La Junta de Extremadura decide que las hermanas de un colegio cacereño no puedan entrar sin mascarilla

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Niños en un colegio de Valencia, en una imagen de archivo. (Photo: JOSE JORDAN via AFP via Getty Images)
Niños en un colegio de Valencia, en una imagen de archivo. (Photo: JOSE JORDAN via AFP via Getty Images)

Fin de la discusión. Las dos hermanas del colegio público Alba Plata de Cáceres cuya familia se niega a que usen mascarilla en el centro no podrán acceder al él si no se la ponen, según ha informado este miércoles la Junta de Extremadura.

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha dado a conocer esta decisión después de que la Consejería de Educación y Empleo, tras consultar a sus servicios jurídicos, tomara este martes la medida de que las dos menores recibieran las clases en un espacio del centro sin más estudiantes.

En declaraciones a los medios, Amaya ha afirmado que ningún alumno podrá acceder a ningún centro educativo si no hace uso de la mascarilla sin justificación médica previa, una medida que entrará en vigor a partir de este jueves.

Ningún alumno podrá acceder a ningún centro educativo si no hace uso de la mascarilla sin justificación médica previa,

Además, ha señalado que esta medida será extensible a todos los centros de la comunidad autónoma y a todos los alumnos a partir de 6 años. También ha indicado que previamente la Junta optó por la mediación, pero “la posición de la familia es muy tajante al respecto”.

El secretario general ha asegurado que esta medida se toma para “proteger la salud pública de todos los miembros de la comunidad educativa” del colegio cacereño.

“Lo hacemos también porque se produce un conflicto de derechos y de bienes jurídicos de ambas niñas, su familia está decidiendo por la salud de sus hijas y por tanto también por su derecho a la educación”, ha zanjado.

La Junta ha asegurado que si las niñas no pueden acceder al centro, deberán recibir un formación educativa desde sus casas

Amaya ha asegurado que si las niñas no pueden acceder al centro, “deberán recibir un formación educativa desde sus casas que permita mantener el seguimiento” en lo relativo a la entrega de trabajos y exámenes.

Jurídicamente, ha explicado Amaya, en este caso “friccionan” dos derechos, el derecho a la educación y el derecho a la salud, y por tanto, “a la vida”.

La Junta de Extremadura ha puesto el caso en conocimiento de la Abogacía General, que “tomará las decisiones oportunas”.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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