La Fiscalía rechaza investigar a Ábalos por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas

Carmen Rengel
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José Luis Ábalos, el pasado julio, en el Senado. (Photo: Europa Press News via Getty Images)
José Luis Ábalos, el pasado julio, en el Senado. (Photo: Europa Press News via Getty Images)

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el pasado 20 de enero.

El Ministerio Público ha remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal el informe en el que se opone a las querellas de los partidos Laócrata y Vox contra Ábalos, a quien le atribuyen un presunto delito de prevaricación por el encuentro que mantuvo con Rodríguez, quien tiene prohibida, por la Unión Europea, la entrada y tránsito en zona Schengen.

Ambos partidos aseguran que Ábalos autorizó a la vicepresidenta de Venezuela para que “atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas”, pese a que “tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo”.

Pero la Fiscalía del Supremo señala que las querellas están “basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente Vozpópuli, edición digital) y en la “declaración notarial” de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados”.

Respecto a la prevaricación que le imputan al ministro, la Fiscalía afirma que “pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan”.

No concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan

Todo ello, añade, “desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria”, de modo que “de las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad”.

Apunta el ministerio público que no existen indicios de que la supuesta intervención de Ábalos “fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico”.

“No olvidemos que además, y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo”, añade el escrito.

Por todo ello, la Fiscalía dice que “no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones”, sin perjuicio del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

La citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo

Porque el Partido Laócrata no solo llevó el encuentro entre Ábalos y Rodríguez al Supremo, sino que también denunció los hechos ante este juzgado de Madrid, al igual que hizo Vox y el PP.

En esa causa ya están personados Vox y Laócrata tras depositar las respectivas fianzas impuestas por el juez para poder ser acusación popular en el procedimiento, mientras que el PP está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre el recurso que interpuso contra la fianza que le pidió el magistrado.

Tras unificar todas las denuncias presentadas, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior un informe del protocolo de actuación con los pasajeros tras llegar los vuelos y qué funcionarios son los encargados de cumplimentarlo.

El juez Antonio Serrano comenzó a investigar el caso tras recaer en su juzgado la querella del partido Laócrata contra autoridades policiales del aeropuerto madrileño de Barajas por prevaricación.

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Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.