"Justicia por nuestros hijos", piden desde México a siete años del caso Ayotzinapa

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Siete años después de la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos, sus familiares y miles de ciudadanos tomaron las calles de Ciudad de México para exigir claridad y Justicia. Y aunque se trató de establecer una verdad histórica desde la Administración de Enrique Peña Nieto, esta quedó sin legitimidad por falsedades e inconsistencias. En efecto, el presidente López Obrador pidió la extradición del funcionario que la inventó y que hoy se encuentra prófugo en Israel.

Este domingo 26 de septiembre miles de mexicanos salieron a exigir el esclarecimiento de lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hace siete años en el estado de Guerrero en México. La marcha inició en el Ángel de la Independencia en el centro de la Ciudad de México y terminó en la plaza del Zócalo.

En las protestas, encabezadas por los familiares de las víctimas, los manifestantes coreaban “vivos se los llevaron, vivos los queremos", mientras alzaban pancartas con los rostros de los estudiantes.

Uno de los padres dijo que "los que estamos aquí no vamos a dar un paso atrás hasta saber la verdad. Si tenemos que morir, tenemos que morir, pero de pie y exigiendo Justicia por nuestros hijos".

Los ciudadanos también recordaron a los tres padres de las víctimas que fallecieron sin conocer la verdad de los hechos.

Cuando llegaron a un monumento con el símbolo "+43", uno dijo que "en memoria de ellos vamos a exigir Justicia y vamos a seguir caminando hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes".

Previo al inicio de la marcha, un sacerdote ofreció una misa en conmemoración a los desaparecidos.

En siete años las autoridades solo han identificado a tres de los desaparecidos

Ellos son: Christian Rodríguez, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora. Los restos de los dos primeros fueron hallados en la barranca de la Carnicería, aunque en periodos diferentes. Rodríguez en 2020 y Guerrero este junio, mientras que el cuerpo de Mora fue encontrado en un río en 2014.

Estos hallazgos rompieron con la teoría conocida como la "verdad histórica" establecida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En ella, afirmaban que los estudiantes fueron arrestados por policías corruptos, entregados al cártel Guerreros Unidos, y posteriormente asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Luego, habrían arrojado las cenizas a un río cercano.

Pero esta versión fue cuestionada, desde un principio, por los familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En septiembre de 2015, expertos internacionales publicaron un informe en el que se afirmó que varios testigos vieron a policías y militares en el lugar del secuestro de los estudiantes.

Ante las inconsistencias que iban emergiendo cada vez con más fuerza, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en 2018 y le puso fin al relato instaurado en la Administración anterior.

Tomás Zerón, el hombre a cargo de la investigación y artífice de aquella teoría, se encuentra prófugo en Israel. Por eso, el actual presidente de México le confesó a los padres de los estudiantes desaparecidos, el viernes pasado, que solicitó su extradición. Aún así, los afectados criticaron la incapacidad de las autoridades, en especial de la Fiscalía y el Ejército, para hallar la verdad de un evento que dejó profundas heridas en la sociedad mexicana.

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