El fiscal general estudiará todas las rebajas de penas a agresores sexuales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (c), charlan en presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d), hablan este jueves en el Senado en Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (c), charlan en presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d), hablan este jueves en el Senado en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (c), charlan en presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d), hablan este jueves en el Senado en Madrid.

La Fiscalía General del Estado ha reclamado a todas las fiscalías superiores que le remitan las resoluciones judiciales y los informes de los fiscales en aquellos casos en los que se hayan producido revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales tras la aprobación de la ley de solo sí es sí.

En un oficio, la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Ana Isabel García León, reclama a las fiscalías regionales esos documentos por indicación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para hacer “un seguimiento” de dichas resoluciones.

El fiscal general del Estado se ha pronunciado este jueves por primera vez desde que empezaran a dictarse sentencias con revisiones a la baja de condenas a agresores sexuales en aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, muchas de ellas con el visto bueno de los fiscales.

El Ministerio de Igualdad ha reclamado a la Fiscalía una instrucción en la que fije el criterio que deben seguir los fiscales en cada caso. García Ortiz, por el momento, ha iniciado ese seguimiento y ha prometido que el ministerio público actuará en cada caso con vocación de proteger a las víctimas y “claro respeto a los principios constitucionales”.

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press explican que la intención es analizar los casos en los que hasta ahora se han revisado las penas impuestas para ver si hay disparidad de criterios entre los fiscales de los distintos casos y si es necesario emitir una circular para unificarlos.

Un proceso largo

Las citadas fuentes explican que, si fuera necesario fijar criterio, la circular no se emitiría de manera inmediata porque requiere un trabajo previo que implica, entre otras cosas, que se debata en la Junta de Fiscales de Sala. Así las cosas, las fuentes descartan que el asunto pueda siquiera plantearse en el próximo cónclave, previsto para el 25 de noviembre.

García León explica en el oficio que la FGE ha dado este paso porque “durante los últimos días se ha tenido conocimiento de que diversas audiencias provinciales han procedido a revisar sentencias condenatorias al amparo del artículo 2.2 del Código Penal, acordándose rebajas penológicas respecto de las impuestas en sentencias firmes”.

Desde que la ley entrara en vigor, el pasado 7 de octubre, los jueces y tribunales han revisado ya numerosas condenas por abuso sexual rebajando más de una decena de penas, lo que han supuesto la excarcelación de cinco personas, según los datos recabados por Europa Press.

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