Las políticas de conservación no están basadas en la ciencia, y eso es un problema

El lobo (<em>Canis lupus</em>) es una de las especies cuyos planes de conservación incluyen caza selectiva y descaste, y se cuenta entre las que menos se ajustan a las evidencias científicas (AP Photo/Douglas Pizac, File)
El lobo (Canis lupus) es una de las especies cuyos planes de conservación incluyen caza selectiva y descaste, y se cuenta entre las que menos se ajustan a las evidencias científicas (AP Photo/Douglas Pizac, File)

En este blog traemos a menudo noticias sobre lo último que se ha aprendido en Biología de la Conservación. Como amantes de la naturaleza, estamos convencidos de que cuanto más sepamos mejor podremos proteger la biodiversidad. Los nuevos conocimientos luego se transforman en medidas de conservación, y así se mejora en la protección de la naturaleza.

Es una pena que no sea así. Porque tal y como explica un artículo reciente, este no es el caso. Para su estudio, los investigadores se han basado en las medidas y políticas de conservación en Estados Unidos, pero los datos son extrapolables. Y es sorprendente la baja cantidad de medidas que tienen una base científica.

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Como ejemplo, los científicos han analizado los permisos y temporadas de caza. La idea, que proviene de la ciencia, puede parecernos cruel. Pero según las evidencias y los datos, los descastes de población – la caza selectiva de individuos de mayor edad, o enfermos, por ejemplo – son un mal necesario para proteger a la población y especie en su conjunto.

Bien, pues más de un 60% de los planes puestos en marcha para realizar estos descastes no cumplen con los criterios científicos en los que supuestamente se basan. El dato es incluso peor si nos fijamos en cuántos explican sus cuotas: apenas un nueve por ciento.

Lo curioso es que el público general, e incluso algunos gestores y políticos, están convencidos de que sus criterios se adaptan a lo que aconseja la ciencia. Vaya, que no en todos los casos se trata de mala fe, más bien de ignorancia.

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Pero para poder mantener una discusión seria sobre conservación –y no sólo hablando de descastes, también de zonas de protección, control de plagas y especies invasoras, corredores ecológicos y un largo etcétera– hay que ponerse de acuerdo en qué criterios seguir.

Los autores del artículo plantean una opción interesante. En la cultura política americana lo llaman “el test de Litmus”, que no tiene una traducción adecuada en castellano. Se usa para referirse a una pregunta en concreto que determina la validez de un candidato a un puesto determinado. Pero también se puede emplear en el sentido de una pregunta que determine la validez de una propuesta política.

De hecho, proponen incluso la manera de llevar a cabo este “test de Litmus”: si una propuesta cuadra con las evidencias científicas, su tramitación es transparente para el público y, sobre todo, si se definen objetivos claros y coherentes, la propuesta merece la pena. Si falla en uno, o más, de estos criterios, se debe descartar. Esperemos que esta propuesta basada en la ciencia sí llegue a buen puerto.

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