Madrid acumula más de 27.000 ERTE por el coronavirus, dice la Comunidad

Madrid, 26 mar (EFE).- El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha pedido al Gobierno que explique de manera urgente los criterios de presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, de los que -ha dicho- se han presentado ya en Madrid unos 27.000.

En declaraciones a Onda Cero, Giménez ha dicho que el Ministerio de Tranajo lleva diez "días de retraso" en esta "actuación inmediata", necesaria para tramitar los ERTE, de los que "en un solo día se están recibiendo en Madrid más que en todo 2019" como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.

Esta mañana, Giménez remitió al Ministerio de Trabajo una carta en la que le pide que clarifique los procedimientos de presentación de los ERTE que se están presentando en la Comunidad de Madrid, "y en otras comunidades -ha dicho luego en la radio-, incluso gobernadas por el PSOE".

En esta última de "varias" cartas remitidas a la ministra, Yolanda Díaz, el consejero madrileño afirma que en el Real Decreto Ley 8/2020 del pasado día 17, que recoge medidas para limitar los efectos negativos de los ERTE, hay "normativa abierta a interpretaciones generadoras de confusión".

En concreto, Giménez cita como de "especial gravedad" el caso del "desarrollo y acreditación" de los ERTE y el de la "la duplicación de trámites para el pago de la prestación por desempleo".

Según la explicación de Giménez, el plazo de cinco días que "impone" el Ministerio para resolver los ERTE, al final de los cuales queda estimada la solicitud por un "silencio administrativo positivo".

Esto, ha dicho Giménez, "abre la se abre puerta a todos" los ERTE, incluidos los que tienen defectos de información, los presentados de forma simultánea en otras comunidades, o incluso los "fraudulentos", lo cual crea una "incertidumbre intolerable" a los trabajadores y a las empresas.

Según el Gobierno madrileño, la paralización de actividades impuesta por el estado de alarma o la paralización que provoca el confinamiento de la población ha generado "la solicitud masiva de ERTE por fuerza mayor que desborda cualquier capacidad administrativa de tramitación".

Giménez añade que en Madrid hay dos escenarios diferentes, según dicha normativa, uno de los cuales es el de los ERTE "por fuerza mayor" presentados antes del pasado día 18, "que deben ser informados por la Inspección de Trabajo" con suspensión del plazo de los 5 días.

El otro caso es el de los ERTE presentados a partir de dicha fecha, "en los que el informe de la Inspección es potestativo, sin facultad de suspensión, y que se han sujetado a un plazo hiperrestrictivo de 5 días hábiles, tras el cual se estima la solicitud mediante silencio administrativo positivo".

Según la Consejería madrileña, esta regulación lleva a que, en la práctica, los ERTE presentados desde el día 18 sean resueltos antes que los de días anteriores, incomprensible para empresas y trabajadores, "creando una lógica sensación de indefensión y llevando, en muchos casos, a la presentación de nuevo de los ERTE para que sean acreditados de acuerdo con las reglas actuales".

"El gran peligro de esta situación", dice la Comunidad de Madrid, estriba en que dicha regulación "ignora las consecuencias de tener que tramitar, en tan breve plazo, las miles de solicitudes recibidas".

Y añade que la aprobación del ERTE mediante silencio positivo provoca una "inseguridad innecesaria, particularmente grave para los trabajadores afectados, debiendo ser un mecanismo subsidiario y a evitar".

La normativa provoca, además -dice el consejero- "un grave detrimento al interés general, al imponer efectos estimatorios incondicionados, que, por lo demás, siguen exigiendo pronunciamiento expreso de las autoridades laborales, cargando de nuevo a esta con esta obligación, y ya sin poder ni siquiera controlar el resultado de la solicitud".

Por tales motivos, Madrid pide al Ministerio "que se sustituya la constancia de la autoridad laboral por la declaración de responsabilidad de la empresa sobre la existencia de la situación de fuerza mayor que causa el ERTE".

Esta circunstancia concurre en la mayoría de los casos, añade la Consejería, "y el procedimiento y los plazos impuestos y la falta de criterios sólo crean zozobra en trabajadores y empresas".

(c) Agencia EFE