Puede que la ley de Irene Montero sea una chapuza, pero no es solo responsabilidad de Podemos

Mientras continúa el goteo de rebajas de penas a condenados por agresión sexual, en el Ministerio de Igualdad y Podemos, liderado por Irene Montero, siguen atrincherados en su defensa de la llamada ley del solo sí es sí y han iniciado una guerra contra la judicatura, a la que acusan de machista. Tanto jueces progresistas como conservadores critican la reacción y aseguran que simplemente se está aplicando el principio básico de la retroactividad de una ley si esta beneficia al reo, como ocurre en este caso.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. (Foto: Isabel Infantes / Europa Press / Getty Images).
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (Foto: Isabel Infantes / Europa Press / Getty Images).

Lo cierto es que parece evidente que el departamento que dirige Irene Montero no previó determinadas consecuencias de la aprobación de su ley estrella y su actitud tras las rebajas de condenas demuestra que no está dispuesto a dar marcha atrás, pese al daño que pueden sufrir tanto el ministerio como la política de Podemos con el beneficio que están teniendo delincuentes sexuales.

No obstante, la culpa de que esto esté sucediendo no es solo de Montero ni de su partido. Y es que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (su nombre real) fue aprobada en primera instancia en mayo en el Congreso de los Diputados por un total de 10 partidos sin hacer ninguna enmienda al texto que presentó Igualdad. Además de la formación morada y del PSOE (la presentaron conjuntamente), votaron a favor ERC, Bildu, PNV, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Más País, Compromís y BNG. Solo se opusieron el Partido Popular y Vox, mientras que la CUP se abstuvo.

Después pasó por el Senado, donde también podría haber sufrido modificaciones, pero tampoco fue así. Por ello, regresó sin cambios al Congreso, que le dio finalmente luz verde el pasado mes de agosto con el apoyo de los mismos 10 partidos que en la primera votación.

Montero el día que se aprobó definitivamente en el Congreso la llamada ley del solo sí es sí. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images).
Montero el día que se aprobó definitivamente en el Congreso la llamada ley del solo sí es sí. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images).

Hay más hechos que evidencian que las rebajas de penas a los condenados por agresión sexual no son responsabilidad única de Podemos. El debate para reformar el Código Penal en lo referente a los delitos de este tipo comenzó tras las críticas a la sentencia de La Manada, con el Partido Popular aún en el gobierno.

Se aceleró tras la llegada al poder del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Esta última formación se quedó con el Ministerio de Igualdad y redactó una ley que, en principio, fue criticada por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Aquello provocó una crisis entre ambos partidos del ejecutivo, pero finalmente el texto se cambió tras las negociaciones entre Justicia e Igualdad antes de ser aprobado en Consejo de Ministros como anteproyecto de ley en marzo de 2020. No obstante, tampoco entonces se tuvo en cuenta que determinados delincuentes sexuales podrían salir beneficiados.

La ministra de Igualdad y la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunciando en la rueda posterior al Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020 la aprobación del anteproyecto de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images).
La ministra de Igualdad y la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunciando en la rueda posterior al Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020 la aprobación del anteproyecto de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images).

Desde que salió el anteproyecto en el Consejo de Ministros hasta la aprobación de la ley en el Congreso pasaron más de dos años. En ese tiempo, el Consejo General del Poder Judicial advirtió de que el texto, al rebajar en algunos casos las penas asignadas a las agresiones consideradas antes abusos, podían tener “un efecto de desprotección de las víctimas”.

Ni los partidos del gobierno ni ninguno otro de los que votó a favor hicieron caso al CGPJ. En los debates en el Congreso, PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad y también advirtieron del peligro de rebajar ciertas penas. Tampoco se les tuvo en cuenta

Así se ha llegado a esta situación que ha puesto contra las cuerdas a Montero y a Podemos, aunque no sean los únicos responsables. Eso sí, su huida hacia delante cargando contra la judicatura puede hacerles aún más daño.

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