El Gobierno y el PP se enmarañan con el impuesto a las energéticas tras la propuesta de Bruselas

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Ursula von der Leyen. (Photo: FREDERICK FLORIN via Getty Images)
Ursula von der Leyen. (Photo: FREDERICK FLORIN via Getty Images)

Ursula von der Leyen. (Photo: FREDERICK FLORIN via Getty Images)

Para el PP primero fue no. Después, un sí pero con condiciones. Y para el Gobierno, primero fue de una manera y después, como mande Bruselas.

Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el Ejecutivo de Pedro Sánchez han tenido que modificar sus posturas respecto al impuesto a las energéticas tras la propuesta planteada por la Comisión Europea.

En las últimas horas, el PP ha tenido que hacer un verdadero ejercicio de contorsionismo argumental al pasar de rechazar y votar en contra del impuesto a las energéticas, a aceptarlo siempre y cuando se cumpla con la propuesta presentada por Bruselas.

El no del partido de Feijóo fue claro desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la medida. Es más, hace apenas unos días, durante una entrevista y el líder del PP aseguraba en una entrevista que la propuesta del Gobierno “no encaja en un país de la UE”.

Lo hizo sin matizar si lo que no encajaba era la imposición sobre los beneficios extraordinarios de estas empresas, como propone ahora Bruselas o sobre los ingresos, como anticipó el Gobierno.

Y sin tener en cuenta que hay varios países que ya aplican este tipo de gravámenes a energéticas y entidades financieras: Italia, Grecia, Bélgica, Rumanía...

Tampoco recordó que la propia Comisión Europea, en un documento publicado en su página web, recomendó como opción para rebajar los precios de la energía que los países comunitarios aplicasen “medidas impositivas temporales sobre los beneficios caídos del cielo” para así “redistribuir esos retornos entre los consumidores”.

Pero el PP seguía en sus trece e insistía, de boca de su secretaria general, Cuca Gamarra, que “la demagogia de decir que este impuesto va a ir directamente a proteger a los más débiles es falsa”. Lo decía el mismo día que su partido votaba en el Congreso en contra de tramitar la propuesta para crear estos impuestos.

Todo apenas un día antes de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del PP Europeo, dijera  que”en los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores”. “En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”, añadió.

Unas palabras con las que la presidenta comunitaria defendía la necesidad de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas con las que, además, Bruselas espera recaudar 140.000 millones de euros.

Para colmo del PP, el presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, respaldó la medida alegando que “los mercados están especulando contra la solidaridad europea cuando el invierno será realmente caliente”.

Acorralado ante tamaña contradicción con sus pares europeos y con algunos cargos del partido descolocados ante la posición a adoptar, desde la dirección del PP se apresuraron a buscar una salida argumental: el PP español se opone a la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, no a la de la Comisión Europea.

“Europa habla de abaratar la factura a los ciudadanos y el Gobierno habla de recaudar”, dicen en el PP

El motivo, según los populares, es que son impuestos diferentes. Mientras el Ejecutivo español propone gravar la facturación, la UE quiere aplicarlo sobre los beneficios extraordinarios de las empresas.

A juicio del PP, el Gobierno de Sánchez sólo persigue recaudar, no repartir. “Desde el PP siempre defendimos que no íbamos a apoyar un impuesto que repercutiese en los consumidores ni que se implantase por puro afán recaudatorio”, indican fuentes populares a El HuffPost.

Montero acusa a Feijóo de "cambiar de posición practicando una política tramposa"

Esas mismas fuentes, pese a que aún no se conoce la propuesta exacta de la UE, aseguran que “quienes más lo necesitan son los ciudadanos, no el Gobierno, que ya lleva recaudado en lo que va de año 22.000 millones de euros más que el año pasado”. “Europa habla de abaratar la factura a los ciudadanos y el Gobierno habla de recaudar”, insisten.

En este sentido se pronunció este miércoles por la tarde el propio Feijóo en El Objetivo de LaSexta. “Si el Gobierno hace la misma propuesta que la Comisión Europea, tendrá nuestro voto”, aseveró tras insistir en la idea de que el Ejecutivo buscaba recaudar y luego repartir a su discreción, en lugar de rebajar los recibos.

Reaccionando a estas palabras del presidente del PP, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado contra Feijóo en declaraciones a Espejo Público (Antena 3) al recordarle que “antes de conocer la forma técnica” en que se iba a presentar el impuesto “ya se había posicionado en contra de pedirle un esfuerzo a las energéticas”. “Ahora, cuando se encuentra que sus socios europeos aprueban un impuesto respecto a estos beneficios extraordinarios en Europa, no tiene más remedio que cambiar de posición practicando una política tramposa”, ha afirmado.

Según Montero, el giro argumental del PP y, particularmente de Feijóo, es “una excusa” porque “nunca se trataba de ver si había que hacerlo sobre tal cuestión técnica u otra”. “Lo importante era si coincidíamos que en este momento de crisis había que pedirle un mayor esfuerzo a las energéticas y a la banca. Europa lo ha entendido”, ha añadido.

La ministra afirma que no hay contradicción entre lo que propone Bruselas y lo que plantearon desde la coalición de Gobierno. “Es un impuesto sobre los beneficios extraordinarios”, ha insistido Montero, que ha dejado claro que ajustará el impuesto “a lo que Europa plantee” y que “no ha habido controversia” con la Comisión.

Repreguntada por este asunto, Montero volvió a insistir en que el Gobierno había dicho desde el principio que se ajustarían a lo que plantease Bruselas sobre la fórmula para construir el impuesto.

Lo cierto es que sí que hay diferencias entre lo que planteó inicialmente el Gobierno y lo que propone la Comisión.

PSOE y Unidas Podemos plantearon, en su propuesta presentada ante el Congreso, gravar el 1,2% del importe neto de la cifra de negocios, es decir, sobre sus ventas, no sobre sus beneficios.

Sin embargo, Bruselas quiere aplicar una tasa del 33% a los beneficios de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobre los beneficios medios de los tres años anteriores.

Esto último es, en efecto, lo que ahora defiende el PP y que incluía en el documento de propuestas energéticas que presentó este mismo lunes el partido de Feijóo.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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