Fiscalía de Chile eleva a 2.670 las investigaciones por violaciones a DD.HH.

Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento y episodios de violencia en las calles y muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución. EFE/Alberto Valdes/Archivo .

Santiago de Chile, 26 nov (EFE).- La Fiscalía chilena informó este martes que elevó a 2.670 las investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social que vive el país desde hace un mes y que se ha cobrado la vida de al menos 23 personas.

"Corresponde al Ministerio Público investigar con absoluta objetividad estos hechos para poder reclamar luego ante los tribunales de justicia la mayor sanción para los responsables de estos hechos", dijo en rueda de prensa el fiscal nacional, Jorge Abott.

Entre las víctimas de las supuestas violaciones, hay 422 niños, niñas o adolescentes y 41 extranjeros, principalmente ciudadanos colombianos y peruanos, según el último informe de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, que abarca desde el inicio de la crisis hasta el pasado 10 de noviembre.

Las lesiones por armas de fuego suman 720, mientras que las detenciones ilegítimas cometidas por funcionarios públicos ascienden a 1.679. También hay 44 querellas por torturas, 90 por desnudamientos y 26 por violación o abuso sexual.

La gran mayoría de las víctimas son hombres y fueron violentados presuntamente en la vía pública, aunque un total de 241 habrían sido abusados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, 45 en domicilios particulares, 44 en carros policiales y 41 en locales comerciales.

"El número de investigaciones indica que los protocolos no han sido cumplidos con exactitud, como está establecido, y en consecuencia hay ahí responsabilidades que tenemos que reclamar", agregó el fiscal.

Abott recordó además que cerca de 17.500 personas han sido imputadas por distintos delitos cometidos durante las protestas, principalmente por saqueos, incendios o destrucción del mobiliario público.

El estallido social iniciado el pasado 18 de octubre, el mayor desde el retorno de la democracia en 1990, deja 2.808 heridos que han necesitado asistencia hospitalaria, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente que monitorea la crisis desde el inicio.

Los casos más preocupantes para el INDH son los 232 manifestantes que fueron disparados al rostro por los carabineros y que presentan graves heridas oculares.

El Gobierno cifra en 23 el número de muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- pero la Fiscalía Nacional investiga actualmente 26 muertes.

La brutalidad con que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas ha sido denunciada por organismos internacionales como Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que acusó en un durísimo informe a las fuerzas de seguridad de perpetrar "ataques generalizados" y hacer un uso "innecesario y excesivo" de la fuerza contra los manifestantes para "desincentivar" la protesta.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.

Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento y episodios de violencia en las calles y muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.