El gobierno español congela la reforma judicial que generó inquietud en la UE

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El presidente Pedro Sánchez, durante el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados español, el 22 de octubre de 2020 en Madrid

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves que congelaba una reforma judicial y buscará un acuerdo con la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el centro de una polémica que ha inquietado a la Unión Europea.

"Anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del CGPJ para poder llegar a un acuerdo con ustedes", dijo Sánchez en el Congreso dirigiéndose al Partido Popular (PP, derecha).

"Necesitamos antes que nada instituciones fuertes, legitimadas, y por eso hago ahora mismo un llamamiento a toda la Cámara y en especial al partido que está bloqueando la renovación de esas instituciones constitucionales", dijo en referencia al PP el líder socialista.

Doce de los veinte miembros del CGPJ, un órgano independiente a cargo de nombrar a los jueces, no han podido ser renovados desde hace casi dos años por el desacuerdo entre la coalición de gobierno de socialistas y la izquierda radical y la oposición de derecha, agrupada alrededor del PP.

Ante el bloqueo el gobierno, que culpa a la derecha, presentó en días pasados un proyecto de reforma que permitiría renovar a esos doce miembros del CGPJ por mayoría absoluta y no calificada (tres quintas partes) en el Parlamento, para de esta manera no necesitar los votos del PP.

Pero el proyecto no solo generó la irritación de la oposición, sino que levantó críticas en parte de la magistratura, que advierte contra una politización del CGPJ.

La iniciativa también tuvo eco en Bruselas, donde un portavoz de la Comisión Europea, Christophe Wigand, dijo que se "sigue de cerca el desarrollo" de este tema, al tiempo que recordó que todos los estados miembro deben "seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no esté amenazada".

La comisión emitió en septiembre duras críticas contra Polonia y Hungría, al expresar su "seria preocupación" por la independencia judicial en ambos países.

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