La junta militar de Myanmar ejecuta a cuatro activistas prodemocracia

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Las autoridades militares, que controlan Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, ejecutaron a cuatro activistas presos, los primeros casos de este tipo que se conocen en décadas. Entre las víctimas se encuentra Phyo Zeya Thaw, exdiputado del partido de la derrocada líder Aung San Suu Kyi, y el destacado activista por la democracia Kyaw Min Yu. Todos fueron acusados de distintos cargos relacionados con terrorismo.

Conmoción y repulsión en Myanmar por el uso de la pena capital en décadas.

Los medios de comunicación controlados por la junta militar informaron este lunes 25 de julio que cuatro activistas presos fueron ejecutados. Todos habían sido condenados en juicios cerrados este año, tras ser detenidos después del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, en el que las autoridades castrenses detuvieron a la líder Aung San Suu Kyi y al presidente Win Myint, quienes continúan privados de su libertad.

Entre los hombres asesinados se encuentra Phyo Zeya Thaw, un exdiputado del partido Liga Nacional por la Democracia de la líder derrocada Aung San Suu Kyi. También conocido como Maung Kyaw, fue condenado por un tribunal militar a puerta cerrada, por delitos relacionados con la posesión de explosivos, atentados con bombas y financiación de terrorismo.

El mundo necesita responsabilizar a los militares por las ejecuciones. “Tienen que pagar”, afirmó su esposa, Thazin Nyunt Aung, tras conocer lo ocurrido.

El exlegislador, de 41 años, había sido músico de hip-hop antes de convertirse en político. Fue arrestado en noviembre 2021, cuando medios estatales reportaron que fue señalado de ser una figura clave en una red que llevó a cabo lo que los militares llamaron “ataques terroristas”, durante las protestas prodemocracia, en Yangon, la ciudad más grande del país.

También fue ejecutado Kyaw Min Yu, un activista por la democracia, de 53 años, más conocido como Ko Jimmy, y uno de los líderes del Grupo de Estudiantes Generación 88, veteranos de un fallido levantamiento popular de 1988 contra el gobierno militar. Fue acusado de supuestamente violar la ley antiterrorista.

Antes de su último encarcelamiento en octubre de 2021, Min Yu había pasado más de una docena de años tras las rejas por activismo político.

Tras la más reciente toma del poder a la fuerza, el Ejército lo incluyó en una lista de buscados, por publicaciones en redes sociales que supuestamente incitaban disturbios. Los medios estatales señalaron que estaba acusado de “actos terroristas”, incluidos ataques con minas, y de encabezar un grupo llamado Operación Luz de Luna para llevar a cabo ataques de guerrilla urbana.

Los otros dos ejecutados: Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021 a la que supuestamente creían que era una informante militar.

Un periódico estatal publicó que los cuatro fueron ejecutados “de conformidad con los procedimientos legales” por dirigir y organizar “actos cómplices violentos e inhumanos de asesinatos terroristas”.

Castigarlos con la muerte es una forma de gobernar al público a través del miedo

Sin embargo, desde que volvió a controlar el país por completo, la junta militar ha desatado una campaña de violencia brutal para reprimir a la oposición.

Organizaciones de derechos humanos, familiares de los detenidos y miles de personas que se sumaron a las protestas contra el golpe de Estado señalan al Ejército de imponer penas bajo delitos falsos y con motivaciones políticas contra todo aquel que se oponga a su permanencia en el poder.

“Castigarlos con la muerte es una forma de gobernar al público a través del miedo”, aseguró Aung Myo Min, ministro de derechos humanos del Gobierno de Unidad Nacional, una administración civil en la sombra establecida fuera de Myanmar, tras la toma del poder a la fuerza.

Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de los pedidos de clemencia de todo el mundo, incluso de expertos de Naciones Unidas y de Camboya, que ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

“Barbarie” y “juicios injustos”, el mundo condena las ejecuciones en Myanmar

Muchos en Myanmar cambiaron sus fotos de perfil de las redes sociales en colores negro y rojo en señal de luto. Otros publicaron fragmentos de los discursos de los hombres ejecutados, incluida la línea: "Nada pasará si todos estamos unidos", parte de una de las canciones de rap de Phyo Zeya Thaw.

Thomas Andrews, un experto independiente en derechos humanos designado por la ONU que condenó la decisión de seguir adelante con las ejecuciones cuando fueron anunciadas el pasado junio, pidió una fuerte respuesta internacional.

“Estoy indignado y devastado por la noticia de la ejecución por parte de la junta de patriotas y defensores de los derechos humanos y la decencia de Myanmar (…) Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia letrada, en violación del derecho internacional de los Derechos Humanos”, aseguró el funcionario.

Por su parte, Elaine Pearson, directora interina de Human Rights Watch en Asia, sostuvo que los procedimientos legales contra los cuatro habían sido “juicios militares sumamente injustos y políticamente motivados”.

“La barbarie y el desprecio insensible de la junta por la vida humana tienen como objetivo enfriar el movimiento de protesta contra el golpe”, agregó Pearson.

Entretanto, la embajada de Estados Unidos en suelo birmano reprochó la decisión y ofreció sus condolencias a los familiares.

“Condenamos la ejecución por parte del régimen militar de líderes prodemocráticos y funcionarios electos por ejercer sus libertades fundamentales”, indicó la sede diplomática.

Sus muertes han causado conmoción dentro y fuera de Myanmar. Sin embargo, estos no serían los únicos ciudadanos que pierden la vida en manos de los militares.

La Asociación de Asistencia para Presos Políticos, una organización no gubernamental que rastrea asesinatos y arrestos, informó el pasado viernes 22 de julio que las fuerzas de seguridad han matado a 2.114 civiles desde la toma militar. Y otras 115 personas han sido sentenciadas a muerte.

Con Reuters, AP y medios locales

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