Investigan a la Consejera andaluza de Agricultura por la financiación del PP de Almería

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Carmen Crespo, Consejera de Agricultura en Andalucía. (Photo: Europa Press News via Getty Images)
Carmen Crespo, Consejera de Agricultura en Andalucía. (Photo: Europa Press News via Getty Images)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha llamado a declarar como investigada a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, dentro de la instrucción del caso Hispano Almería, que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado, Ana Belén Vico, cita a declarar, entre el 15 de febrero y el 6 de mayo de 2022, a Crespo junto al exalcalde de La Mojonera (Almería) y expresidente del IFAPA, José Cara, y otras 18 personas y los representantes legales de tres empresas.

En esta causa, dividida en varias piezas separadas, se investiga presuntos pagos de comisiones a ayuntamientos almerienses gobernados por el PP a cambio de la adjudicación de obras, que supondrían delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios, y organización y grupo criminal.

En el caso de Crespo, su citación como investigada estaría relacionada con su participación en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, entidad de la que formaban parte varios ayuntamientos de la provincia, cargo que ostentó entre 2009 y 2011, cuando era alcaldesa de Adra.

La constructora Hispano Almería, investigada desde hace años por supuestos pagos de comisiones, se hizo con la concesión para construir un museo de la Agricultura en La Mojonera.

La juez, a petición de la Fiscalía, solicita además que se averigüe a través de la Agencia Tributaria las declaraciones de IRPF, patrimonio e IVA de todos los investigados en el periodo que va de 2000 a 2010.

El Ministerio Público señala que de los informes recabados “se deduce la existencia de una contabilidad B en el entramado societario, así como la obtención de posibles ingresos no declarados por personas físicas y partidos políticos, y finalmente la existencia de adjudicaciones de obras con posibles sobrecostes en las mismas, con las correspondientes consecuencias tributarias”.

Por ello, la juez también pide que se investiguen las declaraciones del impuesto de sociedades en dicho periodo de las empresas Hispano Almeria SA, Alcosan Almeria SL, Gesponiente SA y Taller de Arquitectura Almeria SL.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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