En Marruecos, la "euforia" de las protestas de 2011 parece lejana

Sophie PONS
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Manifestación en Rabat el 27 de febrero de 2011 para reclamar reformas y una nueva Constitución

El 20 de febrero es un día importante para Fouad Abdelmoumni: además de ser su cumpleaños, es la fecha que le pone nombre al movimiento de protesta que sumió a Marruecos en 2011 en un "gran momento de euforia", un entusiasmo que desapareció rápidamente.

Como muchos defensores de los derechos humanos, este activista de 62 años denuncia una "regresión de las libertades" en el país, con "métodos de intimidación peores que los de los 'años de plomo'", cuando siendo estudiante su compromiso político le costó cinco años de detención.

"Marruecos no es un paraíso de los derechos humanos pero, al mismo tiempo, no es un infierno lleno de violaciones, como algunos quieren erróneamente hacerlo creer", dice a la AFP el ministro de Derechos Humanos, Mustapha Ramid.

Ramid también salió a manifestarse en 2011 y, para él, desde entonces ha habido una "evolución palpable y continua en el ejercicio de las libertades públicas".

Con el apoyo de miles de manifestantes marroquíes, empujados por la efervescencia de la Primavera Árabe, el movimiento del 20 de febrero reclamaba entonces "más justicia social, menos corrupción y menos absolutismo".

El rey Mohamed VI prometió rápidamente reformas. Se adoptó una nueva Constitución, con disposiciones que reforzaban las libertades, la independencia de la justicia, los poderes del primer ministro y del Parlamento, aunque mantenían al monarca en el centro del sistema político.

Esta Constitución es "una carta de los derechos humanos en todas sus formas cívicas, sociales, políticas o económicas", destaca Ramid.

Pero una vez que pasó la fuerza de la protesta popular, la "estrategia" del poder "fue aterrorizar a las élites intelectuales capaces de ofrecer perspectivas y negociar un cambio", asegura, por su parte, Abdelmoumni.

Él mismo se encuentra en medio de una "campaña de difamación para hacerlo callar", con "amenazas sobre su seguridad y su reputación".

- "Pequeñas cámaras" -

En 2020, su entorno recibió por Whatsapp un video de sus relaciones sexuales. Según él, "el ángulo de grabación muestra que dos pequeñas cámaras fueron instaladas en el aparato de aire acondicionado de (su) habitación", en su casa.

El año pasado, varias peticiones de la sociedad civil denunciaron el "linchamiento público" de "medios reaccionarios de difamación" y las "acusaciones sexuales" contra disidentes.

El partido islamista PJD, que ganó en las elecciones de 2011, condenó a finales de enero "las campañas de difamación contra personalidades públicas y militantes".

Mohamed Ziane, de 77 años, exministro de Derechos Humanos (1995-96) ahora crítico del régimen, es uno de los objetivos de estas campañas: una cadena local en internet difundió en noviembre imágenes comprometedoras grabadas en una habitación de hotel, presentándolas como una "cita" entre el abogado y una clienta casada.

"¡Son métodos dignos de los peores regímenes policiales!", critica el exdiputado, contactado por la AFP.

Indignado por estas acusaciones, el ministerio del Interior presentó una demanda contra él por "ofensa a las instituciones de Estado".

Organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) o Amnistía Internacional denuncian a menudo la "represión de las voces críticas" en Marruecos. Citan los casos de los periodistas Souleimane Raissouni y Omar Radi, a la espera de ser juzgados desde hace varios meses tras se acusados de "violación".

"Marruecos está decidido a cumplir sus compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos", insiste Ramid. "Se pueden haber cometido errores aquí o allá", pero esto "no constituye en ningún caso una orientación general y metódica del Estado".

En un comunicado reciente, su partido, el PJD, llamó a "encontrar la buena fórmula para liberar (....) a los periodistas detenidos en nombre de la equidad y la reconciliación".

Por su parte, la población, más preocupada por el coste de la vida y el desempleo, empieza a expresar un "sentimiento negativo" creciente sobre la situación de los derechos humanos en el país, según un estudio publicado a principios de 2020 por el instituto de estadísticas HCP.

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