre en España. Los aplausos de buena parte del Congreso a última hora de este jueves daban fe de la importancia de lo ocurrido. Unos segundos antes la Cámara Baja acababa de dar su apoyo definitivo al texto con el apoyo de EH Bildu, pese al rechazo de PP y Vox en una última sesión que ha vuelto a ser extremadamente polémica.

Con 173 votos a favor, frente a los 159 ‘noes’ y 14 abstenciones (ERC y BNG), el texto ahora pasará al Senado, donde se espera una aprobación más sencilla.

El camino hasta vez la mayoría del Congreso ha sido arduo. Solo a finales de junio comenzó a respirar el Gobierno, cuando garantizó sacar adelante una de sus bases programáticas de la legislatura al cerrar acuerdo con Bildu. Este pacto, que obligó a modificar el articulado original, se hizo evidente en la Comisión Constitucional, requisito previo al pleno y que el Ejecutivo salvó por estrecho margen.

Pero el camino de la ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007,  había comenzado mucho antes. Fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no existir suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, al conseguir PSOE y Unidas Podemos un acercamiento con otras formaciones minoritarias. Estas impusieron numerosas enmiedas que han quedado plasmadas en el texto final, como ocurrió con las propuestas de Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Las críticas: ETA, otra vez en el Congreso

La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas con palabras gruesas y la utilización de ETA y las víctimas, como se vivió en el debate sobre el estado de la Nación.

La más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia” y que señale “posibles vías de reconocimiento y reparación”. Esta enmienda amplía en un año lo que ya habían pactado el PSOE y Unidas Podemos, incluyendo así el año de inicio de los GAL, dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.

Los cambios obligados

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda. En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia. Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Lo que recoge el texto

Se establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.

La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condena, y amplía la definición de víctimas, al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Además, se creará un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la norma establece que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, “según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable”.

Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.

Entre las medidas más simbólicas, figura la supresión de un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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