El Gobierno inyecta 667 millones para 65.000 plazas gratuitas de Infantil

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El Gobierno inyecta 667 millones para 65.000 plazas gratuitas de Infantil

Madrid, 16 nov (EFE).- El Gobierno invertirá casi 667 millones de euros hasta 2023 en la creación de 65.382 plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), una decisión que el PP ve un "error" y que la patronal de centros infantiles ha recurrido ante el Parlamento Europeo.

En el curso académico 2020-2021 había 390.425 niños en el primer ciclo de Infantil, de carácter voluntario, frente a los 469.758 del año académico 2019-2020, un descenso debido a la pandemia y a la caída de la natalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Educación, Pilar Alegría, ha explicado este martes que esta medida tendrá efectos positivos desde el punto de vista educativo y social.

Respecto al segundo aspecto ha señalado que ayudará a la conciliación familiar de miles de familias y pone en marcha "el ascensor social" desde edades tempranas para avanzar en la igualdad de todos.

La escolarización de los niños de cero a tres años se sitúa en España en un 38,3 %, pero es un porcentaje muy distinto en función de las rentas de los núcleos familiares: un 26, 3 % entre las rentas más bajas y un 63,5 % entre las más altas, ha añadido.

Hay un amplio consenso nacional e internacional en la importancia de la participación en la educación infantil, siendo uno de predictores más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro, ha recalcado la ministra.

La cantidad aprobada este martes por el Consejo de Ministros para 2021 asciende a 200.790.000 euros; en 2022 la cuantía a distribuir será de 331.026.898 euros, y en 2023 se elevará a 134.774.300 euros.

Según datos del curso 2016-17, la proporción de centros exclusivos de Educación Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada.

Esta situación lleva a que el servicio de Infantil en las áreas rurales recaiga de forma importante sobre el sistema público.

En todo caso, la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de unos servicios de alta calidad en las áreas donde residen familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, población gitana o migrante tienen una alta repercusión en la promoción de la inclusión social, y ayuda a la igualdad de oportunidades de los niños de áreas rurales, según Educación.

De ahí que este programa vaya dirigido a la creación de plazas públicas en exclusiva.

CRÍTICAS DEL PP Y DE LA PATRONAL EN CONTRA DE LA DECISIÓN

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha considerado "insuficiente y un error" la creación de estas 65.000 plazas públicas de educación de cero a tres años.

Y ha abogado por que se busque financiación para la red de escuelas infantiles, muchas de iniciativa privada, para que también las familias que acuden a estos centros puedan acceder a la gratuidad.

Por su parte, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), que reúne a más de 1.500 centros de primer ciclo, ha recurrido ante el Parlamento Europeo esta decisión del Ministerio de Educación, que se produce "en un contexto de caída de la natalidad y con 120.000 vacantes en los centros existentes".

En este sentido, ha instado a revisar la medida (incluida como Inversión 1 del Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), por haberse realizado "sin un análisis previo de la necesidad real de esas plazas".

PASAR DE CURSO, AL MARGEN DEL NÚMERO DE SUSPENSOS

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que establece que la repetición de curso será un medida muy excepcional en las etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y que la decisión dejará de estar condicionada por el número de materias superadas y recaerá enteramente sobre el equipo docente.

La normativa acaba con los exámenes de recuperación de la ESO y permite obtener el título de Bachillerato con una materia suspensa y por lo tanto presentarse a la EBAU.

Tras señalar que los cambios entrarán en vigor en el curso 21-22, Alegría ha recordado que esta normativa no hace más que desarrollar la Lomloe (Ley Celaá), aprobada en diciembre de 2020, y ha rechazado las críticas respecto a que se esté atacando valores como los del esfuerzo y el mérito.

"Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo" para que los alumnos alcancen el "mejor aprendizaje posible", ha enfatizado la ministra.

Se trata de atender las necesidades específicas de cada alumno, detectar las dificultades, prestarle apoyo y "confiar más" en los docentes que son los que "mejor conocen" la adquisición de competencias de sus alumnos.

Alegría ha considerado muy preocupante que el 30 % de los alumnos de 15 años hayan repetido al menos una vez de curso y que las tasas de abandono del país se sitúen en un 16 %.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha mostrado su rechazo a la eliminación de los exámenes de recuperación de la ESO, un planteamiento que su juicio contradice la cultura del esfuerzo y el mérito y "manda un mensaje de que la mediocridad es lo que vale".

"Esos exámenes dentro de una cultura del esfuerzo y del mérito lo que demuestran es que siempre tenemos una segunda oportunidad", ha afirmado en rueda de prensa desde el Congreso.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 87,7 millones de euros para impulsar la Formación Profesional en sectores estratégicos, como el cuidado de personas y zonas de riesgo de despoblación, lo que permitirá formar a más de 204.000 trabajadores y desempleados.

(c) Agencia EFE

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