En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, crítico del gobierno, fue detenido

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La policía guatemalteca detuvo el viernes 29 de julio al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario guatemalteco 'El Periódico'. Los agentes también allanaron la sede del diario, que había presentado pruebas de la implicación del jefe de Estado, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general, Consuelo Porras, en casos de corrupción y abusos de poder.

Una nueva señal preocupante para los críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei en Guatemala. El periodista José Rubén Zamora, arrestado el viernes, fue enviado este sábado a prisión provisional en una cárcel militar al norte de Ciudad de Guatemala.

El portavoz de la Fiscalía, Juan Luis Pantaleón, declaró a la agencia de noticias AFP que el periodista fue arrestado en su domicilio, en el sur de la capital, en el marco de una investigación por lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración.

"Fue detenido en relación con un posible caso de blanqueo de dinero. Esto no está relacionado con su trabajo como periodista, sino como empresario", aseguró Pantaleón.

Zamora, cuyo diario denuncia la corrupción en la administración pública y nexos con el narcotráfico desde hace más de 20 años, se declaró este sábado en huelga de hambre.

"Por el momento he dejado de consumir agua, café y comida como una pequeña muestra de protesta a mi encarcelamiento. Me considero un preso político", dijo a los periodistas. Zamora denunció que su detención es una "conspiración" y una "persecución política", y que teme por su vida.

El viernes, las fuerzas de seguridad también irrumpieron en la sede del diario 'El Periódico', fundado por Zamora, lo que el medio denunció como una represalia por los artículos publicados hace unos meses en los que se acusaba de corrupción al Gobierno y a la fiscal general, Consuelo Porras.

"La fiscal general ha cumplido las amenazas proferidas contra el presidente de 'El Periódico'. No nos callarán", reaccionó el medio en sus redes sociales.

"Estamos en un momento muy difícil. No quisiera pensar que nos estamos convirtiendo en un Nicaragua 2.0", declaró por su parte el defensor del pueblo guatemalteco, Jordán Rodas, refiriéndose a las condenas -en los últimos años- de periodistas críticos del presidente Daniel Ortega en el país vecino.

Una cruzada contra los jueces y funcionarios anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala abrió una investigación el 27 de septiembre, después de que el diario 'El Periódico' publicara documentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que supuestamente demostraban que Porras intentaba bloquear investigaciones anticorrupción.

Una de las primeras medidas tomadas por el jefe de Estado Giammattei fue emitir un decreto a principios de 2020 que autoriza la disolución de las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se consideren "de naturaleza perturbadora del orden público".

La fiscalía, bajo la dirección de Porras, se ha visto implicada en la detención y el procesamiento de varios jueces y fiscales anticorrupción.

La fiscal fue sancionada por Washington e incluida en su lista Engel de personalidades "corruptas y antidemocráticas", que son además personas que no pueden entrar a Estados Unidos.

En junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a la lista de países que cometen graves violaciones de los derechos humanos. Esta lista también incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Guatemala: un largo historial de corrupción

Al igual que otros países centroamericanos, Guatemala lucha por recuperarse de los sangrientos conflictos iniciados en las décadas de 1960 y 1970, en los que Estados Unidos desempeñó un papel perjudicial al apoyar regímenes represivos para eliminar a los presidentes progresistas con el fin de contrarrestar el "peligro comunista".

Sin embargo, aunque la erosión de la democracia se ha dejado sentir con fuerza en los últimos años en el país, hubo un rayo de esperanza en 2007 con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en consulta con las Naciones Unidas.

A lo largo de 12 años, este organismo trabajó para desmantelar 70 estructuras criminales y logró condenar a más de 400 personas, lo que llevó a la dimisión del presidente Otto Pérez Milina en 2015.

La Comisión, muy popular en su momento, recibió el apoyo de su sucesor, el presidente Jimmy Morales, elegido en 2016. Pero cuando Morales y miembros de su familia fueron también acusados por la Cicig, la relación se convirtió en un enfrentamiento.

Sospechoso de financiación ilícita de su campaña, el jefe de Estado guatemalteco se negó a renovar el mandato de la comisión en enero de 2019.

El desmantelamiento de este organismo coincidió con la campaña presidencial. Mientras la candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana, que había trabajado para desmontar las redes de corrupción junto a la Cicig entre 2014 y 2018, fue rechazada con amenazas de muerte obligándola a exiliarse en Estados Unidos, Alejandro Giammattei -que había sido investigado por la Comisión, antes de beneficiarse de una exculpación- fue elegido presidente de Guatemala.

La vuelta al veneno de la corrupción comenzó en 2018 con el nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General, en sustitución de Thelma Aldana.

Cercana al gobierno, la nueva fiscal general atacó a la FECI, el único legado de la Cicig. Obstaculizó una veintena de investigaciones contra altos funcionarios, al tiempo que aceleraba los procedimientos contra magistrados implicados en la lucha contra la corrupción.

Defensores de los derechos humanos denuncian que Porras se ha convertido en el pilar de la represión en este país centroamericano.

En los últimos meses, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por los ataques y la persecución de jueces y periodistas guatemaltecos que luchan contra la corrupción y por la transparencia.

Mientras, José Rubén Zamora, uno de los periodistas más reconocidos del país, espera en la cárcel, la audiencia de la primera declaración que tendrá lugar el lunes 1 de agosto.

Efe, Afp

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