El Gobierno de Macri crea una agencia de protección de testigos e imputados

En la imagen un registro del saliente presidente de Argentina, Mauricio Macri. EFE/Archivo

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- El Gobierno argentino saliente del presidente Mauricio Macri anunció este viernes la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados a través de un decreto para garantizar la "seguridad" de quienes ayuden a la Justicia "de modo trascendente y eficiente".

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, indica que el nuevo organismo tendrá "autonomía funcional" y por tanto será "autárquico", aunque estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hasta el próximo 10 de diciembre está dirigido por Germán Garavano, y que cambiará de manos tras la asunción del presidente electo, el peronista Alberto Fernández.

Se trata de una "nueva y superior institucionalidad" del existente Programa Nacional de Protección de Testigos.

El objetivo de la agencia es ejecutar medidas que "preserven la seguridad de testigos e imputados que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal".

El decreto especifica que, en su ámbito de actuación, se encontrarán, entre otros, los casos "vinculados con la delincuencia organizada" y la "violencia institucional".

Para nombrar al director nacional de la nueva agencia, habrá un "consejo consultivo" al cual se invitó para que lo presida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y propone que también lo integre el Procurador General de la Nación y algún representante del Ministerio de Seguridad.

La norma, que llega a poco más de dos semanas de que el actual Ejecutivo abandone sus funciones, está firmada por Macri y otros miembros de su gabinete.

En el texto se considera que debido al impacto que tuvo el actual programa de protección de testigos "se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente".

En la actualidad, la Justicia argentina trata varios casos de supuesta corrupción, muchos de ellos relacionados con los Gobiernos kirchneristas y en los que está vinculada la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien a partir del 10 de diciembre será la nueva vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández.