Justicia francesa da 9 meses al Estado para tomar medidas adicionales sobre clima

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El Estado francés debe tomar en un plazo de nueve meses "todas las medidas útiles" para alcanzar su objetivo de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, ordenó el jueves la justicia, en una decisión sin precedentes.

El Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa del país, estimó que la trayectoria actual de Francia no le permite cumplir con sus compromisos en materia climática, tras una demanda de una comuna del norte francés, Grande-Synthe, que se estima amenazada por la subida del nivel del mar.

Así, los magistrados ordenaron al "primer ministro que tome todas las medidas útiles que permitan invertir la curva de emisiones" con el fin de que Francia respete los objetivos establecidos en el marco internacional del Acuerdo de París.

El gobierno dispone de un plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para justificar sus acciones. En ese momento, Francia se encontrará en plena campaña para las elecciones presidenciales por lo que el caso podría cobrar protagonismo en los debates.

Pasada esa fecha, los magistrados del Consejo de Estado evaluarán las medidas tomadas por el ejecutivo y, de ser insuficientes, podrían imponer una multa coercitiva.

- Una trayectoria insuficiente -

La decisión de este jueves tiene lugar después de que el Alto Consejo para el Clima (HCC), organismo de evaluación independiente creado por el presidente Emmanuel Macron, estimara de nuevo el martes que "los esfuerzos actuales son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos".

Francia redujo 1,9% sus emisiones en 2019 y 9,2% en 2020 según las estimaciones, pero esta caída excepcional se debe al frenazo económico que provocó la pandemia del covid-19.

El HCC avisa además de que la Unión Europea se apresta a revisar al alza sus metas climáticas, lo que podría requerir mayores esfuerzos por parte de Francia para alcanzarlas.

Esta semana, el gobierno francés indicó que trabaja para "reforzar los objetivos franceses" y que estudia anunciar "medidas complementarias para cumplir con (sus) ambiciones" después del verano boreal.

En noviembre pasado, el Consejo de Estado había dado tres meses al ejecutivo para justificar sus acciones.

El gobierno alegó entonces principalmente que aguardaba los efectos esperados de la nueva ley sobre clima, en discusión en estos momentos en el Parlamento.

Pero el relator público, magistrado encargado de presentar sus recomendaciones al Consejo de Estado, destacó que Francia ya estaba atrasada respecto a sus metas de reducción de emisiones e instó además a sus colegas a preguntarse si las medidas en preparación funcionarían.

Los jueces respondieron negativamente, en lo que fue calificado como una "decisión histórica" por la abogada de la comuna de Grande-Synthe y exministra de Ecología, Corinne Lepage.

"Seguiremos de cerca la situación para verificar que la decisión se aplica de forma efectiva", aseguró por su parte Guillaume Hannotin, abogado de cuatro oenegés que se sumaron a la demanda de la comuna.

Las denuncias contra las autoridades públicas en materia climática se multiplicaron en los últimos años en varios países del mundo, en casos en que la justicia muy a menudo dio la razón a los demandantes, como sucedió recientemente en Holanda y Alemania.

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