La barra libre de la monarquía se va a terminar

Asier Martiarena

La Familia Real atraviesa uno de sus peores momentos de popularidad. EFE.

Lo que hasta hace unos años parecía imposible, está sucediendo ahora. Los Servicios jurídicos de la Abogacía General del Estado han recibido una petición nada habitual. Se les ha consultado por la inviolabilidad de Juan Carlos I con motivo de las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre sus presuntos negocios opacos en el extranjero. Y el remitente de la consulta ha sido el PSOE. El PSOE de Pedro Sánchez, se entiende, porque ninguno de sus predecesores se atrevió siquiera a plantear la apertura de semejante melón.

El acercamiento ha sido informal, según detalla ‘El Mundo’. “Una consulta verbal” que no implica que se vaya a producir movimiento alguno en las próximas semanas. Pero no deja de ser novedoso que un Gobierno español cuestione el blindaje del que, hasta la fecha, ha disfrutado la Corona en España.

En Moncloa saben que el malestar generado por las corruptelas de la Familia Real es irreversible. Mientras los asuntos se centraron en Iñaki Urdangarían y su esposa, la infanta Cristina, se lograron salvar los muebles e incluso se pactó la abdicación en favor de Felipe VI. Pero ahora que la mancha se extiende a más personas, es difícil prever el malestar social. Especialmente desde que el PP percibió que algo estaba pasando y eliminó a la Casa Real de los estudios que hace el CIS.

Y metidos en harina, el PSOE ya ha obtenido respuesta.”El rey emérito perdió su inviolabilidad tras abdicar. Y así se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución:

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2”. Pero, como señala El Mundo, Juan Carlos I ya no está amparado por este precepto constitucional, puesto que perdió la inviolabilidad tras su abdicación. En consecuencia, el rey emérito puede responder ante los tribunales por acciones posteriores a junio de 2014 salvo que sean labores de representación institucional, en cuyo caso sí que está blindado.

Pero tener a Corinna como testaferro para negocios opacos en el extranjero no son labores de representación de España. Ni tampoco participar en operaciones de blanqueo de fondos o cobrar una comisión millonaria a cambio del proyecto del Ave a la Meca. Así que el rey emérito ya puede andarse con cuidado. El PSOE va a intentar contener a la oposición, pero son varios los partidos que reclaman que se investigue lo sucedido. Entre ellos el PNV, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu.

Y así está siendo. La Audiencia Nacional “mantiene abierta una pieza separada” para investigar las cintas de Corinna, que ya han sido requeridas a los medios que las publicaron para ser analizadas en la Audiencia Nacional -El Español ya las entregó ayer-. En el supuesto de que el juez Diego de Egea advirtiera indicios de delito contra Don Juan Carlos, no podría tomarle declaración como imputado sino enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo, ya que sigue estando aforado a pesar de todo.