El Gobierno pretende reducir la temporalidad del sector público en tres años

Agencia EFE
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Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que el Gobierno pretende bajar la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8 % en tres años.

Durante su intervención hoy en la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta ha asegurado que la alta temporalidad en la Función Pública "no es aceptable" y que el Gobierno trabaja para reducirla "de manera sustancial".

El ministro ha considerado que las políticas de austeridad, entre otros factores, han agravado el problema de la temporalidad y ha recordado que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas estuvieron en el 0 %.

"Las administraciones que debían seguir prestando los servicios se vieron abocadas a la contratación de personal interino", ha explicado.

El ministro también ha detallado que los Presupuestos Generales del Estado fijan este año por primera vez una tasa de reposición del 100 % -llegando en determinados ámbitos al 110 o 115 %- y que la Oferta de Empleo Público 2021 se aprobará en junio.

Asimismo, Iceta ha insistido en que la temporalidad afecta a todas las administraciones, aunque ha advertido que es menor en la Administración General del Estado (aproximadamente del 8 %) que a nivel local (13 %) o autonómico, donde en ocasiones supera el 30 %.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha asegurado que se va a reunir con las comunidades autónomas, entidades locales y sindicatos para "reducir la temporalidad, prevenir futuros abusos y estabilizar el empleo".

"Mi compromiso es que antes de verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones", ha subrayado.

Asimismo, Iceta ha adelantado que se reformará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

"El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima", ha subrayado.

Iceta ha anunciado que en septiembre llevará al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, un texto que pretende consolidar un modelo de empleo público "profesional, productivo, eficaz y motivador".

Uno de los aspectos más novedosos de la Ley será la figura del directivo público profesional, un "elemento clave", según el ministro, que acercará al país a los modelos de función pública "más avanzados".

"Es una figura ya prevista en el estatuto básico del empleado público. Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño así como el régimen de conflicto de intereses y cese", ha añadido.

El ministro ha asegurado que su departamento está trabajando en un Plan de Captación del Talento para promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración General del Estado y que se presentará antes del verano.

Según el ministro, este plan nace con la vocación de que la Administración pública sea una opción "atractiva y real" para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral.

En relación con este punto, Iceta ha expuesto que en los próximos 10 años el 51 % de los funcionarios del Estado se van a jubilar y que, actualmente, apenas el 12 % del total de personal tiene menos de 40 años.

"Esto nos da una idea de uno de los problemas que tenemos", ha destacado.

Respecto a los mecanismos de selección de los empleados públicos, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha advertido que se van a "repensar" y que se estudiará la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes con "grandes dificultades" para dedicar varios años a preparar una prueba de acceso.

"En mayo presentaremos una Estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, abierta al debate y la participación. El objetivo es lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", ha resaltado.

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