Las cuentas pendientes de Aguirre

EFE

Esperanza Aguirre ya no ocupa ningún cargo oficial. El último que le quedaba, el de portavoz popular del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado ya a manos de Iñigo Henríquez de Luna tras su dimisión de ayer. Pero la renuncia al puesto no le exime de responsabilidades políticas. Ni eso, ni la ignorancia de la que ha hecho gala al reconocerse sorprendida por los desmanes realizados por su mano derecha, Ignacio González.

Porque la lista de imputados de la ‘operación Lezo’ no está cerrada ni mucho menos. Y son muchas las voces que aseguran que Aguirre puede acabar en ella como, al menos, encubridora de la “trama criminal” detectada por el juez Velasco. Dependerá de si el magistrado se cree si papel de jefa ignorante que nunca se enteró de lo que pasaba en su partido ya que todos los consejeros de sus Gobierno encargaron en algún momento actos a la trama de ‘Gürtel’

Por eso la ‘lideresa’ que siempre presumió de dar la cara ayer no aceptó que la prensa le hiciera una sola pregunta. Era mayor el miedo a equivocarse en sus respuestas y acabar incurriendo en alguna contradicción, que el de saldar cuentas en su despedida.

Además de su posible implicación en la ‘operación Lezo’, quedan pendientes sus declaraciones de bienes. La ya exportavoz popular del PP en Madrid se ha negado a hacerlas públicas a pesar de que en 2015 aseguro que lo haría. Por eso queda la duda de si Aguirre incumplió la ley de incompatibilidades y si declaró a Hacienda la supuesta donación de las participaciones que tenía en Savial SL, una firma dedicada a la explotación agrícola.

Según publicó Infolibre, tanto Savial SL como Ganadera Bornos SC -ambas empresas del marido de Aguirre- se habrían beneficiado desde su creación de casi 6 millones de euros de dinero público en forma de subvenciones.

En esta artimaña tiene un papel protagonista Cristina Cifuentes quien ordenó a su grupo parlamentario que votara en contra de la petición de Podemos por ampliar la Ley de transparencia a las declaraciones de bienes de sus señorías.

Dado que no hay acceso a la misma, habrá que fiarse de la palabra de Aguirre. Pero esta tampoco arroja luz sobre el caso. Preguntada en su día por La Sexta, la exsecretaria general del PP de Madrid señaló: “Pues no lo sé, lo comprobaré […] No sé si lo puse o no lo puse… no me acuerdo”. Es decir, que Aguirre no recuerda si incumplió la Ley.

¿De cuánto dinero se trata? Tampoco se sabe el dato exacto, pero teniendo en cuenta que en la constitución de la empresa Aguirre se quedó con el 39% del capital, y que la empresa alcanzó en 2007 una cotización en Bolsa por valor de 3.079.421, se puede presuponer que la venta de acciones le reportó a Aguirre cerca de 1,2 millones de euros por los cuales no declaró ante Hacienda.

Y queda por saber su Aguirre es engullida por la ‘operación Púnica. Dependerá de lo que cante Francisco Granados. Su otra ‘rana’ ya ha flirteado con la Justicia para desvelar los secretos de la trama a cambio de una reducción de su condena. Por eso el pasado marzo pidió sentarse ante el juez para pedirle que llamara a declarar a Aguirre y que ésta explicara “el papel que [él] desempeñaba en la Comunidad de Madrid, su influencia en la gestión de otros consejeros, su supuesta influencia en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, etc.…”.

Aguirre se ha ido, pero sus responsabilidades políticas siguen ahí. Falta saber quién paga la cuenta.

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