La Fiscalía de Perú denunció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el indulto a Fujimori

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El Ministerio Público del país denunció constitucionalmente a Kuczynski por el perdón otorgado al exmandatario Alberto Fujimori en diciembre de 2017. Para la Fiscalía, el entonces presidente tomó esa medida para garantizarse el apoyo del fujimorismo en el Congreso y evitar su destitución. Mediante la presentación, el organismo solicita al Parlamento que levante la inmunidad de Kuczynski para que pueda ser llevado ante la Justicia.

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski enfrenta un nuevo contratiempo. El Ministerio Público de Perú lo denunció constitucionalmente ante el Congreso por el indulto "humanitario" otorgado al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) en diciembre de 2017.

Según la Fiscalía, Kuczynski, presidente de Perú entre 2016 y 2018, llevó adelante el indulto para asegurarse el apoyo del fujimorismo en el Congreso y así evitar que avanzara una moción de censura en su contra y su consecuente destitución como jefe de Estado por incapacidad moral, debido a sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Para la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, existen argumentos suficientes para denunciar al exmandatario por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, en calidad de instigador, y cohecho pasivo propio.

El Ministerio Público de Perú denunció constitucionalmente ante el Congreso al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y al excongresista Kenji Fujimori por el indulto "humanitario" otorgado al exmandatario Alberto Fujimori en diciembre 2017.

Mediante esta denuncia, la Fiscalía solicita al Congreso que levante la inmunidad legal que protege a los expresidentes peruanos para que no sean juzgados por un período de cinco años posteriores al final de sus mandatos. Si el Parlamento retira este paraguas, un proceso legal contra Kuczynski tendría vía libre.

Bajo los mismos cargos, el Ministerio Público también acusa al exlegislador Kenji Fujimori, hijo del expresidente beneficiado con el indulto; mientras que los exministros de Justicia y Salud, Enrique Mendoza y Fernando D'Alessio, son imputados por presunto cohecho pasivo propio. Estos tres dirigentes pueden ser procesados por la justicia ordinaria porque no cuentan con fueros.

Según la Fiscalía, el menor de los hijos de Fujimori habría "prometido beneficio o ventaja" a Kuczynski para que firmara el indulto, una "promesa" presuntamente elaborada "con el objetivo de que el más alto funcionario del país omita actos en violación de sus obligaciones".

Por su parte, de acuerdo con la tesis fiscal, Kuczynski habría nombrado a Mendoza y D'Alessio en esas carteras clave para facilitar el indulto a Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, Ávalos también propuso que la Fiscalía Anticorrupción de Lima retome el caso para investigar la posible implicación en la trama del indulto del propio expresidente Fujimori y de los miembros de la junta médica y funcionarios de la penitenciaría en la que se encuentra encarcelado.

Un polémico indulto en la Nochebuena de 2017

Pedro Pablo Kuczynski concedió un inesperado indulto por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, una maniobra que rápidamente fue entendida en la opinión pública como un acuerdo político.

Días antes, el 21 de diciembre, Kuczynski sobrevivió a un pedido de vacancia en el Congreso, que lo juzgó por presunta corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht.

Entre las irregularidades, existe la sospecha de que el indulto fue parte de una negociación política para lograr la abstención de un grupo de fujimoristas liderados por Kenji, disidentes con el liderazgo de su hermana Keiko.

Debido a esto, la Justicia peruana anuló en octubre de 2018 el perdón presidencial a Fujimori, quien todavía debe cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel. Es decir, recién podría recuperar su libertad en 2033, con 94 años de edad.

Por su parte, Kuczynski cumple con el arresto domiciliario por otra causa en su contra, ligada a la presunta implicación en lavado de dinero de origen ilegal también de Odebrecht mediante consultorías a nombre de Westfield Capital, una empresa suya radicada en Estados Unidos, mientras era ministro del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006).

Este caso de supuesta corrupción fue el que catapultó a Kuczynski fuera de la Presidencia. Cuando el Congreso avanzaba hacia un segundo pedido de destitución, el economista presentó su renuncia en marzo de 2018.

Fiscal del caso Lava Jato pide que Kuczynski no pueda salir del país

En paralelo, otro flanco legal abierto contra Pedro Pablo Kuczynski llega de la Fiscalía Anticorrupción. José Domingo Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, solicitó una orden para impedir que el expresidente pueda salir del país.

Esto se da en el marco de la investigación contra Kuczynski por presuntos delitos de corrupción relacionados al proyecto de la carretera Interoceánica Sur, en sus tramos II y III, que fue adjudicada a la firma Odebrecht.

El oficio remitido por Pérez al juez Jorge Chávez Tamariz -a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria- también pide que se modifique el mandato inicial de comparecencia simple del exjefe de Estado por un régimen con restricciones, sujeto a reglas de conducta.

Con EFE y medios locales

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