La junta militar de Myanmar aprobó las primeras condenas a muerte desde 1988

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Los militares que se tomaron el poder en Myanmar en 2021 anunciaron este viernes 3 de junio la aprobación de las primeras cuatro ejecuciones judiciales en más de tres décadas. Un exmiembro del partido de la antigua dirigente Aung San Suu Kyi y un activista prodemocracia son dos de los cuatro primeros en la lista, que suma ya 113 sentenciados. Según Amnistía Internacional (AI) la última ejecución registrada en este país del sudeste asiático fue en 1988.

Las condenas a muerte se disparan en Myanmar después del golpe de Estado. La junta militar que se tomó el poder desde hace 16 meses aprobó este viernes 3 de junio la condena a muerte recibida en enero por cargos de traición y terrorismo a Phyo Zeya Thaw, exdiputado y miembro de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, al activista prodemocracia Ko Jimmy y a dos personas más.

Irán a “la horca según los procedimientos penales”, aseveró Zaw Min Tun, vocero de la junta a la agencia AFP. Las apelaciones de los dos primeros condenados contra sus sentencias fueron rechazadas por el gobierno militar de Myanmar y ahora serán las primeras ejecuciones en el país en décadas. Se desconoce si los dos habían negado sus cargos o no.

El diario local 'The Irrawaddy' informó que las ejecuciones del exdiputado y del activista, han sido aprobadas en fechas recientes junto a las de otros dos presos de los que aún no se conoce su identidad. Una fuente anónima le dijo a este mismo periódico, según recoge la Agencia EFE, que "el Departamento de Prisiones decidirá ahora cuándo proceder con las ejecuciones".

Los más de 100 sentenciados a muerte en Myanmar

Desde el golpe de Estado 113 personas han recibido sentencias de muerte en Myanmar por parte de los militares. Y aunque el país no ha eliminado la pena de muerte, antes de 2021 los condenados veían sus penas de muerte conmutadas a través de indultos múltiples que las autoridades otorgaban sin ejecutar a nadie durante décadas, una posibilidad que sigue siendo viable bajo el régimen del general Min Aung Hlain.

El general Hlain, ferviente budista, y que lideró el supuesto genocidio contra la minoría musulmana rohingya, se ha mostrado igual de sanguinario y despiadado, como lo señalan los medios internacionales, contra la oposición al golpe de Estado que lo llevó al poder.

En el último informe de Amnistía Internacional (AI) publicado en mayo, se advierte del “alarmante aumento” en el uso de la pena de muerte bajo la ley marcial, donde son los tribunales militares los que han dirimido casos civiles, lo que ha conducido según AI a “procedimientos sumarios sin derecho a recurrir".

El juicio contra Suu Kyi continuará

Paralelo a este anuncio de la aprobación de las condenas a muerte, un tribunal de Myanmar dictaminó este viernes que el juicio contra Aung San Suu Kyi -acusada de supuesto fraude electoral- puede continuar. Según la justicia, los fiscales del caso han presentado suficientes pruebas para seguir con el juicio contra la líder depuesta.

Una condena por fraude electoral podría llevar a que el partido de Suu Kyi se disuelva y no pueda participar en una nueva elección, que según los militares tendrá lugar en 2023.

Este cargo de fraude electoral, cuya pena es de tres años de prisión, fue presentado en noviembre del año pasado por la Comisión Electoral del Estado, nombrada por la junta militar. Los miembros anteriores que habían declarado la inexistencia de irregularidades en las elecciones fueron destituidos.

Suu Kyi ya ha sido sentenciada a 11 años de prisión por los cargos de importación ilegal y posesión de walkie-talkies, violación de las restricciones durante la pandemia, sedición y un cargo de corrupción. Cargos que son vistos por la comunidad internacional como inventados por los militares para desacreditar a Suu Kyi y así evitar su retorno a la política.

Todos los juicios contra la líder depuesta se hacen sin el acceso de medios de comunicación y de público. Y sus abogados tienen prohibido dar detalles del proceso.

La exlideresa también está siendo juzgada por un cargo de violación de la Ley de Secretos Oficiales, que conlleva a una pena máxima de 14 años, y 11 cargos de corrupción, que le darían una pena máxima de 15 años cada uno.

Las víctimas después del golpe de Estado

El golpe de Estado ha dejado más de 1800 muertos como consecuencia de la brutal represión ejercida por policías y militares contra críticos, miembros de la oposición y activistas, según datos de la ONG de Myanmar Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos. Esta organización contabiliza además en 11.800 los detenidos por el régimen.

Desde el golpe, el país del sudeste asiático ha quedado en una profunda y permanente crisis política, social y económica, lo que ha desencadenado una resistencia armada que algunos expertos de la ONU señalan de guerra civil.

En el informe de AI también se revela que el Ejército ha estado cometiendo sistemáticamente atrocidades generalizadas que incluyen homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado de civiles en dos estados del este del país.

Amnistía Internacional señala que más de 150.000 personas en los estados de Kayin (también conocido como Karen) y Kayah (Karenni), han tenido que desplazarse, y pueblos enteros han sido vaciados e incendiados. Para la organización, el ataque militar después del golpe de Estado en estas regiones constituye un castigo colectivo, que incluye crímenes de guerra y probablemente crímenes de lesa humanidad.

"La atención del mundo se ha alejado de Myanmar, pero los civiles continúan pagando un alto precio"

En Kayin y Kayah están desde hace décadas grupos étnicos armados como el Ejército de Liberación Nacional Karen y la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni, que apoyan a la milicia Fuerza de Defensa del Pueblo, surgida tras el golpe de Estado por parte del bando derrocado.

“En los ataques han quedado destruidas casas, escuelas, centros sanitarios y edificios religiosos, y los objetivos también han sido los campos de desplazados internos”, relatan testigos a AI.

Rawya Rageh, investigador de AI declara que "la atención del mundo se ha alejado de Myanmar desde el golpe de Estado del año pasado, pero los civiles continúan pagando un alto precio. Los continuos ataques militares contra civiles en el este han sido generalizados y sistemáticos”.

Los militares tomaron el poder del Gobierno electo de Suu Kyi después de alegar un supuesto fraude en las elecciones generales de noviembre de 2020 ganadas por la LND de Aung San Suu Kyi, mientras que el partido respaldado por los militares sufrió enormes pérdidas.

Con AP, AFP, Reuters, EFE y AI

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