Grecia aplica un doble rasero con los ucranianos y el resto de refugiados

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Atenas, 7 may (EFE).- Las acusaciones a Grecia por violar los derechos humanos de los migrantes en la frontera greco-turca siguen en aumento mientras el país abre sus brazos a los solicitantes de asilo procedentes de Ucrania, un doble rasero en la acogida de refugiados en Europa que las ONG denuncian.

"Los refugiados con pasaporte ucraniano reciben el asilo automáticamente al completar un formulario en línea, el proceso es instantáneo para ellos, mientras que al resto de nacionalidades les ponen trabas", asegura Lefteris Papayannakis, director de la ONG Greek Council for Refugees (GCR).

Esto se debe a que por primera vez en la historia se ha activado para los refugiados de la guerra de Ucrania un mecanismo legal que permite otorgar asilos temporales de forma sencilla e inmediata.

Desde GCR ya solicitaron sin éxito su activación durante la crisis migratoria de 2015, y en 2021 volvieron a pedir que se aplicara a todas las nacionalidades para así evitar discriminaciones.

"En la Unión Europea hay un doble rasero y si hurgamos suficientemente hondo veremos que, en la base de todo, la única explicación posible es el racismo", comenta Papayannakis.

Mientras los refugiados ucranianos entran sin restricciones a Grecia, el resto de migrantes que llegan cruzando el Egeo o la frontera del río Evros con Turquía denuncian ser expulsados ilegalmente y muy frecuentemente con violencia.

A finales de abril, un grupo de refugiados sirios, entre ellos 9 menores, cruzaron la frontera greco-turca hasta llegar a un pequeño islote en medio del río Evros, donde una mujer de 55 años murió a causa de un fallo renal tras no recibir ningún tipo de atención médica.

El resto de refugiados fueron devueltos a Turquía, a pesar de que las autoridades griegas negaron haberlos localizado, y cuatro días más tarde volvieron a ir hasta el mismo islote, solo para ser devueltos nuevamente sin darles opción a solicitar asilo.

Los refugiados denuncian que, durante las devoluciones, las autoridades les obligaron a desnudarse, les robaron sus pertenencias y les agredieron física y psicológicamente, algo que se repite en cada caso de devolución ilegal.

Mientras, la situación en los campos de refugiados continúa sin visos de mejora, con miles de migrantes atrapados en las islas griegas sin la esperanza de que puedan avanzar hacia un destino mejor.

En el campo de Kara Tepé, en Lesbos, los refugiados viven en condiciones precarias, puesto que este centro de acogida se erigió de forma temporal para trasladar a los migrantes del antiguo campo de Moria tras el incendio que lo destruyó en septiembre de 2020.

El objetivo final en Lesbos es crear una instalación muy alejada de la capital, Mitilene, sin apenas medios para desplazarse por la isla, con vigilancia y con limitaciones de entrada y salida para los refugiados, como ya ocurre en Kara Tepé.

Tampoco es buena la situación en el campo de refugiados de Serres, en el norte de Grecia continental, donde GCR asegura que los refugiados afganos están siendo forzados a salir de sus contenedores para instalarse a las afueras del campo, con el fin de hacer lugar para los que llegan de Ucrania.

A pesar de que las cifras de los residentes en los campos ha disminuido considerablemente en el último año, desde 63.000 en enero de 2021 hasta 31.000 en enero de este año, a juzgar por las devoluciones ilegales, siguen siendo demasiados para el Gobierno heleno.

"Las devoluciones en caliente en el norte y el este de Grecia están ocurriendo ahora a un ritmo industrial", se lamenta Papayannakis.

Quien realiza estas acciones no está claro, esto quizá lo revele el informe que se espera que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) publique tras una investigación sobre la presunta vinculación de Frontex con las sospechas de devoluciones ilegales.

A esto se añade la dimisión la semana pasada del que fue director ejecutivo de Frontex durante los últimos 7 años, Fabrice Leggeri, alegando un "cambio silencioso, pero efectivo" en el mandato para el que fue renovado en 2019.

El Gobierno griego negó este viernes una vez más que haya realizado devoluciones ilegales y también que Leggeri dimitiera por estas acusaciones. Según aseguró el ministro de Migración, Notis Mitarakis, en una interpelación parlamentaria, tan solo se trata de un "intento fallido la oposición (izquierdista)" de vincular la renuncia con "supuestas devoluciones en caliente".

Joan Sánchez Ros

(c) Agencia EFE

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