La gran incógnita del caso de la mujer en estado vegetativo que dio a luz a un niño en una clínica de Phoenix

POR Wilfredo Cancio Isla-. Las inauditas circunstancias en que una nativa americana en estado vegetativo dio a luz en una clínica de Phoenix, Arizona, están bajo intensa investigación policial en medio de un escándalo que ha conmovido al país.

Investigadores de la policía de Phoenix están en la búsqueda de muestras de ADN de todos los empleados varones de Hacienda HealthCare, la institución donde la mujer, de 29 años y miembro de la Tribu Apache de San Carlos, ha permanecido en estado de coma por más de una década.

En esta fotografía del 4 de enero de 2019 se muestra la clínica privada Hacienda HealthCare en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

A la vez, el Departamento de Salud de Arizona emprendió una pesquisa sobre las condiciones de la clínica, que se promociona como una institución líder en servicios a pacientes con enfermedades crónicas, de acuerdo con reportes locales.

El bebé es varón y el parto se produjo el pasado 29 de diciembre, aunque se desconoce aún el nombre de la mujer.

Terry Rambler, presidente de la tribu, dijo en una declaración el martes que estaba “profundamente conmocionado y horrorizado por el trato que recibió uno de nuestros miembros”.

El abogado John Micheaels, representante de la familia afectada, manifestó en un comunicado que estaban “indignados y conmocionados” por el abuso y la negligencia de que ha sido víctima la mujer.

Micheaels agregó que el niño nació en una familia amorosa y será bien cuidado, pero señaló que “no están preparados emocionalmente para hablar del caso” a pesar del enorme interés público que ha desatado.

También el gobernador Doug Ducey calificó la situación de “profundamente preocupante”.

El Departamento de Salud de Arizona emprendió una pesquisa sobre las condiciones de la clínica Hacienda HealthCare en Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Por lo pronto, el presidente de la clínica, Bill Timmons, presentó su renuncia el lunes y fue aceptada en pleno por la junta directiva. “No aceptaremos nada más que una explicación completa de esta situación absolutamente horripilante, un caso sin precedentes que ha devastado a todos los implicados, desde la víctima y su familia hasta el personal de Hacienda HealthCare en cada uno de los niveles de nuestra organización”, manifestó Gary Orman, vicepresidente ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

Lo que sigue siendo el principal enigma es cómo ningún empleado de la clínica sabía que la paciente estaba embarazada, según indicó el sitio local de noticias Azfamily.com.

El peligro que acecha a las nativas americanas

Pero el caso no solo ha generado cuestionamientos sobre las negligencias médicas que gravitan sobre la entidad, sino también sobre los graves problemas de discriminación y violencia sexual que afectan a las mujeres nativas de Estados Unidos.

Según una reciente investigación del Departamento de Justicia, las nativas de EEUU son asesinadas o abusadas en sus tribus o poblados cercanos en un índice superior al resto de las mujeres del país. Más de dos tercios de las agresiones sexuales las cometen hombres blancos o no nativos, ajenos a la jurisdicción tribal.

“El asesinato y la agresión sexual son un verdadero temor entre las mujeres nativas americanas”, dijo Lisa Brunner, codirectora del Colectivo de Derechos Humanos de Mujeres Indígenas y profesora y coordinadora cultural en el Colegio Comunitario y Tributario de White Earth en Mahnomen, Minnesota.

Un estudio del Instituto Nacional de Justicia, realizado en 2016, reveló que más de la mitad de las mujeres nativas americanas han sufrido abuso sexual, incluyendo a más de un tercio que han sido violadas durante su vida, una tasa que resulta 2.5 veces mayor que la que afecta a las mujeres blancas.

Las nativas de Estados Unidos son víctimas de asesinatos y abusos sexuales en un índice superior al resto de las mujeres del país. REUTERS/Stephanie Keith

Casos que escapan por las grietas del sistema judicial

Para agravar las cosas, las autoridades tribales no pueden arrestar ni procesar a hombres no nativos que atacan a mujeres nativas americanas en las reservaciones en virtud de una decisión de la Corte Suprema de 1978.

Si una persona blanca comete un asesinato o una violación contra un nativo americano, el gobierno federal tendría jurisdicción sobre esos delitos, en lugar de la tribu o el gobierno estatal.

Sin embargo, las estadísticas revelan que cuando los agentes de la ley tribal enviaron casos de abuso sexual al FBI y al Departamento de Justicia, los fiscales federales rechazaron más de dos tercios de ellos, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 2010.

El tema de las desapariciones y los asesinatos de nativos americanos, la mayoría de ellos mujeres, motivó una audiencia especial en el Comité de Asuntos Indígenas del Senado el pasado año. Solo en 2018, en Montana se reportaron 24 desapariciones.

“Estamos aquí hoy porque tenemos una epidemia en nuestras manos”, manifestó el senador Jon Tester, de Montana durante la audiencia en el Comité. “Los nativos americanos en Montana y en todo el país están lidiando con la violencia a un ritmo mucho más alto que el resto de la población… No se puede poner un pie en el país indio sin escuchar una historia desgarradora sobre este creciente problema”.

(AP Photo/David Goldman, file)

Tester y su colega Steve Daines planean retomar un proyecto legislativo que requeriría que el Departamento de Justicia revise los protocolos de aplicación de la ley y mejore la recopilación de datos sobre los nativos americanos muertos o desaparecidos.

El proyecto fue aprobado en el Senado el pasado diciembre, pero fue inicialmente bloqueado en la Cámara de Representantes.

Ahora, con una mayoría demócrata, es posible que la ley avance.

Las representantes demócratas Sharice Davids (por Kansas) y Deb Haaland (por Nuevo México) fueron las primeras mujeres nativas elegidas para el Congreso de EEUU, el pasado noviembre, después de una elección de mitad de término en la que un número histórico de nativos americanos ganaron cargos federales, estatales y locales.

Pese al impasse en el Congreso, el Departamento de Justicia anunció en septiembre más de 113 millones de dólares en subvenciones para mejorar la seguridad pública, atender a las víctimas de delitos y combatir la violencia contra las mujeres en las comunidades nativas del país.