La Guardia Civil deja en evidencia los compromisos del Gobierno y las eléctricas

La Guardia Civil ha denunciado la sequía provocada por los desembalses masivos realizados por las eléctricas en verano. (Photo by Gustavo Valiente/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
La Guardia Civil ha denunciado la sequía provocada por los desembalses masivos realizados por las eléctricas en verano. (Photo by Gustavo Valiente/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Las décadas de puertas giratorias entre la clase política y las eléctricas han provocado las suspicacias en torno al sector energético que lleva ya seis meses acumulando récords de tarificación. Se ha escrito mucho sobre ello. Centenares de artículos y decenas de libros como 'Capitalismo a la española', de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, en el que se explica, entre otros, cómo las oscilaciones del precio de la luz han estado sometidas durante años a los intereses de un reducido número de empresarios. "La Asociación de Productores de Energías Renovables ha denunciado el asunto con datos apuntando que “el 95% de la generación en régimen ordinario lo controlan cinco empresas; el 99,7% de la distribución está controlada por las mismas cinco empresas; y el 79,5% de la comercialización de electricidad lo controlan", seguro que aciertan, "las mismas cinco empresas".

Las denuncias ciudadanas son cuantiosas, pero suelen perderse en batallas legales del tipo David contra Goliat. Aunque este verano sucedió un hecho que arrojaba pocas dudas sobre el funcionamiento del sector. Pero ahora todas las incógnitas se están convirtiendo en certezas. Recapitulemos:

Iberdola y Naturgy vaciaron en verano varios embalses para aumentar su producción de energía hidroeléctrica -la más barata de producir- para maximizar sus ganancias cuando el precio de la luz estaba en uno de sus picos a causa de la ola de calor que derritió la Península. Y sus ansias por obtener resultados históricos, que, a buen seguro, conllevaban cuantiosas gratificaciones en forma de bonus, dejó secas a varias comarcas.

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Cómo sería la cosa que la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habló de "escándalo" y anunció la apertura de varios expedientes a las empresas que gestionan embalses de las cuencas hidrográficas del Duero, del Tajo y del Miño-Sil.

¿Saben en qué quedó la cosa? Pues en la práctica totalidad de los casos no hubo ni siquiera una multa. ¿Por qué? Pues porque las concesiones firmadas durante décadas por los Gobiernos y las eléctricas incluyen unos márgenes muy altos de incumplimiento. Ahí pareció quedar la cosa en noviembre, cuando el Gobierno trató de disimular la situación impulsando un código de buenas prácticas para casos futuros.

Sin embargo, lo que el Gobierno no ha podido, sabido o querido ver, si lo ha visto la Guardia Civil. Al menos en el caso del pantano de Ricobayo, en Zamora. Según ha adelantado El Confidencial, la Benemérita ha concluido que "la maniobra redujo las reservas del pantano del 98% al 11% para maximizar sus beneficios, provocó problemas de abastecimiento de agua a varias poblaciones y ocasionó graves pérdidas económicas en instalaciones turísticas y agrícolas de la comarca, una de las más castigadas de toda la España vaciada". De forma que Iberdrola se expone a "consecuencias de carácter penal" por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al que, las nuevas diligencias, pueden sumar los de "manipulación del coste de la energía".

La separación de poderes es básica. ¿Pero cómo puede haber tanta diferencia entre un expediente sin sanción y una lista de delitos como la arriba descrita? Tal vez también debería haber más separación entre los intereses políticos y los económicos de las empresas privadas.

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