En Irak las acusaciones de "terrorismo" esconden a veces viejas disputas

Florent VERGNES
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En un campamento del norte de Irak, Nur anhela volver a casa pero no puede porque las autoridades la acusan de apoyar a los yihadistas. Un pretexto, según ella, que oculta una disputa por tierras.

Las oenegés de derechos humanos temen que la lucha antiterrorista se use como excusa contra cientos de familias desplazadas que en realidad pagan las consecuencias de simples disputas de hace tiempo. Les preocupa la posibilidad de que acaben marginadas o sufran extorsión para sacarles dinero.

En 2007, mucho antes de que el grupo Estado Islámico (EI) se apoderara de un tercio de Irak, la familia de Nur tenía un litigio con un jeque influyente de su ciudad natal. El dignatario acusó al padre de Nur de estar detrás de un atentado.

En realidad "estaba resentido con nosotros porque poseíamos tierras que, según él, le pertenecían", afirma a la AFP esta iraquí de 22 años en el campamento de Hasan Sham.

Cuando el EI ocupó en 2014 la provincia de Nínive, cuya capital es Mosul, su hermano se unió a los yihadistas, reconoce, lo que brindó argumentos a quienes acusaban a la familia.

Nur huyó de la ofensiva y su padre fue asesinado por el EI después de negarse a jurarle lealtad, cuenta.

A pesar de ello, "el jeque intentó desacreditar a nuestra familia. Cada vez que había un problema en la ciudad, era culpa de mi padre o de mi hermano".

En una tienda de campaña, un anciano asiente: "Mi sobrino también fue acusado" por un vecino que decía que le había robado su tierra.

- "Debemos pagar" -

Después de que su hermano muriera en combate en 2017, Nur y su familia renegaron de él públicamente. De este modo, según la ley tribal, nadie debería poder culparles.

Pero según ella, el jeque ya se había apoderado de las tierras y casas de la familia.

"Cuando intenté volver, descubrí que él estaba protegido por el Hashd al Shaabi", dijo, refiriéndose a una coalición de exparamilitares proiraníes que ahora están integrados en el Estado iraquí.

"Para poder regresar tenemos que pagar (al jeque), pero no tenemos ese dinero", asegura.

Según un informe de Mélisande Génat para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las familias de los desplazados pueden "confirmar la falsedad de las acusaciones" mediante "comités de jefes tribales y dignatarios políticos y militares". En ese caso "el Estado abandona los cargos" y ellos podrían regresar.

Pero el informe añade que en las zonas donde el Hashd está presente, los acusadores pueden acudir a él y avalar acusaciones de "terrorismo".

En otra carpa, Sara, otra desplazada que prefiere usar un seudónimo, vive con su hermana, viuda de un combatiente del EI.

La hermana de Sara, sospechosa de seguir siendo una simpatizante yihadista, estuvo encarcelada durante más de un año.

"Pagamos 180.000 dólares a un miembro del Hashd (para que la liberaran). En vano", dice Sara, señalando a su hermana, cubierta por un velo que solo deja ver sus ojos.

- "Enemigos del Estado" -

Para obtener la liberación, la familia se endeudó y contrató a un abogado. Ahora no consigue reembolsar a los acreedores. Según Sara, los miembros de Hashd incluso le robaron en un control de carretera 500 dólares que le había dado una oenegé.

La difícil situación de su hermana hizo resurgir --según ella-- un conflicto familiar que viene de lejos.

"Teníamos problemas con nuestros primos y cuando se enteraron del arresto de mi hermana prestaron falso testimonio" para desacreditar a la familia, declaró a la AFP.

Estas familias no solo no pueden volver a casa, sino que las autoridades les piden que se vayan de Hasan Sham. Desde hace unos meses Bagdad intenta cerrar el mayor número posible de campos, donde todavía viven más de 200.000 iraquíes.

"Cientos de familias por lo menos (...) no pueden regresar a su región de origen debido a estas acusaciones (...) generalmente basadas en rumores (...) y con frecuencia relacionadas con problemas tribales o familiares", confirma a la AFP Belkis Wille, de la oenegé Human Rights Watch.

El Estado no ha logrado llevar a cabo un proceso de reconciliación --acusa-- y como consecuencia "a estas familias se les trata como enemigas del Estado".

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