Las ITV del caso Erial, una privatización "inusualmente" rápida y ventajosa

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 11 feb (EFE).- El proceso de privatización de las ITV valencianas y la adjudicación de los parques eólicos fueron "inusualmente rápidos", no respetaron la legalidad vigente y se efectuaron en unas condiciones que perjudicaron al erario público, según los informes de la Agencia Valenciana Antifraude.

El levantamiento de la última parte que quedaba secreta en el sumario del caso Erial, en el que se investiga al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y varios de sus colaboradores más cercanos, revela ésta y otras conclusiones que vienen a apuntalar las tesis de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga a Zaplana y al ex director general de la Policía Juan Cotino, entre otros, por el supuesto cobro y pago, respectivamente, de comisiones por la privatización de las ITV (1997) y la adjudicación de los conocidos como planes eólicos (2003).

Este juzgado encargó a la Agencia Antifraude tanto la designación de personal de auxilio para los agentes de la UCO encargados del caso como la elaboración de sendos informes sobre los referidos procesos administrativos.

En referencia a las ITV, Antifraude expone que el proceso de privatización se hizo por decreto del Consell del 30 de julio de 1996, sin que consten estudios sobre las diferentes alternativas posibles para la prestación del servicio, que era público desde 1988.

Así, no se elevó la propuesta al Consell ni se respetaron los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia; además, se incumplió la normativa porque no existió acuerdo de la Comisión para la Racionalización del Sector Público.

El personal de Antifraude subraya la "asombrosa inmediatez y celeridad que concurre en este proceso de contratación. Es peculiar que en el mismo día se realizasen de forma simultánea varios trámites complejos como son el análisis, por parte de la comisión de estudio, de las propuestas, su ponderación por los miembros de la mesa, la emisión de la propuesta de adjudicación y la emisión de la resolución de adjudicación".

"Todo ello en un arduo expediente que implicaba la ponderación razonada de un gran número de ofertas para cada uno de los cinco lotes, una inusual celeridad difícilmente compatible con los lógicos tempos de la tarea administrativa", insiste el referido informe, según el cual se tardó, en total, 4 meses y 22 días en resolver todo este expediente, desde el inicio hasta su adjudicación.

En la mesa de contratación se incorporó la figura del vicepresidente, un cargo "inaudito, porque ni lo recoge ni lo ha recogido la legalidad vigente" que, en opinión de la Agencia Antifraude, "solo podría servir para aumentar la representación y control político en la mesa".

Además, tres firmas ofrecieron mejoras económicas con respecto a las que resultaron adjudicatarias, pero no fueron beneficiadas con ningún lote pese a que se trataba de empresas con "sobrada solvencia empresarial", una decisión que "privó a la Administración de recibir importantes ingresos".

De hecho, los importes abonados por empresas adjudicatarias del servicio de ITV en otras regiones, como Aragón, fueron superiores a lo recaudado por la Generalitat, a pesar de que el parque automovilístico valenciano es más de cuatro veces superior y, en consecuencia, había más negocio en la Comunitat.

Otras de las deficiencias relatadas alude a que en el proceso de privatización no se contempló la actualización del IPC en el canon de gestión ni en el importe del arrendamiento por uso de instalaciones, lo que supuso dejar de ingresar 20,5 y 1,7 millones de euros hasta 2015, respectivamente.

Respecto a los planes eólicos, el informe de la Agencia Antifraude advierte de que la fórmula elegida en la Comunitat fue distinta a la de otras regiones.

Se hizo por acuerdo del Consell el 26 de julio de 2001, con la fórmula de convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas delimitadas que resultó de "dudoso encaje legal en la normativa vigente".