El Gobierno presenta un presupuesto más social para España en 2017

Emmanuelle MICHEL

El presidente Mariano Rajoy da un discurso sobre infraestructuras el pasado 28 de marzo en Barcelona

El Gobierno presentó este viernes su proyecto de presupuestos para 2017, retrasado por diez meses de bloqueo político en España, con numerosas medidas sociales y un objetivo ambicioso de ingresos fiscales que deberá negociar con la oposición para aprobarlo.

El proyecto debe servir para "alimentar el crecimiento económico y la creación de empleo", pero también para "cumplir los objetivos de déficit" fijados por la Comisión Europea, señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al salir del Consejo de Ministros semanal.

El programa de gastos e ingresos del Estado para 2017 tendría que haberse presentado el pasado verano para ser votado por el Parlamento en agosto.

Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no pudo ser investido hasta finales de octubre para un segundo mandato, tras dos elecciones generales en menos de un año y meses de negociaciones y parálisis política para formar un nuevo ejecutivo, al perder el Partido Popular la mayoría absoluta.

El nuevo Gobierno, en minoría en el Congreso, está sometido a una doble presión: Bruselas le exige reducir su déficit público al 3,1% del PIB y la oposición de izquierdas le pide abandonar la política de austeridad practicada en los últimos años.

En 2016, España consiguió reducir su déficit al 4,5% del PIB y la deuda pública al 99,4%, pero se mantiene todavía muy por encima de los objetivos europeos de estabilidad presupuestaria.

El optimismo del Gobierno sobre la economía española es compartido por la agencia de calificación financiera Standard&Poor's que elevó su perspectiva de "estable" a "positiva", estimando que España está en buen camino para reducir su déficit con su "fuerte y equilibrado" crecimiento económico.

- Apoyos insuficientes -

El proyecto del Gobierno no incluye recortes presupuestarios, pero estima un aumento de la recaudación fiscal tres veces superior a la de 2016, hasta alcanzar los 200.000 millones de euros.

El Ejecutivo confía en alcanzar este objetivo gracias al crecimiento económico previsto -del 2,5% en 2017- y a la reducción del desempleo hasta el 16,6%, lo que aumentaría el número de cotizantes y disminuiría el gasto social para parados.

El repunte de la inflación también podría ayudar, dado que el encarecimiento de los precios aumentará también la recaudación ligada al IVA y otras tasas.

El Gobierno espera además ingresar más de 4.000 millones de euros gracias a varias medidas adoptadas en otoño y no incluidas en estos presupuestos como un aumento del impuesto sobre el tabaco y el alcohol y una modificación del impuesto sobre sociedades.

Por el lado de los gastos, el Ejecutivo prevé la titularización masiva de empleados interinos en la administración pública, alrededor de 250.000 trabajadores en tres años. El coste de esta medida no fue divulgado.

El presupuesto también incluirá un préstamo del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones, precisó Montoro.

La Seguridad Social sufrió un déficit de 18.000 millones de euros en 2016 y el fondo de reserva de las pensiones ha sido tan utilizado por el Gobierno que podría agotarse este mismo año.

También se incluyen otras medidas para asegurar el apoyo del partido de centro Ciudadanos que supondrán unos 4.000 millones de euros, entre ellos un descenso del IVA para los espectáculos culturales al 10% y medidas de apoyo a jóvenes y desempleados.

El PSOE y la formación izquierdista Podemos mostraron su rechazo a estos presupuestos y presentarán enmiendas a la totalidad del texto para forzar al Gobierno a elaborar uno nuevo.

Los dos denuncian la "pérdida del poder adquisitivo para los funcionarios", juzgando insuficiente el aumento del 1% de sus salarios.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró, sin embargo, "optimista" esta misma semana sobre sus opciones de aprobar los presupuestos gracias a los apoyos de Ciudadanos y otros pequeños partidos regionales.

El proyecto de presupuestos debe ser examinado ahora por el Parlamento. La votación definitiva en el Congreso debería celebrarse a finales de mayo, tiempo durante el que el Gobierno deberá buscar apoyos entre la oposición.

Por ahora cuenta, con 169 diputados -los 137 del PP y los 32 de Ciudadanos-, siete por debajo de la mayoría absoluta del Congreso necesaria para la aprobación (176 de los 350 escaños).

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