Un juez declara infundado el recurso de Castillo en el caso de ascensos militares

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Lima, 14 sep (EFE).- El juez peruano Juan Carlos Checkley declaró este miércoles infundada la tutela de derechos presentada por el mandatario Pedro Castillo contra la filtración de declaraciones de testigos a la Fiscalía, en el caso de irregularidades en los ascensos militares abierto en su contra.

El magistrado, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó el recurso presentado por la defensa de Castillo en la investigación abierta por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, informó el Poder Judicial.

El recurso fue desestimado porque "se ha desvirtuado que la Fiscalía de la Nación haya filtrado o permitido la filtración de información" sobre las declaraciones del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, publicadas en varios programas periodísticos y diarios peruanos, indicó la fuente judicial.

El abogado de Castillo argumentaba "una supuesta vulneración a la reserva de la información" en este caso, una de las seis investigaciones preliminares abiertas por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el mandatario.

Además, la defensa sostenía que el gobernante era vulnerado en su presunción de inocencia, ante la cantidad de información que los medios locales han publicado en torno a las denuncias abiertas en su contra, teniendo como fuente presuntamente a la fiscalía.

Pacheco se entregó a la justicia peruana el pasado 26 de julio y días después empezó a declarar ante la Fiscalía sobre su presunta participación en los ilícitos atribuidos a Castillo, como supuesto jefe de una organización criminal, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público.

Así, varios medios locales publicaron que Pacheco declaró sobre el presunto cobro de 20.000 dólares por los ascensos en las fuerzas militares y policiales, y de instrucciones escritas de puño y letra por el jefe de Estado.

Igualmente, la prensa le atribuyó a Pacheco haber confesado que el propio Castillo coordinó su fuga durante más de tres meses con otros funcionarios de Palacio de Gobierno, hasta que finalmente decidió entregarse a la justicia en julio pasado.

(c) Agencia EFE