'Libertad duradera', la operación de castigo tras el 11-S que ha servido para poco

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7 de octubre de 2001. 26 días después de los ataques del 11-S en Nueva York y la sede del Pentágono, Estados Unidos declara la guerra a los talibanes, al mando de Afganistán, por haber dado cobijo y financiación a Al Qaeda y su líder e ideólogo de los atentados, Osama Bin Laden. Comenzaba así la Operación Libertad Duradera que, a la postre, ha supuesto una doble negación: ni el mundo ha acabado estando libre de la lacra yihadista ni ha huido para siempre el islamismo de Afganistán, donde los talibanes mandan de nuevo tras 20 años esperando su momento. Los logros parciales que se han podido ir dando en estos años no han permanecido, tampoco, en el tiempo.

El presidente estadounidense de entonces, el republicano George W. Bush, aseguró que “el pueblo de Afganistán conocería la generosidad de EEUU y de sus aliados”, que iban a atacar “los campos de entrenamiento de los terroristas de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán”. “Estas acciones, cuidadosamente dirigidas, están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán”, prometía. Los primeros bombardeos llegaron apenas unas semanas después. En su histórico discurso ante el Congreso, Bush advertía: “Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una campaña larga, distinta a cualquier otra que hemos visto”.

El régimen fundamentalista talibán, en el poder desde 1996, se negaba a entregar a Bin Laden, por lo que la ofensiva internacional -con apoyos iniciales de países como Reino Unido o Francia, ampliados hasta 40 estados, España entre ellos- se intensificó con las semanas. La coalición se impuso y los talibanes se rindieron el 6 de diciembre de ese mismo 2001. La OTAN desplegó una fuerza militar en el país, junto a las tropas estadounidenses, en la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (en inglés, International Security Assistance Force, ISAF). “Ayuda y cooperación”, se lee en su insignia. La ONU, bajo estos valores, apoyó la intervención.

El objetivo de la misión era ayudar al Gobierno a extender y ejercer su autoridad e influencia en el territorio, para así crear las condiciones para su reconstrucción y estabilización, después de 30 años largos de un alto nivel de violencia.

EEUU instaló un Gobierno interino presidido por Hamid Karzai, que más tarde, en octubre de 2004, fue electo formalmente en los primeros comicios presidenciales por sufragio universal directo de la historia del país. El país comienza a salir de su época de oscuridad, muy lentamente. Llegan los primeros derechos sociales, las mejoras para las mujeres, se acaban las lapidaciones o las ejecuciones según la aplicación de la sharia a la talibán, se levantan centenares de escuelas y mezquitas, baja la violencia, pero también llegan los gabinetes corruptos: EEUU da el poder a señores locales, cuyo mérito era oponerse a los islamistas, pero que resultaron no ser especialmente limpios ni transparentes. La corrupción y la dejadez, más la vista gorda de Washington, impidieron que se forjara un estado fuerte.

Al Qaeda atentaba cada vez menos, así que Occidente podía respirar un poco y colgarse la medalla. Además, entre tanto, había aparecido un nuevo frente: Irak. La atención estadounidense se desvía de Afganistán en el año 2003, con la famosa Foto de las Azores y las denuncias, falsas a la postre, de armas de destrucción masiva. Entonces, cuando la operación pasaba por momentos de estabilidad, los talibanes y otros grupos islamistas se reagrupan en el sur y este de Afganistán, desde donde pueden viajar a las zonas tribales de Pakistán, y empieza un movimiento de insurgencia que duraría dos décadas. Hasta la victoria del presente 2021.

La jefatura militar estadounidense tuvo que pedir en 2008 más refuerzos. El presidente Bush aprobó el despliegue de 48.500 soldados adicionales. La razón: ni las fuerzas de seguridad locales podían estabilizar la situación ni el vacío de poder se llenaba con buenos gestores, sino por grupos insurgentes que operaban en diferentes zonas del país.

En 2009, Barack Obama -elegido presidente con la promesa de que acabaría justamente con las guerras en Irak y Afganistán- aumentó también el despliegue de tropas. Su objetivo era sofocar la insurgencia talibán al alza y fortalecer las instituciones afganas, con pies de barro. A mediados de 2011, más de 150.000 soldados extranjeros estaban en suelo afgano, de los cuales 100.000 son estadounidenses.

Justo ese año, ese 2 de mayo de 2011, EEUU había logrado matar a Osaba Bin Laden en la ciudad de Abbottabad (Pakistán). Los talibanes le habían ayudado a salir de Afganistán, nadie sabe cuándo, y estaba resguardado en el país vecino, donde los islamistas tienen numerosos lazos. La operación la lanzaron las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, un comando llegó en helicópteros y fue enfrentado por el propio Bin Laden y otros tres hombres, quienes fueron abatidos al igual que una mujer que fue usada como escudo humano, según la narración de un funcionario militar a la cadena CNN. Luego se diría que la mujer era esposa del terrorista.

Se había puesto fin a la vida del ideólogo del 11-S, del hombre más buscado del mundo, mientras que en paralelo, desde hacía 10 años, una misión corría al otro lado de la frontera sin cuajar, sin dar resultados.

En agosto de 2009, se habían celebrado elecciones, con mayoría absoluta de Karzai. La oposición habló de fraude. La consolidación de un estado no fallido estaba a medias. La oposición interna a los gobernantes crecía, a la vez que el desencanto en la calle. Gran parte de los esfuerzos diplomáticos se centraban ya entonces en buscar una solución negociada con los talibanes, ante la incapacidad de aportar una solución política estable y los crecientes deseos de retirarse de Estados Unidos, anunciados por Obama.

La OTAN también anunció el 31 de diciembre de 2014 el fin de su misión de combate en Afganistán. Pero en virtud de pactos firmados meses antes, 12.500 soldados extranjeros -9.800 estadounidenses- se quedaban en la zona para entrenar a las tropas locales y llevar a cabo operaciones puntuales antiterroristas. La situación se acabó complicando con la nueva expansión de la insurgencia de los talibanes y la aparición del Estado Islámico (EI) a principios de 2015.

En 2017, el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, cancela el calendario de retirada de tropas y vuelve a mandar miles de soldados. Los ataques contra fuerzas afganas se multiplican y EEUU replica con un gran aumento de ataques aéreos. Utiliza incluso su bomba convencional más potente para destruir una red de túneles y grutas del ISIS en el este del país, matando a 96 yihadistas. El terror no estaba erradicado.

El 18 de febrero de 2020, Ashraf Ghani fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de septiembre, con el 50,64% de los votos en la primera vuelta, marcada por una fuerte abstención y sospecha de fraude. Su principal rival, Abdullah Abdullah, también reclama la victoria. En mayo, los dos hombres firman un acuerdo de reparto del poder: Ghani conserva la presidencia, Abdullah dirige las conversaciones de paz con los talibanes.

Ese mes, Trump llegó a un acuerdo con los islamistas: Washington retiraría todas las tropas y los contratistas privados en mayo de este año si cesaban los ataques terroristas contra estadounidenses. Comienzan las primeras negociaciones de paz directas entre los insurgentes y el gobierno afgano, aunque la violencia continúa y se multiplican los atentados contra periodistas, jueces, médicos y miembros de la sociedad civil.

Joe Biden tomó el relevo y no dijo que no a los planes de su antecesor, deseoso de irse de un conflicto que ya tenía demasiados paralelismos con el enquistado Vietnam. Amplió el plazo de retirada hasta agosto y el día 31 lo cumplió -por voluntad propia y por expresa amenaza de los talibanes-: todas las potencias extranjeras dejaron Kabul con los colaboradores y allegados que pudieron salvar. El país, por completo, está de nuevo en manos de los talibanes.

Según las estimaciones del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown, formado por 50 investigadores de uno de los centros universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, se ha gastado más de dos billones de dólares en la guerra de Afganistán, o lo que es lo mismo, 300 millones de dólares al día durante 20 años. Ha perdido 2.448 miembros de sus Fuerzas Armadas en la lucha contra los talibanes y casi 4.000 contratistas de empresas militares privadas. Más de 66.000 efectivos militares y policiales afganos y 47.000 civiles han muerto en los últimos 20 años por culpa de la guerra de Afganistán, señalan datos del mismo centro. En el caso de España, son 104 los caídos en la misión afgana.

En total, tras el envío de 775.000 tropas, más de 2.300 soldados muertos y en torno a 950.000 millones de dólares gastados -según las estimaciones del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown-, EEUU admitía en los acuerdos de Doha firmados en febrero de 2020 que ya no iba a ganar, que lo asumía. Queda un país comandado por los radicales, con la población civil nuevamente sometida, tratando de escapar por tierra (Irán y Pakistán) ante la que se avecina. El conflicto se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas –incluyendo 312.000 civiles–, ha causado el desplazamiento de unos 21 millones de personas y ha afectado a más de 80 países en el mundo.

Además de la retirada de sus tropas de Afganistán, dos décadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos ha tomado otra decisión altamente simbólica: el cese de las operaciones de combate estadounidenses en Irak. Es el carpetazo a una época. Se acaba la llamada “guerra contra el terror”, y en ambos casos se justifica, dice Biden, porque se han cumplido los principales objetivos: encontrar a Bin Laden y eliminar la amenaza terrorista sobre EEUU que suponía Al Qaeda en Afganistán. Dice ahora que nunca prometió democracia para Afganistán ni nada parecido. Toda la operación se limitó al plano yihadista y, por esa parte, está cumplida la misión.

Lo pretendido, lo logrado

Pol Bargués, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), defiende en el especial lanzado por este organismo que Biden pone fin a esta “guerra interminable”, la más larga de la historia del país, cambiando ya para siempre intervenciones internacionales para siempre, es el fin de “la era en que los Estados Unidos utilizan poder militar para transformar otros países”, como dijo el presidente.

“Tras los ataques terroristas del 11-S, los Estados Unidos y el Reino Unido invadieron Afganistán para derrotar a Al Qaeda y revocar el gobierno talibán que les había dado cobijo. Al Qaeda se debilitó rápidamente, pero aparecieron otras redes terroristas reforzadas. Se intentó proporcionar seguridad y apenas se consiguió el control y la estabilidad en Kabul. Se apostó por la democratización y la liberalización, pero las instituciones siempre fueron precarias, ineficientes, manchadas por la corrupción y el nepotismo”, argumenta.

“Se propuso a Karzai para liderar la renovación política y, a pesar de ganar dos elecciones presidenciales (2004 y 2009), como buena parte de las élites políticas del país, estuvo en el centro de tramas de corrupción, fue protagonista de escándalos electorales, puso resistencia a los acuerdos de Bonn de 2001 para reconstruir el Estado, y apareció distante para una población local que a menudo lo vio como un títere de las fuerzas occidentales. Una de las lecciones que se han aprendido es que la paz no se puede consolidar ni los países construir solo desde el exterior”, ahonda.

“La guerra imposible de ganar ha puesto fin a las intervenciones internacionales lideradas por Occidente. Estadounidenses y europeos han perdido la confianza y los recursos para promover un cambio de régimen e instaurar una «democracia liberal» en un país como Afganistán. Una de las lecciones aprendidas es que la paz no se puede consolidar ni los países construir solo desde el exterior”, concluye.

“El propósito inicial de la misión tenía sentido: la rabia tras el 11-S llevaba a buscar a los culpables del mayor mazazo conocido por la gran potencia mundial, y hubo paraguas internacional para atacar a los talibanes, por su apoyo a Al Qaeda. El problema es que las omisiones estratégicas, la ignorancia sobre temas socioculturales del país y la guerra paralela en Irak y sus secuelas, terminaron alargando indefinidamente una intervención militar que, inicialmente, no iba a durar más de dos años, según cálculos de la Administración Bush”, añade el americanista Sebastián Moreno.

El primer error, afirma, “fue asumir que la salida de los talibanes del poder significaría una transición instantánea a la democracia en Afganistán y su inserción a la comunidad internacional”, aunque ahora ese flanco se oculte y se hable “sólo de yihadismo”. “Los talibanes fueron rápidamente derrocados en Libertad Duradera y obligados a huir al sur del país durante la primera fase de las operaciones militares, pero no se consolidaba en paralelo un precedente democrático, sino que la administración interina y las elecciones no eran claras”, añade. A ello se suma la inestabilidad interna nunca resuelta, dice, porque “el país es hogar de cerca de 30 millones de personas, divididas en más de 10 grupos étnicos” que había que poner de acuerdo. No se ha hecho.

Uno de los puntos fuertes en el plan de acción en Afganistán por parte de EEUU fue la creación de las fuerzas armadas del país “liberado”, pero las tensiones étnicas dificultaron la tarea. El Ejército afgano, con más de 300.000 efectivos, a pesar de los miles de millones de dólares entregados por EEUU en equipos y entrenamiento, se ha mostrado ineficiente en el control territorial del país y su lucha contra grupos rebeldes, caracterizándose más por nepotismo y divisiones internas, hasta el punto de que se crearon unidades en función del grupo étnico al que pertenecían los soldados. Se ha acabado deshaciendo ante la presión talibán.

Soldados de la 10th Mountain Division, vigilando los accesos del aeropuerto de Kabul, el pasado 15 de agosto. (Photo: U.S. CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFA via VIA REUTERS)
Soldados de la 10th Mountain Division, vigilando los accesos del aeropuerto de Kabul, el pasado 15 de agosto. (Photo: U.S. CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFA via VIA REUTERS)

¿Y qué pasa con el terror?

El panorama global indica que, lejos de haber sido erradicado, el terrorismo transnacional se ha consolidado y propagado a decenas de países en el mundo: el número de yihadistas se ha cuadruplicado desde los ataques contra la Torres Gemelas.

Además de proliferar y consolidarse en varios focos de inestabilidad, los grupos yihadistas se adaptaron al contexto post11-S: en la última década, son varios los que renunciaron a la idea de “yihad global” para dedicarse a una “yihad local”, que consiste en administrar y gobernar territorios según los preceptos del salafismo yihadista –en Afganistán, Libia, Irak, Mali, Siria, Somalia y Yemen, hay numerosas las experiencias proto-estatales de grupos yihadistas. Así, dos décadas tras el 11-S, lo que Obama llamó el “cáncer yihadista” ha hecho metástasis en varios continentes y todavía no hay signos de remisión.

En el caso concreto de Al Qaeda, tras haber perdido el protagonismo en el yihadismo mundial en favor del ISIS, ahora se frota las manos ante el nuevo ascenso talibán, pues esperan nuevamente apoyo y protección. Contra ellos o van a ir, dicen los analistas, pero está por ver cuánto los ayudan y jalean, teniendo en cuenta la promesa hecha a EEUU de lo convertirse de nuevo en santuario para los muyaidines, que necesitan cumplir si quieren el ansiado reconocimiento internacional.

Hoy Afganistán sigue siendo un estado fallido, con una población más empobrecida y varios conflictos internos crecientes, engordados en las dos últimas décadas. 20 años después, acaba la operación Libertad Duradera. Y EEUU confiesa que tiene alertas de seguridad de cara al aniversario del ataque del 11-S, tanto de seguridad interna como externa. Alertas, también, de origen yihadista, no de la gravedad vista hace dos décadas, pero yihadismo, vivo, no arrancado de raíz.

En julio, un informe publicado por el Consejo de Seguridad de la ONU encargado de rastrear las amenazas yihadistas en todo el mundo advirtió de que estos grupos representan una amenaza creciente en gran parte de África, por ejemplo, aparte de seguir “atrincherados” en Afganistán. No todo el miedo se concentra en Occidente. El estudio sugiere un patrón constante: dondequiera que la presión sobre los grupos terroristas no exista, sea insignificante o esté rebajándose, como en Afganistán, Somalia o Mali, el extremismo crece.

Los ataques terroristas yihadistas han disminuido en Europa y Norteamérica, pero los expertos de la ONU esperan que esto sea temporal porque la violencia terrorista ha sido “reprimida artificialmente por limitaciones para viajar, reunirse, recaudar fondos e identificar objetivos viables” durante la pandemia de covid-19. Al mismo tiempo, creen que el riesgo de radicalización online aumentó durante las restricciones. Ahora hay movimientos en foros festejando, además, la victoria talibana. Caldo para nuevos reclutas.

La vergüenza de Guantánamo

La lucha contra el terror trajo consigo, también, una de las mayores vergüenzas internacionales para EEUU: el encarcelamiento de supuestos yihadistas en la base de Guantánamo, Cuba. Pocos meses después del 11-S, se detuvo a cientos de personas con presuntos vínculos con Al Qaeda y se las trasladó a la base naval que controla en la isla caribeña. Fueron etiquetados como “combatientes enemigos” y encerrados por tiempo indeterminado, hasta que, según dijo el entonces vicepresidente Dick Cheney, “termine la guerra contra el terrorismo”, que oficialmente todavía está en curso.

La realidad es que la mayoría de los 780 sospechosos que llegaron a estar encarcelados en celdas como jaulas han sido liberados, a menudo después de pasar más de una década en la base sin haber sido jamás acusados formalmente de algún delito. Hoy permanecen en Guantánamo 39 detenidos, algunos esperando esa liberación prometida que no llega. Sólo una docena son considerados por Washington como peligrosos dirigentes de Al Qaeda, incluido Jalid Sheij Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre y cuyo juicio se va a reanudar.

Guantánamo ha demostrado ser tanto un dolor de cabeza como una vergüenza para el gobierno de Estados Unidos, que ha sido acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos, como torturas. Aislada en una costa rocosa a varios kilómetros de distancia de la principal base naval de Guantánamo, la instalación cobró notoriedad a raíz de la operación de la CIA para capturar a sospechosos de ser miembros de Al Qaeda para trasladarlos en secreto a sus “sitios negros” (centros clandestinos de detención) diseminados por todo el mundo. La denuncia proviene de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, por ejemplo.

Biden dijo, en sus tiempos con Obama, que lo cerraría. Ahora que es presidente, no dice cuándo ni cómo. Allí tampoco hay libertad, pero el encierro sí que es duradero.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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