Fiscalía de Perú abre una sexta investigación contra el presidente Pedro Castillo

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© Juan Carlos Guzman Negrini / EFE

Por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de "organización criminal", la Fiscalía peruana abrió una nueva investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. La sexta en su contra en tan solo un año de mandato. La nueva indagación está relacionada con la adjudicación de obras públicas, según anunció el ente investigador este 11 de agosto.

Hace solo un año y un mes, Pedro Castillo, un maestro rural y político de izquierda, llegó a la Presidencia de Perú. Desde entonces la continuidad de su mandato se ha visto amenazada. Una persecución política por parte de sus opositores, según asegura el mandatario, pero también acusaciones de presunta corrupción por parte de las autoridades.

Este 11 de agosto la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que abrió una sexta investigación contra el jefe de Estado.

Esta vez por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de "organización criminal", en medio de una indagación preliminar que también involucra a su cuñada Yenifer Paredes y al exministro de vivienda y actual titular de la cartera de Transporte, Geiner Alvarado.

Según el anuncio, la pesquisa está relacionada con obras adjudicadas en la ciudad de Chota, Cajamarca, región de origen del mandatario, en el noroccidente del país, y en el distrito de Cajatambo, ubicado en el Departamento de Lima, en el centro occidente.

¿Cuál es la línea de la investigación?

De acuerdo con la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, existiría una “organización criminal”, supuestamente dirigida por el mandatario, en la que el ministro Alvarado habría servido como “lugarteniente”, al coordinar la adjudicación de obras de infraestructura a empresas de personas conocidas por Castillo.

En específico, las sospechas se enfocan en dos supuestas compañías fachada: JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C, representada por el empresario Hugo José Espino Lucana; y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida, hermana y padre respectivamente del primero.

Para JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C, trabajó Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama y quien se entregó a las autoridades el miércoles 10 de agosto, luego de que se dictara una orden de detención preliminar en su contra.

La hipótesis indica que Paredes habría sido intermediaria para que esa empresa se quedara con una licitación que ganó en septiembre de 2021 por alrededor de un millón de dólares.

La mujer de 26 años quedó en el centro de la polémica tras un reportaje de la cadena local 'América Televisión', que difundió un video en el que la joven le informaba a miembros de una comunidad de Chota, que debía censarlos para construir una obra de saneamiento. Todo a pesar de que Paredes no tiene un cargo en el Gobierno.

Por este caso, Paredes, que fue criada como hija por el presidente y su esposa, ya había declarado ante la Comisión de Fiscalización el pasado julio. En ese momento confirmó que trabajó para la compañía mencionada, pero que desconocía si la empresa tenía algún contrato con el Estado.

Sobre las informaciones de que su jefe, Espino, visitara el Palacio de Gobierno, Paredes respondió que ese es su lugar de residencia, ella no conoce Lima y todo se dio en medio de la pandemia del Covid-19. También afirmó que su contrato era “verbal”, por lo que “el pago era directo” y no firmó nada.

Las explicaciones no han convencido a los investigadores. Espino, su hermana Anggie Espino y el alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, José Medina Guerrero, fueron capturados el miércoles. Y Paredes sigue bajo disposición de la Fiscalía.

Castillo rechaza las acusaciones y rechaza una "confabulación" en su contra

Esta es la sexta investigación preliminar contra el presidente. Las otras cinco están referidas al caso de ascensos en las Fuerzas Armadas, el presunto tráfico de influencias en Petroperú, el supuesto plagio de su tesis, el caso Puente Tarata III y el presunto delito de encubrimiento personal.

El jefe de Estado niega todas las acusaciones contra él y su familia. El martes, tras un fallido intento de las autoridades por detener a su cuñada en el Palacio de Gobierno acusó a la prensa, sectores de la oposición política y a la Fiscalía de “confabular” para “tomar el poder de forma ilegal”.

El mandatario resaltó que “quienes buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer” su elección como mandatario del país, tras una reñida contienda frente a la candidata de la derecha, Keiko Fujimori.

Por ahora, el mandato de Castillo, que debería concluir en 2026, se encuentra en la cuerda floja.

Con Reuters, AP y medios locales