Hacienda habilitará drones para patrullar toda España en búsqueda de obras ilegales

España continúa la lucha contra el fraude introduciendo últimas tecnologías: Hacienda peinará más de 1.000 localidades españolas en busca de construcciones ilegales, es decir, no declaradas. Desde piscinas hasta ampliaciones de inmuebles, terrazas o garajes.

No es nada nuevo, pero si introduce algunos cambios para el 2019. Por ejemplo, a partir de ahora, este procedimiento se podrá llevar a cabo sin ser necesaria una autorización previa y sin necesidad de hacer públicos qué municipios van a ser inspeccionados. Además, este año se dedicarán 1.474 efectivos, un 6,3% más que en 2018.

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Foto: AP

Muchos desconocen los detalles de esta propuesta. Para empezar, ¿qué localidades serán puestas a examen? Como comentamos, la lista es algo que el ejecutivo decide mantener en secreto, pero el criterio a seguir es, principalmente, comenzar por los territorios en los que más indicios o sospechas existan sobre irregularidades. Y el factor decisivo para ello son los propios ayuntamientos, quienes solicitan la intervención de la administración central. Son muchos los gobiernos locales que demandan estas inspecciones por un motivo muy simple: el dinero. Si el Castrato interviene y encuentra propiedades con alguna de estas irregulares, sus ingresos en términos de recaudación aumentan sistemáticamente gracias a impuestos como el IBI o la conocida como ‘plusvalía municipal’.

Por otro lado, ¿cuál es el procedimiento a seguir y qué supone exactamente esta medida? Lo más normal es que Hacienda envíe una carta al infractor descubierto, avisándole del comienzo del procedimiento y dándole quince días de alegación. Además, se adjunta una multa de 60 euros que corresponde a la ‘Tasa de regularización por inmueble’. Tras los plazos para recurrir, si se confirma la multa, los inmuebles descubiertos se añaden a efectos catastrales, y se comunica a las administraciones locales para que liquiden los años no prescritos y los intereses de demora.

Algunos son bastante críticos con esta metodología ya que se puede llegar a considerar que 60 euros puede ser una sanción muy leve para algunos casos. Pero solo con esta tasa se han recaudado más de 180 millones de euros en los últimos años y, además, de una manera muy lícita: conseguir sacar a flote ciertas irregularidades fiscales.

El debate con respecto a esta multa puede encontrarse en la falta de equidad entre el ‘malo’ y el ‘peor’. En otras palabras, la tasa de regularización es una cantidad fija, en vez de ser una tasa proporcional a la gravedad del delito fiscal cometido, por lo que la pena es la misma para aquel que no declara la construcción de un chalet en Ibiza, como para el que construye una pequeña choza.

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