El jefe de la Segib califica de "forzado" el juicio político en su contra en Chile

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Santiago de Chile, 13 may (EFE).- El titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand, calificó este viernes de "jurídicamente forzado" el juicio político abierto en su contra en Chile por un supuesto abandono de deberes durante sus últimos meses como canciller del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).

En un escrito difundido en la prensa local, su abogado, Samuel Donoso, señaló la confusión "grave" en que incurren sus acusadores, un grupo de diputados que lo denunció por abandono de deberes.

"Lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores (...). Sin embargo, dicha causal no se encuentra establecida en la CRP (Constitución) respecto de los ministros de Estado", afirma Donoso.

Una decena de diputados de diverso sello político impulsó una "acusación constitucional" (juicio político), que comenzará la semana próxima, tras la salida de Allamand de Chile a principios de febrero, en medio de una crisis migratoria en el norte del país por la llegada de miles de personas indocumentadas.

Los cuestionamientos por su ausencia comenzaron a cobrar fuerza luego de conocerse la reunión que sostuvo en calidad de secretario general iberoamericano electo con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares.

El pasado 6 de febrero, cuando faltaba cerca de un mes para el fin del mandato del conservador Sebastián Piñera, Allamand renunció a su cargo de canciller.

Según Donoso, el juicio político, que podría llevar a la inhabilitación de Allamand para ocupar cargos públicos durante cinco años, es "un libelo jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión cómo y de qué forma habría comprometido el honor y seguridad de la nación".

El próximo lunes, sesionará la comisión diputados encargada de realizar un informe que deberá ser revisado en el pleno de la Cámara Baja para que el juicio avance.

Posteriormente, será el Senado el que valore la acusación y defina el resultado.

En Chile, las autoridades de Gobierno y altos funcionarios públicos pueden ser acusados constitucionalmente hasta seis meses después de dejar sus cargos.

(c) Agencia EFE

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