Maduro juega duro y extiende sus tentáculos hasta las principales ligas deportivas

Pedro Pablo Peñaloza Ochoa
·10 min de lectura

El régimen de Nicolás Maduro juega duro. En su afán por controlar todas las actividades del país, el chavismo ha extendido sus tentáculos hasta las principales ligas deportivas de Venezuela. Dueños del poder y también de la pelota.

Venezuelan President Nicolas Maduro attends the opening ceremony of the 2014 Caribbean baseball series, on February 1, 2014, in Porlamar city, Nueva Esparta state, Margarita Island, Venezuela . AFP PHOTO/LEO RAMIREZ / AFP PHOTO / Leo RAMIREZ        (Photo credit should read LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)
El chavismo, al frente de Nicolas Maduro, controla ya muchas de las ligas deportivas venezolanas. AFP PHOTO/LEO RAMIREZ / AFP PHOTO / Leo RAMIREZ (Photo credit should read LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)

Por sus reiterados fracasos en el terreno, que la han convertido en el único miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que jamás ha participado en una Copa Mundial de mayores, la selección de Venezuela era llamada peyorativamente “la cenicienta”. Sin embargo, su cuento no es de hadas sino de terror, con una sospechosa muerte, denuncias de corrupción y mucho, mucho dinero.

A falta de un palmarés brillante, la Vinotinto -así es conocido el equipo nacional por el color de su uniforme- exhibe prontuario. El escándalo del “FIFA Gate” arrastró a la cárcel en mayo de 2015 a Rafael Esquivel, quien presidió durante 28 años la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y allanó el camino para la instalación de un triunvirato compuesto por Laureano González, Jesús Berardinelli y Pedro Infante, para la fecha ministro del Deporte de Maduro.

González dio un paso al costado aduciendo razones de salud y Berardinelli asumió las riendas de la FVF, que había aprobado una reforma exprés de sus estatutos para admitir a Infante en su directiva. Se pensaba que el flamante mandamás del fútbol venezolano contaba con la bendición del chavismo, pero pronto comenzaron a surgir problemas que le costarían el cargo y la vida.

Tarjeta roja

La primera amonestación contra Bernardinelli llegó desde el exterior. Distintos medios informaron que el 10 de julio la Conmebol le retiró el derecho a voto por no aprobar su “examen de idoneidad”, debido a que presentaba antecedentes penales por falsificación de documentos. De acuerdo con un texto oficial que circuló por las redes sociales, el dirigente había sido condenado en 2017 a pagar 2 años y 4 meses de prisión, pero la pena nunca se ejecutó. El pliego en cuestión estaba firmado por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Hanthony Rafael Coello Bello.

La Contraloría General de la República, dominada por el oficialismo, ordenó el 16 de julio congelar las cuentas bancarias de Berardinelli, “con el propósito de proteger recursos otorgados por el Estado a la FVF”, afirmando que había detectado “presuntas irregularidades administrativas” en el manejo de “millones de dólares”. El principal patrocinador del organismo es la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que entró en la cancha para desplazar a Empresas Polar, la mayor corporación privada del país y permanente blanco de ataques del chavismo.

La FVF rechazó los señalamientos en su contra, aseveró que todo obedecía a una “campaña sucia” y advirtió que con esta acción se ponía “en riesgo el principio de no injerencia gubernamental en las organizaciones futbolísticas”. No obstante, cuatro días después del comunicado de la Contraloría, Berardinelli fue detenido por los cuerpos de seguridad y el 5 de agosto se anunció su muerte en una clínica de Caracas.

Con 61 años de edad y una reciente operación en el corazón, Berardinelli padecía diabetes, hipertensión y fallas renales. Al momento de fenecer, estaba bajo custodia del Estado. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el hecho y extraoficialmente se indicó que falleció por una insuficiencia respiratoria provocada por el coronavirus. La FVF quedó en manos de una comisión normalizadora encabezada por Laureano González.

Golazo millonario

Aunque todos defienden los colores de la revolución socialista, políticos y grandes empresarios chavistas compiten cada domingo en la Liga de Fútbol Profesional de Venezuela (Liga Futve). Adelis Chávez, hermano del difunto mandatario Hugo Chávez, es el presidente del Zamora Fútbol Club. La mano derecha de Adelis Chávez es Akram Almatni, quien concentra dos cargos: gerente general del Zamora y presidente de la Liga Futve.

El actual gobernador del estado Carabobo y hombre de confianza de Nicolás Maduro, Rafael Lacava, presidió el equipo Carabobo F.C. y ahora está vinculado al conjunto de primera división Academia Puerto Cabello, donde juega su hijo Matías Lacava.

Mineros de Guayana perteneció entre 2008 y 2015 a la gobernación del estado Bolívar, en ese periodo conducida por el general chavista Francisco Rangel Gómez, hoy desaparecido de la escena pública y sobre quien pesan diversas denuncias de corrupción. Posteriormente, Rangel Gómez vendió el club al grupo Tiendas Traki, que estaría relacionado con el oficialismo y es el mayor patrocinador del Deportivo La Guaira.

Un reportaje del periodista Marcos David Valverde apunta que por la directiva de Mineros de Guayana desfilaron relevantes funcionarios de la gobernación, incluido un gerente que terminó preso por la reventa ilegal de productos de la siderúrgica estatal, y que su compra violó la Constitución regional y la Ley Orgánica de Bienes Públicos.

El propietario del Deportivo Táchira es Jorge Alfredo Silva Cardona, un exagente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) devenido magnate de las importaciones. Según el portal Armando.info, las empresas de Silva Cardona, de 33 años de edad, “se beneficiaron de las compras millonarias” a la brasileña JBS, “quizás el principal proveedor extranjero de alimentos para el gobierno venezolano”.

Detrás del Atlético Venezuela está un grupo de socios que comparten decenas de contratos con el régimen, sostiene el portal Armando.info. De acuerdo con la investigación publicada por esa página web, uno de los dueños del club tiene una empresa que “fue investigada por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz por beneficiarse de contrataciones con el gobierno de Chávez”. La corporación en cuestión llegó a recibir 38,1 millones de dólares a tasa preferencial bajo el esquema de control de cambio que impuso el oficialismo.

Nueve personas murieron el 19 de diciembre de 2019 cuando una avioneta se precipitó a tierra en un aeropuerto cercano a Caracas. El diputado opositor Américo De Grazia aseguró que la aeronave transportaba un cargamento de oro extraído de forma irregular del Arco Minero del Orinoco. Entre las víctimas fatales del siniestro se encontraba el abogado Mariano Díaz, directivo del club Metropolitanos a quien en el pasado se relacionó con una red de extorsión y sobornos dentro del sistema judicial venezolano.

En 3 y 2

En un país donde el deporte favorito es el beisbol, el chavismo siempre carga un bate en la mano. Desplegando todo su poder, Maduro ha puesto en 3 y 2 a los ocho equipos de la liga profesional: si no mantienen a flote el pasatiempo nacional, corren el riesgo de salir ponchados.

Las peleas del oficialismo con los dueños de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se remontan a 2002, cuando Hugo Chávez enfrentó un paro insurreccional que pretendía echarlo del palacio de Miraflores y la LVBP suspendió la campaña argumentando que le era imposible continuar en esas condiciones. El comandante arremetió contra los dueños de los clubes al interpretar que, en realidad, aquello era una excusa para sumarse a la huelga.

La final de la temporada 2018-2019 coincidió con una ola de protestas que se levantó contra Maduro en enero de 2019. El capitán del equipo Leones del Caracas, Jesús Guzmán, propuso aplazar un juego “por respeto a Venezuela”. “En estos momentos no estamos para fiestas, el país está primero”, expresó Guzmán. No obstante, el encuentro solo se pospuso por unas horas y se realizó en la fecha pautada por presiones del Ejecutivo nacional.

“Supimos en el segundo juego de la final que trataron de sabotear. Yo le dije al ministro del Deporte, Pedro Infante, ‘bueno, vamos a impedirlo’ y nos desplegamos, el gobierno se activó y logró que la serie final se jugara completa, nosotros logramos que hubiera final en el béisbol venezolano”, sentenció el líder de la revolución chavista. Tras la intervención, peloteros clave abandonaron a Leones y Cardenales de Lara se alzó con la corona.

¡Ponchados!

Las sanciones que el gobierno de Estados Unidos aplica al régimen chavista amenazaron la celebración de la temporada 2019-2020. En principio, las Grandes Ligas cortaron su relación con la LVBP básicamente por dos razones: su principal patrocinador era Pdvsa -empresa señalada por la Casa Blanca- y porque funcionarios chavistas forman parte de la directiva de dos clubes.

Luego de conocer la decisión de las Grandes Ligas de negar el permiso a los jugadores de su sistema para trabajar en Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exclamó: “¡aquí va a haber beisbol así tengamos que jugar nosotros! Yo le recomiendo a los dueños de los equipos que se inventen una, ellos verán qué hacen”. La “recomendación” surtió efecto, hubo temporada y la LVBP llegó a un acuerdo parcial con las Grandes Ligas para normalizar la situación.

Los capitales chavistas han ingresado al diamante. El abogado Raúl Gorrín, sancionado por el Departamento del Tesoro y acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, destaca entre los patrocinantes de los Navegantes del Magallanes, uno de los equipos más populares de Venezuela y del cual Chávez era fanático declarado.

El empresario Tobías Carrero Nácar, amigo y financista de Chávez, adquirió la franquicia de Bravos de Margarita en 2007. Caído en desgracia en tiempos de Maduro, Carrero Nácar fue objeto de un embargo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia y desde julio una junta interventora administra a Bravos. En síntesis: Maduro puso out a Carrero Nácar de la LVBP.

La clavó

En el tabloncillo de los gigantes hay espacio para las bajas pasiones políticas. Sin necesidad de apelar a intermediarios, el régimen chavista asaltó la cúpula de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

En un conflictivo y desgastante proceso que encendió las alarmas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), descabezaron a Carmelo Cortez -quien acumulaba 24 años al frente de la FVB- y encumbraron a Hanthony Rafael Coello Bello. Sí, el mismo que en su condición de viceministro firmó los antecedentes penales del difunto presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli.

Además de ser el presidente de la FVB, Coello Bello dirige la llamada “Superliga”, torneo de 13 equipos que hizo su debut en octubre y que desde ya se presenta como “la máxima competición reconocida” oficialmente, borrando de un plumazo los 46 años de historia de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

“Muchos de los jugadores tenían más de un año sin jugar, el presidente Nicolás Maduro nos ayudó logísticamente para montar el torneo”, confirmó el vocero chavista, dejando claro quién marca los pasos en el deporte venezolano.

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