El futuro de los presos de ETA, una herencia envenenada para la política española

Álvaro VILLALOBOS
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Familiares de presos de ETA sostienen carteles reclamando su vuelta a casa durante una manifestación a favor del traslado a cárceles próximas al País Vasco, el 11 de enero de 2020 en Bilbao

El futuro de los presos de ETA, una herencia envenenada para la política española

Familiares de presos de ETA sostienen carteles reclamando su vuelta a casa durante una manifestación a favor del traslado a cárceles próximas al País Vasco, el 11 de enero de 2020 en Bilbao

Dos años después del fin de ETA, el gobierno español está acelerando el acercamiento de presos de la organización separatista armada vasca a sus lugares de origen, una medida defendida como una "normalización" pero sangrante para los familiares de las víctimas.

Las cárceles españolas albergan actualmente a 197 presos de la organización, que en cuatro décadas de violencia por la independencia del País Vasco y Navarra mató a tiros y con coches bomba a más de 850 personas, además de servirse de secuestros y extorsiones para financiarse.

Las cárceles francesas albergan a su vez una treintena de presos.

Según fuentes gubernamentales, desde que el socialista Pedro Sánchez llegó al poder, semanas después de la autodisolución de ETA en mayo de 2018, 73 presos fueron trasladados a cárceles vascas, navarras y de provincias limítrofes desde centros situados en ocasiones a 800 ó 900 km, en Andalucía.

Los traslados se aceleraron en las últimas semanas, con lo que avanza el desmantelamiento de la política de dispersión, aplicada desde los años 1980 para dificultar complicidades de los presos con su entorno y entre ellos mismos.

Fuentes del gobierno español comentan a la AFP que con el fin progresivo de esta política de excepción se quiere "cumplir la legalidad" penitenciaria, que propugna como objetivo supremo la reinserción de los presos.

A título comparativo, las mismas fuentes destacan que entre 1996 y 2004 hubo 426 acercamientos bajo el gobierno conservador de José María Aznar, que en determinados momentos de ese período mantuvo negociaciones con la banda.

Actualmente, sólo una decena de presos apoya la violencia como vía política, y los que son acercados o acceden al régimen de semilibertad lo hacen tras presentar escritos en los que se desvinculan de ETA.

- La colaboración, una condición difícil -

El acercamiento responde a un viejo reclamo del entorno de ETA, así como del nacionalismo vasco, hegemónico en la región.

"Para el preso no es ningún beneficio el acercarlo; es un derecho que tienen", dice a la AFP Urtzi Errazkin, portavoz de la asociación de familiares de presos Etxerat.

Pese al acelerón de los traslados, Errazkin dice que el ritmo "sigue siendo insuficiente", y enfatiza que el familiar que debe recorrer cientos de kilómetros para cada visita "no ha elegido ser familiar, es algo que le ha tocado".

Entre las víctimas, algunas apoyan también los acercamientos, pero las principales organizaciones ven en ello un beneficio inadmisible.

"Ya llevamos 25 traslados con delitos de sangre" desde que Sánchez llegó al poder, critica Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Según ella, "la política de dispersión debe mantenerse", porque el alejamiento del preso del contexto social en el que se radicalizó "es una herramienta eficaz para conseguir la reinserción".

La letrada incide en la, a su juicio, escasa vigilancia de la colaboración con las autoridades, una condición legal necesaria para acceder a la semilibertad, lograda por 12 etarras en estos dos años y medio.

"No tengo ningún caso en el que hayan colaborado", asegura Ladrón de Guevara.

Su asociación está personada en unos 170 procedimientos judiciales abiertos sobre crímenes sin resolver, y exige al gobierno "subir el listón, no acercando a ninguno que no colabore".

"Es el criterio más complicado", reconocen fuentes gubernamentales, matizando que "ahora no se demanda tanta información como cuando ETA estaba activa".

- Una cuestión muy política -

El acercamiento de presos cobró un cariz abiertamente político estos días, al hilo de la negociación de los Presupuestos de 2021.

El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento, recabó el apoyo de Bildu, una coalición considerada como la heredera de Batasuna, el partido nacionalista vasco ilegalizado en 2003 por ser el brazo político de ETA.

Arnaldo Otegi, coordinador de Bildu, militante de ETA en su juventud y encarcelado entonces por el secuestro de un empresario, dijo que su formación se dispone a "votar favorablemente" esos Presupuestos, tras haber visto "receptividad" en el gobierno de Sánchez, al que le puso entre otros 'deberes' un cambio de política penitenciaria.

El anuncio causó escozor en la oposición conservadora y en COVITE, otra importante asociación de víctimas, que acusó al ejecutivo de Sánchez de permitir "que los ideólogos de ETA y defensores políticos de los terroristas hagan política con alfombra roja".

E incluso sentó mal en el Partido Socialista, que sufrió el asesinato de una docena de sus militantes a manos de ETA.

"Iré a la farmacia a buscar un antiemético", dijo tras la declaración de Otegi el presidente socialista de la región de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara.

"La memoria de las víctimas de ETA no se merece que [los diputados de Bildu] sean relevantes en nuestras vidas", apostilló.

avl/mg/es