Las claves de la Ley de Transitoriedad con la que Catalunya quiere romper con España

WTB

(Agencias/WTB) Junts pel Sí y la CUP registraron ayer día 28 de agosto en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de “desconexión”. Ambos grupos han pactado que la norma sea aprobada antes del 1 de octubre, fecha elegida para referéndum de independencia que van a convocar esas mismas formaciones junto con la CUP de manera unilateral, sin contar con el beneplácito del Gobierno de España.

Y viendo los de los detalles de la Ley de Transitoriedad, parece que el acuerdo con Madrid está más lejos que nunca: la legislación es todo un manual de instrucciones para que Catalunya se separe del resto del Estado.

Carles Puigdemont, principal impulsor de la Ley de Transitoriedad (AP Photo/Manu Fernandez)
Carles Puigdemont, principal impulsor de la Ley de Transitoriedad (AP Photo/Manu Fernandez)

Con 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley se convertiría en la “norma suprema” hasta la aprobación de la nueva “constitución catalana” y las elecciones posteriores, una “transición” que tendría un plazo aproximado de un año.

El preámbulo de la ley resume que el texto “atribuye la soberanía nacional al pueblo de Catalunya, se reconoce como norma suprema mientras no sea aprobada la Constitución, proclama respeto por el derecho de la Unión Europea y por el derecho internacional y delimita el territorio en el que ejercerá su soberanía y fija, con criterios continuistas, los requisitos para tener la ciudadanía, aunque exigir un periodo mínimo de empadronamiento en un municipio de Catalunya para tener la nacionalidad de origen y prestando especial atención en evitar la apatrídia y permitir una amplia posibilidad de poseer la doble nacionalidad”.

La ley establece en sus primeros artículos el régimen de obtención de nacionalidad catalana que obtendrán automáticamente las personas que tengan nacionalidad española y estén empadronadas en Catalunya desde diciembre de 2016.

En el plano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo nacional, permitiendo impugnar eventuales condenas a responsables políticos catalanes por organizar un referéndum prohibido.

Además, el Fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern; se crearían instituciones judiciales como la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, similar al Consejo General del Poder Judicial; se eliminaría la jurisdicción militar; y jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, si no renuncian a ello.

El Ejército español, por su parte, debería abandonar Cataluña, cuyas aduanas pasarían a ser controladas por la Generalitat. El personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en mismas condiciones retributivas y empleo, salvo renuncia.

La Generalitat sería la única “autoridad” tributaria, pero la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado. Por su parte, los idiomas oficiales de la República de Catalunya serán el catalán, el español y el aranés.

Por su parte, el Gobierno de España ha asegurado que la norma “nunca entrará en vigor”. Tanto Rajoy como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mostrado su rechazo frontal a la Ley de Transitoriedad y han anunciado que van a trabajar unidos para hacerla frente.