La Ley de Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra la injusticia

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Mirar hacia el pasado es lo normal en una sociedad sana. Cuando la democracia está asentada y las libertades garantizadas, toca revisar los tiempos en los que nada de eso existía o se había robado o mutilado. Hay que hacerlo porque -ya se sabe- quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, pero también por una cuestión de verdad y reparación con quienes sufrieron los tiempos crudísimos.

España ha tardado demasiados años en mirar a la Guerra Civil y la dictadura franquista, incluso a la Transición posterior, tan humana que también tuvo sus sombras, pero que devolvió, sin violencia, lo que nunca debió haberse perdido. En 2007 se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, y este jueves el Congreso ha dado el visto bueno a su sucesora y complementaria, la Ley de Memoria Democrática.

La vieja norma abrió la puerta al debate público y a la conciencia social y cívica, en un momento de apogeo de la lucha memorialista que se supo escuchar, tras años de eco en el desierto, pero la nueva afronta la deuda pendiente de la justicia y la dignidad y de los deshonrosos flecos pendientes. Era obligada.

Al final, el proyecto de ley ha salido adelante con 173 votos a favor (los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además del PNV, EH Bildu, PDeCat y Más País), 159 en contra (PP y Vox) y 14 abstenciones (ERC y BNG). El consenso parcial ha sido suficiente, pero ha estado alejado del todos a una que se pretendía inicialmente, en una materia tan sensible. El debate en el Congreso ha sido como poco tempestuoso.

El PP promete derogar el articulado porque le produce “profunda repugnancia” que salga adelante con el apoyo de los “herederos del terrorismo etarra”, pero tampoco ha hecho una gran batalla contra el contenido. En Vox directamente no argumentan, desde su caos histórico habitual. Los nacionalistas catalanes y gallegos, en cambio, pedían más; por ejemplo, que se derogase la Ley de Amnistía.

No es perfecta, pero avanza (mucho)

La nueva norma es uno de los proyectos legislativos estrella de la coalición PSOE-UE, impulsada inicialmente por la exvicepresidenta Carmen Calvo y negociada y defendida luego por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El texto tuvo la luz verde del Consejo de Ministros en julio del año pasado pasado y en septiembre ya se presentaron alegaciones en la Cámara Baja, hasta que al fin ha habido suma para llevarlo a pleno. Tras el aval logrado ayer, en septiembre irá al Senado y entrará de seguido en vigor, en cuanto se publique en el BOE.

Finalmente, se revisan los déficits de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero. No es perfecta, pero sí honesta con las necesidades presentes. Consigue avances de calado. Contempla los grandes pilares dados a conocer ya desde el primer borrador, como son la condena y repudia el golpe de Estado del 36 y la dictadura -86 años después del alzamiento, 47 años después de la muerte de Francisco Franco-, la declaración como injustas de las las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y los 40 años posteriores sin democracia y la consideración de ilegítimos de los tribunales de excepción que dictaron sentencias, que ahora se declaran nulas. Se profundiza en los reconocimientos a las víctimas, poniéndolas “en el centro” de la acción pública, como defiende el Ejecutivo.

Restos de represaliados por las tropas fascistas en 1937, durante su exhumación del cementerio de Los Mártires de Huesca, en 2019. (Photo: JUAN MEDINA via REUTERS)
Restos de represaliados por las tropas fascistas en 1937, durante su exhumación del cementerio de Los Mártires de Huesca, en 2019. (Photo: JUAN MEDINA via REUTERS)

Restos de represaliados por las tropas fascistas en 1937, durante su exhumación del cementerio de Los Mártires de Huesca, en 2019. (Photo: JUAN MEDINA via REUTERS)

También se reconoce expresamente el papel activo de las mujeres en estos años y se denuncian las represiones por razón de orientación sexual y por el uso de lenguas y la cultura propia de cada territorio, especialmente en importantes en el País Vasco, Cataluña o Galicia. Todo ello, a través de una definición de víctima ampliada, que va desde las personas LGTBI represaliadas a los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores.

El Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas con un plan cuatrienal, alrededor de 114.000 españoles, aunque es cierto que eso no implica que tenga la obligación de abrir fosas. Se elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y se creará un Banco Nacional de ADN, cuando hasta ahora era imposible tener ordenadas las muestras y cruzar datos.

También se facilita el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta y se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, para que también desde la justicia se aborde lo pasado. La Justicia garantizará la investigación de las violaciones de derechos humanos y la interpretación de todo el marco legislativo de conformidad a los tratados internacionales, los que llevaban años recomendando a España que volviera sus ojos a su pasado reciente.

Se hará, además, una auditoría y un inventario de la incautación de bienes de represaliados por parte del régimen franquista. Una comisión técnica estudiará las medidas de reparación de carácter económico derivadas de las incautaciones realizadas por el franquismo.

Hay varias medidas destinadas a la desmemoria, a instalar en la sociedad el conocimiento de una época vedado en otro tiempo, por aquellos que defendían que es mejor pasar página, que para qué remover: se establece el 31 de octubre como Día de las Víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura, y el 8 de mayo como Día de las personas exiliadas, y además se añade la memoria democrática en el contenido curricular en la educación en bachillerato, la ESO y la formación profesional, para mostrar la “represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”. Hoy es un auténtico tabú, por más que algo se haya ganado con la Ley Celaá. En la misma línea, se creará un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca. La documentación de estas etapas de la historia de España queda, al fin, protegida.

El muy simbólico el paso de resignificar el Valle de los Caídos, que pasa a llamarse Valle de Cuelgamuros: ya no podrá haber cuerpos de ninguno de los protagonistas en ningún lugar preponderante. Tras la exhumación de Franco en octubre de 2019, ahora mismo quedan dentro los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, con cuya familia hará contactos para sacarlo de allí. Se extingue también la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El Valle-Cuelgamuros entrará a formar parte del nuevo inventario estatal de lugares de memoria democrática y se dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado, “con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Saber, comprender, prevenir.

Se van a presionar más para la retirada de los símbolos franquistas -algo pionero de la ley de Zapatero-, y se quitarán distinciones y títulos nobiliarios otorgados por las autoridades fascistas -33 títulos concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola- y se extinguirán aquellas fundaciones que hagan apología del franquismo o inciten al odio. Por supuesto, eso incluye a la Fundación Francisco Franco. No podrá ser de utilidad pública ninguna asociación que haga apología del franquismo, una situación insólita que aún se daba en este país.

Se crean dos nuevos supuestos de nacionalidad, se establecerán un Consejo Interterritorial y un Consejo de la Memoria y se fijan sanciones desde 200 euros hasta los 150.000 euros por comportamientos contra la ley (una grave es por ejemplo destrozar fosas).

Los plazos que abarca la norma van del 18 de julio de 1936, fecha del golpe de estado, hasta 1978, cuando se probó la actual Constitución española.

Derecho internacional y comisión

En el trámite parlamentario la Ley de Memoria Democrática se ha robustecido notablemente. En parte, por las negociaciones de los socios de La Moncloa y en parte por las aportaciones aceptadas a otras formaciones, parte de esa mayoría de investidura necesaria para sacar la norma adelante.

PSOE y Unidas Podemos pactaron registrar conjuntamente 30 enmiendas y entre ellas destaca “la piedra angular de la reforma”, como la llama el diputado Enrique Santiago (secretario general del PCE): la aplicación del derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977. “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”, defienden los dos partidos de izquierdas.

Es un paso de gran importancia y mucha sensibilidad para las víctimas pero que está por ver, en la práctica, en qué cuaja. UP sostenía que así se podría hacer pasar por el banquillo a los torturadores franquistas, pero el PSOE expresa sus dudas. Esta fórmula no toca, ni anula, ni deroga la polémica ley del 77, como reclamaba ERC, pero sí establece un posible resquicio para sortearla. Dependerá de que los tribunales la interpreten de una manera diferente a la que han consolidado hasta ahora. En especial, el Constitucional, si tiene una mayoría progresista.

Los efectos prácticos de esta modificación serán muy limitados, también, porque la inmensa mayoría de los autores de los crímenes franquistas ya han muerto, pero al menos se busca un resarcimiento moral, simbólico.

Otra gran novedad, polémica, es que se va a crear una comisión técnica que estudie los supuestos de vulneración de derechos humanos de quienes trabajaron por la consolidación de la democracia entre la aprobación de la Constitución en 1978 y diciembre de 1983. De inicio, PSOE-UP proponía que se realizara un estudio -que no una investigación- hasta 1982, pero se ha cedido y al final se añade el primer año del Gobierno socialista de Felipe González, o lo que es lo mismo, el principio de la trama GAL, la guerra sucia contra la banda terrorista ETA. Fue en el otoño de 1983 cuando se sitúa, por ejemplo, el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala, torturados, asesinados y enterrados en cal viva. Por eso dice el exmandatario que “no le suena bien” la nueva norma.

Ha sido Bildu quien más interés tenía en esta extensión -también Más País la pretendía- y es una de las razones que sirve al PP para denunciar la supuesta “cesión” del Ejecutivo ante el que siguen considerando “brazo político de ETA”. Tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario socialista restan importancia al pacto suscrito con EH Bildu, al señalar que la ley nace de un Ejecutivo “progresista” y “no la escribe nadie desde otro grupo”. El objeto de la comisión es revisar aspectos para recuperar situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que no se deberían haber producido nunca”, señaló en rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez.

Realmente, queda mucho por afinar sobre esta comisión. Se cree que servirá para identificar a las víctimas, no a los verdugos, y que estará formada por historiadores y especialistas, pero no se sabe ni los plazos de actuación, más allá de que sus componentes se designarán en un año. Hay investigaciones de las que partir, como las de Mariano Sánchez Soler (La transición sangrienta) u Olivia Carballar (Yo también soy víctima: estampa de la impunidad en la Transición) que aportan ya una base escalofriante sobre la que empezar.

Entre los otros añadidos importantes que tiene el texto que ahora se aprueba destaca que “se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar”, iniciada con el golpe de Estado que, “como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”. Se sabe, es obvio, que un golpe no es la manera de proceder a una sucesión en el poder, pero ha costado décadas ponerlo negro sobre blanco.

Y más palabras que importan: la remozada ley recalca de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Y “se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.

Lo que queda en el tintero

Los mayores críticos de esta norma son ERC y las asociaciones memorialistas, las que han llevado todo el peso de la memoria histórica en España hasta que se ha empezado a legislar y aún entonces. Los catalanes querían derogar la Ley de Amnistía y también ampliar el marco de actuación de la norma, que acaba en 1978 y se queda corto.

Organizaciones como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Hstórica (ARMH) piensan igual pero añaden más faltas, que les lleva a calificar de tibia la norma. Primero, falta un marco: “carece todavía en su contenido de las exigencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y eso significa que es insuficiente en las garantías que debe dar, para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura franquista”.

Protesta ante el Congreso, el 10 de diciembre de 2021, reclamando mejoras en la Ley de Memoria Democrática. (Photo: Europa Press News via Getty Images)
Protesta ante el Congreso, el 10 de diciembre de 2021, reclamando mejoras en la Ley de Memoria Democrática. (Photo: Europa Press News via Getty Images)

Protesta ante el Congreso, el 10 de diciembre de 2021, reclamando mejoras en la Ley de Memoria Democrática.  (Photo: Europa Press News via Getty Images)

Luego, va al detalle: aparte de los plazos y la Amnistía, reclama que, con la nulidad de las sentencias, “el Estado actúe de oficio para que las familias recuperen los bienes incautados, se les devuelva el importe actualizado de las sanciones y se rehabilite públicamente desde todas las instituciones el buen nombre de las personas que fueron injustamente condenadas”. También que haya actos de reparación en “todos los municipios del Estado” dando los nombres de “personas perseguidas, depuradas, difamadas, reprimidas por su opción de género, por su militancia o atacadas de cualquier modo por las autoridades golpistas”.

La ARMH reclama también un “censo de verdugos y de personas que se beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la dictadura”, que se concreten las indemnizaciones, que se le pidan cuentas a la Iglesia católica por su papel de pilar de la dictadura y su represión y que haya un compromiso de subvención para abrir las fosas que restan.

Esta mañana, ante el Congreso, varias asociaciones memorialistas más han protestado porque la ley “no garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura” ni la reparación, por lo que piden que “vaya más lejos”. “Estamos reclamando que esta ley no sea otra vez una ley fallida para las víctimas del franquismo. Han pasado 45 años desde las primeras elecciones democráticas y las víctimas del franquismo seguimos estando ninguneadas”, ha declarado a los medios durante la protesta la presidenta de la comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista, Rosa García, informa EFE.

A estas críticas se han sumado las de políticos de la Transición, incluso del PSOE, historiadores y pensadores que, desde la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición han firmado un manifiesto en el que se denuncia que se “tergiversa” el “gran pacto constitucional” de aquellos años. Ponen su nombre al pie personalidades como el expresidente del Senado, Juan José Laborda, y el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas.

“Nuestro vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles. Y, por ello, no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983”, señalan los firmantes. Reclaman por ello que se frene su aprobación y así no se instaure una “verdad oficial”, por más que defiendan la necesidad de dar dignidad a las víctimas.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a estas quejas asegurando que la norma “reconoce que la Transición fue ejemplar y quienes la hicieron también hicieron un trabajo ejemplar”. Lo que conviene, enfatiza, es “darle una lectura” al articulado “antes de apresurarse a hacer valoraciones”, ya que “condena el franquismo y homenajea a las víctimas de la guerra y de la dictadura de todos los bandos”. Lo que no vale, dicen las asociaciones, es la ceguera de que aquel diálogo y aquel consenso, tan difíciles, tuvo su cara negra.

La aprobación de la norma, con este mar de fondo, se produjo tras un tenso debate, con reproches cruzados de grueso calibre entre grupos de derecha e izquierda, en los que las víctimas de la dictadura franquista se mezclaron incomprensiblemente con las de la banda terrorista ETA. A tal nivel subió la fiebre que hasta los diputados de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC abandonaron el salón de plenos cuando intervino Vox.

Pese a todo, la Ley de Memoria Democrática ya es una realidad y supone es una grieta en el relato monolítico de esos años y en el bloqueo a la justicia, el conocimiento y la reparación. Y por ahí es por donde entra la luz.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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