De Francia a Ruanda, el combate de una pareja para rastrear a los genocidas

Lucie PEYTERMANN
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Un silencio de asombro y luego gritos de alegría resuenan en las colinas de Bisesero. Los supervivientes de ese lugar mártir del genocidio de los tutsis en Ruanda divisan a lo lejos a Alain Gauthier, que viene a informarles del juicio en Francia de un presunto genocida de su región.

"He venido a decirles 'turikumwe' (estamos juntos, en kinyarwanda), y que no debemos perder el valor ni la esperanza", les dice este francés de 72 años, con la frente quemada por el sol africano.

Todavía aturdido por los kilómetros de ruta caótica en jeep para llegar a esta paupérrima aldea ruandesa, a más de 8.800 km de su ciudad natal de Reims, en el este de Francia, Alain Gauthier cae en los brazos de los pastores tutsis, que lo conocen bien.

Alain Gauthier, junto a su esposa franco-ruandesa, Dafroza, de 66 años, ha dedicado su vida a rastrear a los genocidas refugiados en Francia. Él es quien está detrás de la mayoría de la treintena de denuncias existentes contra ciudadanos ruandeses en Francia y de los juicios de seis hombres, de los cuales tres fueron condenados a penas de entre 25 años y cadena perpetua.

En el horizonte, una bruma algodonosa cuelga de los picos de las escarpadas montañas de Bisesero, con vistas al inmenso lago Kivu.

Bisesero fue uno de los lugares emblemáticos de la resistencia tutsi en 1994: durante semanas, sus habitantes lucharon contra los extremistas hutus locales, antes de que el gobierno genocida organizara ataques masivos trayendo asesinos de otras regiones. Se calcula que murieron 50.000 personas.

Tras dar la bienvenida a Gauthier, todos los hombres cuentan a la AFP que perdieron a sus esposas e hijos en las matanzas.

"Cada vez que oímos que se ha detenido a personas huidas, nos da ánimos", dice Narcisse Kabanda, de 63 años.

Refugiado en Francia, donde obtuvo la nacionalidad en 2010, Claude Muhayimana iba a ser juzgado por una corte en París en febrero, pero el juicio se ha aplazado indefinidamente debido a las dificultades para que los testigos se presenten con la actual crisis sanitaria.

Este exchofer de un hotel en Ruanda, detenido en Francia en 2014, está acusado de "complicidad" por "ayuda y asistencia" en el genocidio por haber transportado a las milicias Interahamwe ("los que matan juntos") al lugar de las masacres en la parte occidental del país, en particular en las colinas de Karongi, las regiones de Kibuye y Bisesero de abril a junio.

Estos milicianos fueron el principal brazo armado del genocidio contra la minoría tutsi, orquestado por el régimen extremista hutu en el poder, que dejó más de 800.000 muertos entre abril y julio de 1994.

- "Los que vieron" -

Alain Gauthier vino hasta aquí para hablar con Aaron Kabogora, cuyo "poderoso testimonio" en el caso de Muhayimana recogió durante una visita anterior.

Este superviviente de las masacres --que aún tiene una bala en el muslo y cicatrices en el hombro-- perdió a diez miembros de su familia. "Mi esposa, mis hijos fueron asesinados en diferentes lugares; algunos de los cuerpos aún no han sido encontrados".

"El crimen de genocidio nunca envejece y estas personas deben ser perseguidas dondequiera que estén", dice Kabogora, de 71 años, con el rostro demacrado.

"Nací aquí, vi el genocidio aquí, hay muchos 'interahamwe' que pasaron por aquí; lo reconozco porque era su conductor, lo vi", dice el hombre al ver una foto de Muhayimana en el móvil del francés.

Su testimonio como testigo ocular es crucial y el cazador de genocidas decide inmediatamente que debe ser convocado al juicio, para que al menos un superviviente de Bisesero testifique.

Unos días más tarde, su viaje a Ruanda resulta aún más "fructífero", ya que pudo verse por primera vez con un antiguo vecino de Muhayimana. "Se trata de un testigo cercano, que aportará hechos muy concretos" al juicio, cree Gauthier.

"Es esencial que hablen los que vieron y los que saben; todos estos testimonios deben ser almacenados en la memoria del genocidio".

Aunque varios organizadores, autores intelectuales y genocidas han sido condenados en Ruanda, por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y en el extranjero, muchos siguen eludiendo la justicia. Ruanda ha presentado solo a Francia 48 solicitudes de extradición.

- "Nuestras vidas dieron un vuelco" -

Casi 27 años después del genocidio, Alain Gauthier todavía se siente abrumado por el dolor cuando recuerda aquel 8 de abril de 1994, en que tuvo que decirle a Dafroza, en su casa de Reims, que su madre Suzana había sido asesinada a tiros en una parroquia de Kigali.

"El 6 de abril de 1994, nuestras vidas dieron un vuelco; fue un cataclismo para nosotros como para todas las familias que fueron víctimas", dice.

"Por parte de mi madre, no quedan supervivientes: mi madre, mis tíos y sobrinos fueron asesinados", entre "70 y 80 personas", explica Dafroza, con la mirada perdida, durante una entrevista en Reims.

Dos eventos marcaron el compromiso de esta pareja, él exprofesor y ella ingeniera química, en esta tarea. Cuando regresaron a Ruanda en 1996 y 1997 y escucharon aterrados los relatos de los supervivientes y un juicio en 2001 en Bélgica contra cuatro ruandeses sospechosos de haber participado en el genocidio.

Al cierre del juicio, los fundadores del colectivo belga que estuvo al origen del juicio les preguntaron: "Y ustedes en Francia, ¿qué están haciendo? "Fue la frase que cambió todo", dice Dafroza. Después de eso la pareja reunió a un grupo de amigos y creó un colectivo de partes civiles para Ruanda (CPCR) en 2001.

Desde entonces, "no pasa un día sin que hablemos del genocidio".

- Demasiado "tarde" -

Debido a los vínculos históricos entre París y el régimen del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, muchos presuntos genocidas encontraron refugio en Francia después de 1994 y en algunos casos obtuvieron la nacionalidad francesa.

La máxima instancia judicial de Francia, el Tribunal de Casación, se ha opuesto sistemáticamente a la extradición a Ruanda de ruandeses sospechosos de haber participado en el genocidio, basándose en el principio de irretroactividad de la ley.

Para los Gauthier, la justicia francesa se ha interesado demasiado "tarde" en estos sospechosos, aunque aplauden el "repunte" observado desde 2012 y la creación de una fiscalía especializada en "crímenes contra la humanidad", y en 2013 por la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad, el Genocidio y los Crímenes de Guerra (OCLCH).

Porque hoy lo que se libra es una carrera contra el olvido y la impunidad. "El tiempo está del lado de los verdugos", estima Gauthier.

"Cada vez es más difícil presentar denuncias porque muchos testigos han muerto y otros han perdido la memoria o no quieren hablar".

Los acusados ya son mayores y "corren el riesgo de no ser juzgados", denuncia.

En París, Eric Emeraux, director del OCLCH desde 2017 hasta 2020, señala que para la justicia francesa, un caso ruandés --que implica hasta seis viajes a Ruanda y entrevistas con decenas de testigos-- dura una media de "diez años" y suele costar "un millón de euros".

"Todas las ONG que hacen este trabajo de rastreo son indispensables porque los recursos del gobierno francés no están a la altura", dice Emeraux.

Y, según Gauthier, "para las víctimas, es esencial que los que mataron a sus seres queridos rindan cuentas ante la justicia humana; es una forma de reconstruir sus vidas".

Durante las dos semanas que la AFP le siguió en Ruanda en diciembre --su tercera visita en 2020--, Gauthier recorrió cientos de kilómetros para investigar cinco casos en 11 localidades.

A pesar de las noches de insomnio y el dolor de espalda crónico, el francés se despierta al alba. Recorre el país con canciones del último disco de su yerno, el talentoso artista franco-ruandés Gaël Faye.

Por la noche, de vuelta en un modesto hotel, relee sus notas. Concentrado y a menudo preocupado relee una y otra vez las historias de los supervivientes.

- En busca de testigos -

Una carta anónima les alerta de la presencia de un sospechoso en el oeste de Francia o un amigo les señala a un colega que trabaja en el mismo hospital... Así comenzaron varias de sus investigaciones, algunas de las cuales desembocaron en denuncias ante los jueces de instrucción de la unidad de crímenes contra la humanidad de París.

En el caso del exoficial de la guardia presidencial Pascal Simbikangwa --condenado en Francia a 25 años de prisión por genocidio-- fue una superviviente que estuvo en la isla francesa de Mayotte quien lo localizó allí.

En Ruanda, el CPCR cuenta con la ayuda de una red de supervivientes y de antiguos alumnos de Gauthier, que van en busca de testigos, elaboran listas y ayudan con la traducción.

En el caso de un sacerdote que obtuvo la nacionalidad francesa y al que la justicia francesa abrió una investigación a finales de 2019, Gauthier logró así elaborar una lista de testigos.

Recogió los testimonios de los supervivientes sobre las supuestas acciones del sacerdote en su iglesia en abril de 1994. Para hablar con ellos, era necesario encontrar lugares donde no pudieran ser vistos.

Una de las mujeres, que tenía 10 años en 1994, contó a la AFP, estremecida por las lágrimas, que había permanecido en la iglesia "durante dos semanas escondida entre los cadáveres de su familia", inmovilizada por el miedo, hasta el día en que llegó una excavadora para llevar los cuerpos a una fosa común.

Gauthier pidió a las dos mujeres que pusieran por escrito su historia, para alimentar la denuncia que el CPCR pretende presentar.

La semana siguiente, el 8 de diciembre, cuando el calor azotaba Nyanza (sur), encontró a unas 15 personas, supervivientes y partes civiles con el CPCR en la denuncia contra Philippe Hategekimana. Este antiguo suboficial jefe de la gendarmería de Nyanza, sospechoso de haber participado en el genocidio, se encuentra en prisión preventiva en Francia desde 2019.

Ese día, está ocupado en conseguir que los abogados del CPCR y la justicia francesa rellenen los documentos necesarios, un aspecto laborioso pero fundamental de su trabajo.

Para que las denuncias sean admisibles, tiene que comprobar los nombres, las edades y los vínculos familiares de las víctimas, por no hablar del quebradero de cabeza que supone pedir direcciones precisas, poco compatibles con la realidad del campo ruandés...

- Críticas -

En Kigali, Gauthier es reconocido a menudo en la calle, por amigos, supervivientes o incluso por algún músico famoso que le dice: "¿Cómo va el trabajo?

Va también regularmente a la fiscalía ruandesa. Entre sus interlocutores se encuentra el director de la unidad encargada de la protección de víctimas y testigos, Théoneste Karenzi, que con 16 años sobrevivió al genocidio pero perdió a toda su familia en Kibuye.

Describe a la familia Gauthier como "personas valientes" cuya "contribución es mayor" y espera "que otras personas tomen el relevo de estos pioneros".

Sus críticos, en cambio, les acusan de ser "delatores" y denuncian su proximidad al régimen ruandés.

En noviembre de 2017, la pareja recibió la "Orden Nacional de la Amistad Excepcional" de manos del presidente ruandés, Paul Kagame, en Kigali para "honrar su servicio a la nación ruandesa".

"Esta asociación es en parte el relevo técnico y político de las autoridades ruandesas", estima el abogado Philippe Meilhac, que defiende a una docena de ciudadanos ruandeses objeto de denuncias en Francia, entre ellos Muhayimana.

"Nosotros estamos al origen de las denuncias, pero no somos los que condenamos, sino jurados ciudadanos", responde Gauthier.

Por el momento, la pareja sigue inmersa en la preparación del juicio de Muhayimana. El francés ha prometido que volverán para hablar de las audiencias a los supervivientes de Bisesero, aislados en su pequeño rincón del mundo.

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