El inteligente truco de la Generalitat para avalar las multas del 'procés'

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El president catalán fugado, Carles Puigdemont (dcha), durante una rueda de prensa con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, en la
El president catalán fugado, Carles Puigdemont (dcha), durante una rueda de prensa con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, en la "Casa de la República" en Waterloo, Bélgica. EFE

El periplo judicial del 'procés' no deja de sumar nuevos capítulos. El último, con un guion original que abre un escenario nunca explorado y sin jurisprudencia sobre la que argumentar los siguientes pasos.

Fue la pasada semana cuando el Tribunal de Cuentas acordó reclamar 5,4 millones de euros a los 39 ex altos cargos del Govern por los gastos indebidos de la Generalitat en su llamada "acción exterior". Es decir, por viajes y actos desarrollados fuera de Cataluña por Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros. Debates, ponencias y ruedas de prensa como las organizadas en Bruselas para defender la consulta del 9-N bajo unas competencias -todas relacionadas con el proceso independentista catalán- que la Generalitat no poseía. Ese es el motivo por el que el tribunal reclama la devolución del dinero público empleado de manera irregular por haber sido defraudado a la Generalitat.

Y aquí llega el giro de guion. A pesar de que muchos de los encausados ya no forman parte del Govern, éste ha decidido avalarlo. Resumiéndolo el máximo, la Generalitat avala el pago de unas multas por un dinero defraudado a la propia Generalitat. O si lo prefieren, que la Generalitat es, a la vez, la perjudicada y la avalista de los que despilfarraron su propio dinero.

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Aunque el Tribunal de Cuentas se mantiene en que no aceptará ninguna ingeniería económica que comprometa más dinero público, está claro que deberá revisar con lupa la argucia y actuar con tino y prudencia al no existir jurisprudencia a la que aferrarse.

El Gobierno, a quien el PP apremia, aún no se ha pronunciado. Y sin esperar a la resolución, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha asegurado que su partido presentará una querella por malversación contra el Govern que preside Pere Aragonès: "Empieza su cuenta atrás", ha advertido al president.

En cualquier caso, el plan diseñado permite ganar tiempo a los afectados. Porque la garantía del fondo se mantendrá inalterable mientras no haya una sentencia firme. Así que, por mucho que el Tribunal Supremo condenara a las personas que previamente investigó el Tribunal de Cuentas, la Generalitat no piensa aportar el dinero hasta que, como se puede prever por los antecedentes, haya una sentencia europea tras el consiguiente recurso.

Y en ese tiempo tratarán de hacer crecer la famosa caja de solidaridad -creada en 2018 por la Associació de Foment- que ahora está vacía ya que los cerca de 14 millones de euros reunidos desde entonces con donativos anónimos y de empresarios alineados en la causa ya han sido empleados con anterioridad para el pago de las fianzas del 9-N -que condenaban a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau- o las de los miembros de la Mesa del Parlament acusados de desobediencia.

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