Informe de la ONU señala “brutalidad extrema” en la guerra de Tigray

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La ONU reveló este 3 de noviembre los resultados de una investigación sobre la guerra en Tigray, Etiopía, a un año de desatarse el sangriento conflicto. El informe señala que los bandos involucrados cometieron graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, el reporte recibe cuestionamientos tras ser realizado de forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, creada por el Gobierno central.

Asesinatos, violaciones en grupo, detenciones por motivos étnicos, torturas y desplazamiento forzado son algunos de los crímenes que la población de Tigray ha sufrido en el último año, resalta el informe de la ONU publicado este 3 de noviembre.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, indicó que todos los bandos en conflicto cometieron crímenes, incluidas las fuerzas del Ejército etíope y de su vecina Eritrea, al igual que los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. La investigación abarca el periodo desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021.

"Todas las partes del conflicto de Tigray han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, humanitario y de los refugiados. Algunas de ellas pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", afirmó Bachelet.

Asimismo, la representante de la ONU acusó a los soldados de Eritrea de obligar a los refugiados a regresar a Tigray, en clara violación del derecho internacional, y aseguró que alrededor de 600.000 tigrayanos se vieron forzados a abandonar la región.

La investigación detalla que soldados eritreos mataron a al menos 100 civiles en la ciudad de Axum, responsabiliza a los militares etíopes de arrestar a unos 70 hombres en sus hogares, en tres aldeas en el sur de Tigray para luego asesinarlos, y que las fuerzas de Tigray asesinaron a cerca de 200 civiles de la etnia Amhara en ciudad de Mai Kadra. Ese último crimen estuvo seguido de asesinatos de tigrayanos como una represalia de las fuerzas de Amhara.

Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, así como organizaciones de noticias, han documentado muchos más asesinatos en masa de civiles que no fueron mencionados en el informe.

Las conclusiones están basadas en 269 entrevistas, muchas de las cuales contienen detalles gráficos de violaciones y mutilaciones cometidas por soldados eritreos en bases militares.

La investigación es dada a conocer en la víspera del primer año de este conflicto y en momentos en que las fuerzas de Tigray advierten que podrían dirigirse hacia la capital del país para derrocar al primer ministro Abiy Ahmed.

El lunes, el Gobierno federal declaró el estado de emergencia en la región.

Limitaciones y cuestionamientos al informe

Las conclusiones de la investigación señalan una “brutalidad extrema” y aun así las pesadillas descritas pueden ser peores dadas las limitaciones de la indagación.

La pesquisa fue hecha junto a la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, creada por el Gobierno central, lo que suscita fuertes cuestionamientos. No obstante, Naciones Unidas explicó que tuvo que desarrollarlo de forma conjunta justamente debido a las prohibiciones de acceso impuestas.

El documento reconoció que los delegados frecuentemente ven su trabajo obstaculizado, en particular a las áreas controladas por las fuerzas de Amhara, que combaten a favor del Gobierno, pero no mencionó que un investigador de la ONU fue deportado por Etiopía.

Naciones Unidas ha indicado anteriormente que el Gobierno de Ahmed implementó un "bloqueo de facto" de la ayuda alimentaria, acusaciones que el ganador del premio Nobel de Paz niega.

Por otra parte, la evaluación no incluye el testimonio de la mayoría de las víctimas de la ciudad de Mai Kadra, ciudad en el extremo norte de Etiopía, y que huyeron hacia Sudán. La ONU atribuyó esta ausencia a la falta de tiempo.

Tras su publicación, el reporte conjunto se ha encontrado con cuestionamientos de las partes involucradas.

"Aunque tenemos serias reservas respecto a algunos aspectos del informe, lo reconocemos y aceptamos como un documento importante que complementa nuestro esfuerzo continuo para brindar compensaciones a las víctimas, garantizar la rendición de cuentas y tomar medidas preventivas", escribió el primer ministro etíope en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), Getachew Reda, aseguró que el informe "no cubría todos los atroces crímenes" y acusó a los investigadores etíopes de parcialidad.

¿Qué desencadenó el conflicto en Tigray?

Los hechos se remontan a noviembre de 2020 cuando el premier etíope acusó al TPLF de iniciar una semana de intensos combates tras atacar una base militar federal, por lo que consideró que desafiaron su autoridad y ordenó responder a la agresión.

En esos momentos, los tigrayanos –que históricamente han gobernado esa zona del país– aseguraron que el Gobierno de Abiy, para entonces con dos años en el poder, había emprendido una persecución en su contra.

Ambos bandos reportaron muertes en sus filas y aumentaron el cruce de acusaciones. El estallido de hechos violentos estuvo precedido de inconformidades políticas.

En 2018, la coalición gobernante de la nación nombró a Abiy como primer ministro para ayudar a calmar meses de protestas contra el Gobierno y el nuevo líder rápidamente ganó elogios y el premio Nobel de Paz por abrir espacios políticos y frenar las medidas represivas en el país con unos 110 millones de habitantes y decenas de etnias.

No obstante, el TPLF se sintió cada vez más marginado y en 2019 se retiró de la coalición gobernante. Este grupo se opuso al retraso de las elecciones legislativas programadas para septiembre de 2020.

La región siguió adelante con los comicios locales que el Gobierno federal calificó de ilegales y luego desvió fondos del ejecutivo del TPLF a gobiernos locales, lo que enfureció aún más a este partido político y a su grupo armado.

Desde entonces, la región ha vivido en una espiral de violencia sin cesar en la que además se han involucrado las fuerzas de la vecina Eritrea y de la etnia Amhara a favor de las tropas progubernamentales.

Como si fuera poco, a los abominables crímenes se suma una situación de hambruna que la ONU atribuye a los bloqueos para llevar ayudas a la población civil.

Tras la divulgación del informe este miércoles 3 de noviembre, es incierto cuál sería su alcance legal. Etiopía y Eritrea no son miembros de la Corte Penal Internacional, por lo que el tribunal no tiene jurisdicción allí.

Con Reuters y AP

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