La infanta Cristina paga más de 587.000 euros requeridos por Anticorrupción

La infanta Cristina de Borbón, imputada por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, ha pagado los algo más de 587.000 euros requeridos por la Fiscalía Anticorrupción en concepto de responsabilidad civil en el caso de corrupción Nóos, informó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. En la imagen, la infanta tras declarar ante el juez de Palma de Mallorca el 8 de febrero de 2014. REUTERS/Enrique Calvo

MADRID (Reuters) - La infanta Cristina de Borbón, imputada por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, ha pagado los algo más de 587.000 euros requeridos por la Fiscalía Anticorrupción en concepto de responsabilidad civil en el caso de corrupción Nóos, informó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicitó la semana pasada el sobreseimiento de la causa contra la hermana del rey Felipe VI, pero consideró que debía hacer frente a este pago por su participación "a título lucrativo" en los presuntos delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin.

"La infanta Cristina ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un escrito comunicando el ingreso en la cuenta judicial de este juzgado de la cantidad de 587.413,58 euros en concepto de consignación 'ad cautelam' de la responsabilidad civil exigida", dijo el TSJ de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó 19 años y medio de prisión para el cuñado del rey por varios delitos entre los que se encuentran malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a la administración o delito contra la hacienda pública.

Sin embargo, en su escrito de acusaciones entregado al juez consideró que la imputación de la infanta vulneraba el principio de presunción de inocencia y que no existía ninguna prueba de cargo que acreditara su participación en el presunto delito contra la Hacienda Pública atribuido a Urdangarin.

La posibilidad de que Cristina de Borbón, de 49 años, se siente finalmente en el banquillo de los acusados está todavía en el aire al existir la posibilidad de que el juez aplique la llamada "doctrina Botín", que ha evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular.

La imputación en este caso, uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, procede sólo del sindicato Manos Limpias, y no de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que en último término son los perjudicados por los delitos contra la Hacienda Pública.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, concluyó en su auto de fin de instrucción en junio tras cuatro años de investigación que existían "sobrados indicios" de que Cristina dispuso y gastó dinero público desviado a Aizoon, una sociedad "pantalla" que poseía al 50 por ciento con su marido.

El juez Castro imputó a Urdangarin y su exsocio Diego Torres por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.

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