Frustración de la juventud en Birmania ante los ex presos políticos en el poder

Richard SARGENT
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En Birmania, los ex presos políticos de la junta, antes celebrados como adalides de la democracia, captaron todos los puestos principales del partido de Aung San Suu Kyi y son acusados ahora de practicar una campaña de represión y discriminación.

La Liga Nacional para la Democracia (LND) de "Mother Suu", en el poder desde su victoria electoral histórica en 2015, debe ganar las elecciones legislativas del 8 de noviembre, los segundos comicios nacionales que se celebran desde la disolución de la junta hace nueve años.

Cuando el país comenzó a emerger de la dictadura, muchos ex presos políticos adhirieron a la LND. A su lado, ingresaron muchos jóvenes que no sufrieron cárcel, pero querían trabajar por la transición democrática. 

"Pensamos orgullosamente ser futuros dirigentes políticos", cuenta a la AFP el diputado LND Aung Hlaing Win, de 37 años en la actualidad. "Pero el asunto siguió otro camino".

Los ex presos políticos acapararon todos los puestos de responsabilidad del partido y controlan el Comité ejecutivo, donde el promedio de edad supera los 70 años.

Esta vieja guardia no deja margen de maniobra a los más jóvenes, que deben pedir permiso para expresarse por fuera del movimiento y someter sus discursos a la "censura", asegura Aung Hlaing Win. "Se volvió un sistema opresivo, nada diferente al régimen militar".

Los futuros miembros de la LND, como de otras formaciones políticas, deben explicar antes de ingresar al partido el papel que desempeñaron durante las manifestaciones de 1988, reprimidas con sangre por la junta.

"No es buena manera de evaluar a alguien", indica Thinzar Shunlei Yi, joven activista de 28 años. Más de la mitad de la población birmana tiene menos de 35 años, "los problemas, las preocupaciones y los combates  de los jóvenes son distintos". 

- "Boleto de entrada" -

La represión militar convirtió a Aung San Suu Kyi, de 75 años, un ícono. 

"La dama de Rangún", una de los 10.000 presos políticos de la junta, pasó 15 años en residencia vigilada, antes de pasar a encabezar el gobierno birmano en abril de 2016.

Ahora, más de 120 ministros y diputados de la LND, entre ellos Mme Suu Kyi y el presidente Win Myint, son ex presos políticos. 

Un número casi igual de candidatos del partido en las próximas elecciones fueron encarcelados por sus opiniones políticas. 

"Haber estado preso es un título honorífico", revela el analista Richard Horsey, con sede en Rangún. Es "un boleto de entrada a los nivles superiores de la LND" y eso no es misterio para nadie.

"Cuando planeamos confiar responsabilidades a alguien, privilegiamos a nuestros viejos camaradas", reconoce su portavoz, Myo Nyunt, ex de la  "Generación 88". "Los mayores tienen más resistencia mientras los nuevos miembros son más sensibles a las críticas".

- Represión -

La experiencia del poder transformó a esta vieja guardia que, al olvidar su pasado en las mazmorras del país, limita hoy las libertades individuales. Los casos de difamación se incrementaron bajo la LND, así como el número de militantes presos.

Quince contestatarios fueron detenidos en las últimas semanas y dos condenados a seis años de cárcel por denunciar presuntos abusos en el Estado de Rajin (oeste), donde el ejército combate rebeldes.

La represión de la libertad de expresión "es extrema y se agrava", alerta el director regional de la ONG Fortify Rights, Ismail Wolff, quien pide liberar a los detenidos arbitrariamente.

Unos 537 presos políticos están actualmente condenados en espera de juicio, según Bo Kyi, cofundador de una asociación que les ayuda.

Aung San Suu Kyi sigue gozando de una gran popularidad en su país, pese a ser desmentida por la comunidad la internacional después de  la crisis de los musulmanes rohinyás, víctimas de una brutal represión militar y de violencias que le valieron a Birmania ser acusada de "genocidio" ante la Corte Internacional de Justicia.

"La mayoría de la gente rechaza que se haga cualquier cosa en su contra", indica Bo Kyi, quien pide una reforma judicial para tratar muchos casos en derecho civil y no penal.

En la actualidad, la más pequeña historia de droga, la más mínima infracción a la ley de derechos de autor puede conducir a la cárcel, por lo que Richard Horsey denuncia que se trata de "una cultura carcelaria".

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