El Gobierno de Biden demanda a Texas por la controvertida ley que endurece las condiciones de voto

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Elecciones de Estados Unidos en 2020. (Photo: EUROPA PRESS / JAN SCHEUNERT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)
Elecciones de Estados Unidos en 2020. (Photo: EUROPA PRESS / JAN SCHEUNERT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado al estado de Texas por la controvertida ley que endurece las condiciones para ejercer el derecho a voto impulsada por el gobernador, el republicano Greg Abbott. El Gobierno de Joe Biden argumenta en su querella que la norma viola los derechos civiles de personas mayores, con discapacidades o que no hablan inglés.

Abbott promulgó a principios de septiembre una propuesta legislativa que instauraba decenas de restricciones para votar, prohibía a los funcionarios electorales enviar solicitudes de papeletas no demandadas, retiraba las adaptaciones implementadas durante la pandemia, e incluso facilitaba la anulación de los comicios.

Los republicanos defendieron que esta nueva norma garantizaba la integridad de los comicios, e incluso Abbott aseguró que estaba diseñada para conseguir que fuera “más difícil hacer trampas en las urnas”. Sin embargo, los más escépticos han criticado que se trata de una maniobra para ir contra los demócratas, apunta The Hill.

Así, el Departamento de Justicia ha alegado que el proyecto texano va en contra de la Ley de Derechos Electorales al limitar el tipo de asistencia que se puede brindar a los votantes discapacitados, y también empodera a los observadores electorales partidistas, recoge la cadena CNN.

“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir su voto y a que se cuente (...) El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las autoridades a su disposición para proteger este pilar fundamental de nuestra sociedad”, ha defendido el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

De este modo, Texas es el segundo estado en el que la Administración del presidente Joe Biden ha salido al paso para intentar frenar el avance de leyes estatales más restrictivas.

En junio ya presentó otra querella contra Georgia

En el mes de junio el Departamento demandó a Georgia porque su propuesta conllevaba “negar o restringir el derecho de los georgianos negros a votar debido a su raza o color”, violando así la Ley de Derechos Electorales, señaló Garland.

Respecto a la reciente medida de la Administración contra Texas, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, ha celebrado que Estados Unidos cuente con “un Departamento de Justicia que lucha por la justicia”.

“Texas está torpedeando la democracia estadounidense y nuestro derecho constitucional al voto. Nos alienta ver que el Departamento de Justicia lo hace retroceder”, ha dicho.

El texto propuesto por Abbott recogía la prohibición de la votación en coche; los colegios electorales provisionales; los centros de votación de 24 horas, como los utilizados en las pasadas presidenciales en el condado de Harris ―en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso con el 56% de los votos―; e incluso acudir a las urnas los domingos antes de las 13.00 en Texas.

Texas ha pasado a formar parte de un grupo de estados controlados por el Partido Republicano, como Georgia o Florida, que ha aprobado leyes de este tipo, después de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump asegurara sin mostrar pruebas que había sido víctima de un fraude electoral en las presidenciales de noviembre.

De este modo, afectaba al derecho a voto de los militares desplegados en el exterior y los votantes residentes fuera de Estados Unidos, así como a aquellos ciudadanos con un dominio limitado del inglés, según ha alegado el Departamento de Justicia.

Desde la derrota de Donald Trump en las presidenciales de noviembre de 2020, al menos 14 estados con mayoría republicana, como Georgia, Florida, y Arizona, han aprobada leyes electorales más restrictivas y ya se han contabilizado en lo que va de año en torno a 400 proyectos legislativos con los mismos fines.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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