La Junta acudirá a la vía civil para reclamar lo defraudado a los condenados por los ERE

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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (i), y el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, conversan momentos antes de comenzar la comparecencia tras la reunión que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz ha celebrado hoy en el Palacio de San Telmo en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 26 nov (EFE).- El Gobierno andaluz acudirá a un nuevo procedimiento por la vía civil para reclamar lo defraudado a los ex altos cargos condenados por malversación en los ERE, una medida que deberá poner en marcha cuando el Tribunal Supremo haga firme la sentencia y que admiten que será complicado y llevará mucho tiempo.

El vicepresidente andaluz y consejero de Justicia, Juan Marín, ha comparecido este martes en rueda de prensa después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado iniciar las actuaciones que permitan la reclamación de la responsabilidad civil.

La imposibilidad para reclamar por la vía penal la devolución de las cantidades a los ex altos cargos condenados por malversación, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, radica en la decisión que tomó la Junta en su momento de retirarse de la acción civil.

Marín ha responsabilizado directamente a la socialista Susana Díaz de haber tomado "una decisión política" en ese asunto cuando era presidenta, lo que obliga ahora a esperar a una sentencia firme para acudir a la vía civil y a abrir un nuevo procedimiento.

Las otras vías para recuperar las cantidades de los ERE serán "perseguir" a los doscientos intrusos "hasta donde la justicia permita", para que devuelvan todo recibido ilegalmente, y con reclamaciones a las empresas que recibieron las ayudas.

Sin embargo, los "prejubilados de buena fe" que se acogieron a un ERE de forma lícita seguirán cobrando sus prestaciones "con total normalidad" hasta 2025, para lo que hay 37 millones reservados.

La Junta, cuando la sentencia sea firme, también reclamará el reintegro de las cantidades que están cobrando las defensas de algunos ex altos cargos condenados, aunque por el momento tendrá que seguir abonándolas porque así lo marca el ordenamiento jurídico.

Marín ha dicho que algunas defensas están reclamando cantidades millonarias y ha puesto, como ejemplo, que el letrado del exconsejero Gaspar Zarrías pidió 200.000 euros pero se le van a abonar 18.000 euros, que es lo que corresponde según la tarifa.

"No sé cuánto vamos a poder recuperar, ni siquiera si vamos a recuperar un euro o quinientos", ha admitido Marín, quien ha advertido de que "esto no es un tema del pasado, es un tema del futuro", ya que la Junta tendrá que estar personada en muchos casos durante años para poder reclamar las cantidades.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha incidido en esa línea y ha avisado de que van a estar "años" trabajando "en hacer lo imposible para recuperar lo que se pueda recuperar".

Las consejerías de Hacienda y Empleo están cruzando los datos para conocer hasta dónde llega el perjuicio a las arcas públicas y lo que se puede recuperar, datos que se darán la próxima semana, ya que la tarea de rastreo está siendo "muy dificultosa" por la "maraña que estaba muy bien tejida".

Los dos dirigentes del Gobierno andaluz han sido muy críticos con la postura "política" que mantuvo el anterior Ejecutivo socialista e incluso Marín ha manifestado que "Susana Díaz puso la mano en el fuego por Chaves y Griñán y se quemó".

El vicepresidente ha recordado que si el Gobierno anterior hubiera actuado "mirando el interés" de los andaluces todos los exaltos cargos tendrían sus bienes embargados y podría recuperarse una parte, ya que por ejemplo la fianza para Griñán se cuantificaba en 4,2 millones de euros.

Bendodo ha manifestado que "no va a ser fácil" recuperar el dinero pero ha garantizado que lo van a intentar "con todas las herramientas desde la administración y la justicia", mediante la vías civil y contable.