"Justicia cueste lo que cueste": Nicaragua a cuatro años del estallido social

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El 18 de abril de 2018 estalló una serie de protestas en Nicaragua, inicialmente contra una reforma al sistema de salud que se extendió a otros reclamos contra la Administración de Daniel Ortega. La represión de las fuerzas armadas cobró protagonismo y al menos 355 personas murieron, según la CIDH. Hoy, cuatro años después, las familias de las víctimas reclaman Justicia y Ortega sigue en el poder tras su reelección el pasado noviembre y luego de enviar a prisión a la mayoría de aspirantes presidenciales.

“Me duele respirar”. Estas fueron las últimas palabras de Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años que falleció por un disparo cuando llevaba agua a un grupo de estudiantes que protestaba contra el presidente Daniel Ortega, en Managua.

Con su último mensaje, opositores y artistas recuerdan la asfixiante represión que permanece en el país, cuatro años después de la ola de protestas que estalló el 18 de abril de 2018.

"Fue escrito con mucho dolor, en medio de llantos, porque era recordar las muertes, a las madres llorando, a los jóvenes, a los universitarios, a los campesinos siendo flagelados", ilustró el poeta nicaragüense Carlos Alemán Rivas, que escribió un libro inspirado en la revuelta popular de hace cuatro años y que titula con las últimas palabras de Conrado.

El adolescente murió dos días después del inicio de las movilizaciones y como él decenas de personas más perdieron la vida en medio del estallido social. Las manifestaciones que se extendieron por cinco meses dejaron un saldo de 355 fallecidos y más de 100.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Inicialmente, los ciudadanos protestaron en rechazo a una reforma al sistema de salud impulsada por la Administración de Ortega. Aunque el 22 de abril el Gobierno derogó la polémica medida, el descontento social se extendió a otras inconformidades, entre ellas la fuerte represión con la que respondían las fuerzas de seguridad a los manifestantes.

Miles pidieron la dimisión de Daniel Ortega, pero ahora, cuatro años después, Ortega sigue aferrado al poder y los familiares de quienes murieron denuncian impunidad.

“Justicia y verdad”, la petición de las familias de las víctimas

Para el mandatario Daniel Ortega, las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado que trató de reavivarse antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, gobiernos como Estados Unidos y las familias de los fallecidos, denuncian una violenta respuesta por parte de las fuerzas gubernamentales que “deslegitimaron” al Gobierno, señaló Washington.

"Justicia y verdad. Eso es lo que queremos, que nos digan lo que pasó. A cuatro años de su muerte no hay ninguna persona detenida", replica el padre de Álvaro Conrado, que lleva el mismo nombre.

Al mismo reclamo y dolor se suman cientos de familias más. "Estas fechas son de mucho dolor e impotencia. Para mí no existe borrón y cuenta nueva; quiero y exigiré Justicia, cueste lo que cueste", afirma Francisca Machado, madre de Franco Valdivia, un estudiante de entonces 23 años que estudiaba derecho y que también falleció durante las protestas.

"Era el menor de mis dos hijos (...) con tanto sacrificio lo saque adelante; en un instante le arrebataron su vida y me han dejado un gran vacío y dolor irreparable", cuenta Machado.

Además, de las muertes violentas, muchos denuncian detenciones arbitrarias durante y después de las manifestaciones.

"Después que me llevaron ahí me trajeron hecho paste", es decir, en mal estado de salud, lamenta Justo Rodríguez, un agricultor de 69 años que pasó ocho meses en la cárcel y fue detenido en 2020 presuntamente por participar en el segundo aniversario de las revueltas, acusación que él rechaza.

Hoy está libre, pero tras enfermar en prisión el costo ha sido alto. Se encuentra postrado en una cama con dificultades para hablar.

De la represión armada a la represión política

Desde las protestas de 2018, Nicaragua ha seguido sumergida en una profunda crisis política y social. En estos últimos años la Administración de Ortega ha enviado a prisión a decenas de ciudadanos y rivales políticos.

Todo en momentos en que las entidades del Estado están controladas por representantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre las capturas más recientes y notorias se encuentran las de aquellos que intentaron desafiar en las urnas una continuidad de Ortega. El mandatario izquierdista consiguió el pasado noviembre su quinto mandato, el cuarto consecutivo, luego de enviar a la cárcel a la mayoría de aspirantes presidenciales, con penas de hasta 13 años.

Fue reelegido con el 75 % de los votos, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, pero sin una clara oposición.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, aseguró a AFP que el Gobierno aún mantiene 177 opositores en prisión, entre ellos siete ex precandidatos a la Presidencia.

"Otra forma de represión es quitar el pasaporte a la gente para que no viaje y si están fuera del país no pueden renovar ese documento, lo que les deja en ilegalidad", agregó Núñez, presidenta de uno de los pocos organismos independientes en el país, aunque también vetado por Ortega.

El pasado 17 de marzo, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ordenó el cierre de otras 25 ONG que funcionaban en el país, entre ellas el Cenidh.

Todas las organizaciones afectadas se dedican a la defensa de la libertad de prensa, los derechos de las mujeres e indígenas y la protección del medio ambiente.

Managua justificó una supuesta falta de transparencia por no reportar sus estados financieros al Gobierno.

Pero la oposición y los defensores de derechos humanos apuntan a una represión constante para socavar las libertades civiles. Acciones que en un país, con un Legislativo y entidades del Estado en manos del partido gobernante, están lejos de cesar.

Con AFP, EFE y medios locales

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