El gran problema que acecha a Vox por sus desmanes continuos

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una visita a Ceuta (Photo by Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una visita a Ceuta (Photo by Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images)

La estrategia de articular un discurso político surcando los límites éticos y legales le va a deparar a Vox un otoño intenso en asuntos judiciales. Y tras esquivar algunas de las querellas interpuestas en su contra, como cuando el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo inadmitió la que interpuso el PSOE por un tuit sobre los menores extranjeros, el alto tribunal ha abierto la puerta a que el presidente de la formación de extrema derecha se siente próximamente en el banquillo de los acusados.

Santiago Abascal fue acusado de un delito de odio por llamar 'violadores' a los extranjeros. Fue en noviembre de 2019 cuando, en pleno debate electoral y tras el caso de 'La Manada' de los sanfermines de 2016, el dirigente vasco señaló que "ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros".

Un informe editado por el Ministerio del Interior investigó las agresiones sexuales cometidas por personas desconocidas -entre el 20% y el 30% del total- denunciadas en España entre 2009 y 2013. De ellas, solo se han esclarecido un total de 51% de los casos y de ello se ha determinado que el 51% de agresores a los que la víctima no conocía son españoles. Por lo que quedó probado que las soflamas de Abascal eran falsas.

A pesar de ello, Abascal ha seguido utilizando este argumento falso en varias ocasiones. Como durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. Cuando habló de una “plaga de violaciones en manada cometidas los primeros días del año fundamentalmente por extranjeros”.

Sus declaraciones fueron recogidas por la asociación de inmigrantes Watani de Reus cuyo presidente, el abogado Hilal Tarkou, interpuso una denuncia ante el Supremo, el tribunal competente para investigar penalmente a los diputados dado que gozan de aforamiento.

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Y éste no la ha desestimado. Sino que, como ha adelantado Info Libre, ha devuelto la denuncia a Rosa María Freire, la titular del juzgado de instrucción 44 de Madrid que se la había remitido para que realice las averiguaciones necesarias y, si encuentra indicios de delito de odio, eleve una exposición razonada.

A todo ello se suma que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha enviado a la justicia la denuncia a Vox que uno de sus exmilitantes interpuso por financiación ilegal. Según ha trascendido, la denuncia recoge testimonios de excargos de la formación de Santiago Abascal por la existencia de numerosas donaciones en metálico para campañas electorales en Alicante que jamás fueron declaradas. 

La denuncia también habla de la supuesta entrega en sobres de donativos recaudados en mesas de venta de merchandising instaladas en la calle.

Por último, la denuncia acusa al partido por haber mentido en cuanto al número de militantes que tiene y no corresponderse con los ingresos reales por cuotas. "Esta maniobra tiene importantes consecuencias contables y podría obedecer a una estrategia de encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados", se explica en la denuncia. 

Con todo ello, en caso de prosperar ambos casos, la dirección de Vox podría comenzar a tener que personarse en los tribunales, pero esta vez como acusado y no como denunciante.

En vídeo | ¿Cómo es el protocolo de devolución de inmigrantes en la frontera de Ceuta?

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